Justicia, Derecho y Ley.

El problema del Derecho se resume en la cuestión permanente de la legitimidad. En la doctrina liberal clásica y comúnmente aceptada este problema trata de obviarse mediante el recurso alternativo a la legalidad, es decir, la legitimación basada en la pura adecuación formal de las normas jurídicas a las normas superiores más generales y abstractas, conforme al modelo kelseniano. La legitimidad se basa, en cambio, en el reconocimiento del carácter trascendente del espíritu del hombre que se manifiesta en el vínculo necesario de las normas jurídicas a los principios de la verdad moral revelada por Dios e inscrita en la naturaleza humana

Derecho es un adjetivo, que se ha sustantivado, aplicable a la conducta humana. Quiere decir lo recto: lo que va por donde debe ir, por el camino recto. Esta idea pertenece a la tradición cristiana, en tanto la palabra pagana correspondiente - ius -, que tiene también un originario sentido adjetival, se refiere, más que a la "rectitud", a la conveniencia social, y se dice de aquellos actos particulares que la sociedad, a través de sus jueces, considera ajustados a las conveniencias de la vida colectiva. Derecho ha desplazado a ius; pero de la antigua palabra derivan otros términos corrientes que se refieren al derecho, como justo o justicia, o los ya más cultos de jurídico, jurista, jurisprudencia, iusnaturalismo, iusprivatismo, iuspublicismo,...étc.

A diferencia de lo sucedido en el ámbito gramatical en el campo semántico, en las cuestiones de fondo si se quiere, ha sucedido lo contrario. El Derecho se define hoy no como la plasmación concreta de una idea de justicia, sino como una mera convención social. No se busca con las normas que se promulgan tanto hacer justicia como satisfacer una conveniencia social. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. La justicia es, según la fórmula clásica de Cicerón, "constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere". La conveniencia social no equivale al bien común, sino a la "volonté generale" del liberalismo, cosa muy diferente. No pretendemos negar que en un régimen totalitario liberal exista política de reforma social plasmada en medidas correctoras de situaciones injustas. Lo que pretendemos poner de manifiesto es que al apelar a una abstracción engañosa como instancia suprema e inapelable la ley queda reducida a un acto de ordenación social.

Hablamos de abstracción engañosa porque una cosa es que los ciudadanos de una Nación tengan la legítima facultad de elegir sus representantes para que defiendan sus derechos e intereses legítimos ante las distintas instancias del poder público y otra, muy diferente, que una serie de grupos de presión monopolicen la representación política mediante privilegios jurídicos y económicos que enervan el principio democrático y configuran el sistema político, en la práctica, como una oligarquía que se renueva periódicamente por cooptación.

El desarrollo histórico del régimen liberal condujo, en muchos casos, al triunfo de la demagogia, de la corrupción y la venalidad de la clase política, y al gobierno de individuos que carecían de la mínima honradez social ganada con su trabajo.

Con el tiempo, los partidos políticos pasaron a reclutar para sus aparatos directivos no a conspiradores de gabinete, sino a personas de reconocida competencia que aportaran solvencia a sus propuestas programáticas. La evolución de esta postura llegó al extremo, incluso, de afirmar el primado absoluto de la técnica y negar el valor real de la prudencia política. El último hito de este proceso viene dado por el contubernio tácito entre la tecnocracia y el sistema de partidos. Los partidos políticos instrumentalizan el prestigio profesional de los técnicos para imponer como más racionales sus ofertas ideológicas o para justificar sus virajes ideológicos.

Un efecto tangible de todas estas premisas lo tenemos en el fenómeno de las privatizaciones. Con frecuencia los puestos de supervisión de procesos delicadísimos, tanto por la necesidad de garantizar los derechos de los consumidores como por la igualmente necesaria vigencia de la competencia efectiva en el sector liberalizado, se ponen en manos de técnicos, pero técnicos designados por los partidos políticos, amparándose en una presunta implicación del principio democrático. El resultado es, como finalmente ha afirmado el Presidente Aznar, que "una cosa es la Compañía Telefónica y otra el señor Vilallonga". Estos puestos, de extraordinaria importancia, se convierten en la práctica en un medio de promoción profesional o de enriquecimiento económico para los técnicos (que jamás tendrían una oportunidad similar en el sector privado ), y simultáneamente sirven para que los partidos políticos ubiquen a hombres de su confianza en los puestos claves de los grupos económicos y mediáticos, asegurándose un amplio control social.

Otra manifestación de la perversión del Derecho viene dada por el fenómeno calificado por el jurista alemán Carl Schmitt como "legislación motorizada". Un Estado no puede pretender ser de Derecho, en un sentido profundo y sustantivo, para terminar afirmando que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. La inseguridad jurídica ha culminado en la figura de las denominadas "leyes de acompañamiento", que modifican sustancialmente el ordenamiento vigente mediante un parcheo indiscriminado. ¿Puede pretenderse que tales técnicas responden a la intención de asegurar un orden permanente de justicia?

En consecuencia, el problema del Derecho se resume en la cuestión permanente de la legitimidad. En la doctrina liberal clásica y comúnmente aceptada este problema trata de obviarse mediante el recurso alternativo a la legalidad, es decir, la legitimación basada en la pura adecuación formal de las normas jurídicas a las normas superiores más generales y abstractas, conforme al modelo kelseniano. La legitimidad se basa, en cambio, en el reconocimiento del carácter trascendente del espíritu del hombre que se manifiesta en el vínculo necesario de las normas jurídicas a los principios de la verdad moral revelada por Dios e inscrita en la naturaleza humana. Hay síntomas del fracaso de una ética no-confesional y una insatisfacción profunda por los resultados del individualismo jurídico y del positivismo legalista, así como una cierta alarma ante la locura de la inmoralidad capitalista. Pero no sabemos cómo estos fenómenos de agotamiento general acabarán por cristalizar en una nueva forma que permita hablar a los hombres del futuro de una nueva época histórica.

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