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Socializacion de la autoridad
Es la sociedad, no la partitocracia, quien ha de proporcionar los afanes y los hombres auténticamente representativos, promoviendo ante el Poder las necesidades y las aspiraciones, las claves verdaderamente democráticas.
Uno de los temas más tratados en
nuestros días es el de la socialización. El término suele
referirse a aspectos muy concretos, tales como la producción y
distribución de la riqueza, el patrimonio colectivo de la
cultura y la participación en el Poder. La socialización de la
autoridad lleva a que la sociedad asuma y coopere eficazmente
—de manera regular y constante— en funciones que ahora
son reservadas al Poder o ejercidas casi exclusiva o
predominantemente por sus instrumentos de acción pública.
¿Qué significa, qué puede significar en nuestra hora, hablar
de socialización de la autoridad? El concepto no alude a un acto
de voluntad política, sino a un proceso de crecimiento y
madurez, con repercusiones en las esferas del Estado. Se trata de
que hay funciones, actividades públicas, que deben ser recabadas
y realizadas por el cuerpo social. ¿Está España ya en el
estadio de madurez adecuado para acometer la tarea? Probablemente
sí. Pero hay que recordar, a propósito de esto, que el único
medio para adquirir de verdad la solvencia es empezando a
comportarse solventemente. Sea como fuere, la sociedad española
debe ampliar el área de ejercicio de sus funciones como tal
sociedad responsable y hecha.
La circunstancia de que en la nación exista todavía una
enseñanza decorosa, eficaz y plenamente social, compete, desde
luego, al Estado. Pero no hay que perder de vista que el Estado,
al obrar en consecuencia con el propósito de perfeccionar la
enseñanza, lo que representa en realidad es el bien de la
sociedad. Ha de llegar un momento en que el interés de la
sociedad sea más viva, concurriendo, con ánimo perfectivo, en
los sistemas educativos en un mayor afán de extensión y de
solidaridad social. No puede haber sociedad fuerte con enseñanza
débil o injusta; hasta ahora, ha sido el Estado quien ha
enarbolado el propósito de la enseñanza, de la cultura popular,
pero es la sociedad quien debe ir responsabilizándose, a través
de sus organismos y corporaciones, de la preocupación educativa,
por su importancia para el presente y para el futuro de la
comunidad.
Asimismo, el problema de la representación política ha de ser
primariamente planteado por el Estado; pero una vez sacado a la
luz de las urgencias, es la sociedad quien ha de proporcionar los
afanes y los hombres auténticamente representativos, promoviendo
ante el Poder las necesidades y las aspiraciones, las claves
verdaderamente democráticas. Enseñanza, libertades, cultura,
economía, son funciones sociales. Por tanto, la sociedad ha de
acceder a ellas, ha de comparecer en el terreno en que tales
temas se plantean.
Queda claro que el desarrollo político ha de tener tres etapas:
primera, el crecimiento social, la consolidación de unas
estructuras convivenciales; segunda, la estabilidad institucional
del Estado, que permita el progresivo desenvolvimiento del
crecimiento civil; tercera, la transferencia paulatina y
garantizada de funciones del Estado a la sociedad. Todo ello
supone dos cosas: que el Estado sea fuerte y esté seguro de sí
mismo y que la sociedad haya alcanzado su mayoría de edad,
habiendo cuajado su progreso en opinión, en conciencia, en
corporaciones y en actitudes.
De ahí se desprenderían dos actividades claramente
diferenciadas: por una parte, el Estado, encargado de ejercer la
autoridad en lo que es propio de la planificación general de la
convivencia; en suma, del orden político. Por otra, la esfera de
la sociedad, que iría asumiendo poco a poco sus funciones
—su colaboración decisiva— de forma responsable y
autónoma. Y aquí se abre un amplio campo de cooperación de la
sociedad en los planos de la cultura, de la enseñanza, de la
economía, de la representación y de la vida civil.
Si tal cualidad es rectamente entendida, pronto se verá que no
supone sino un conjunto armonizado entre sus partes. No es que
vaya a plantearse un divorcio entre Poder y pueblo; es que hemos
llegado ya al momento, al trance histórico en que el conjunto
requiere la fortaleza de las partes. El Poder ha de ser firme,
pero ha de socializarse. El pueblo, hecho sociedad, ha de empezar
a entender que su deber es asumir las responsabilidades
particulares entre las que se desenvuelve su vivir. Desde luego
con responsabilidad y solvencia. Pero también con autonomía y
firmeza, con seguridad y espíritu civil. *
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"ARBIL,
Anotaciones de Pensamiento y Crítica", es editado por el
Foro Arbil
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