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La política educativa o la moratoria perpetua por Francisco Torres García Lo tópico sería comenzar diciendo que el debate sobre la política educativa en España está abierto. Nada más lejos de la realidad. Dicho debate, en realidad, no existe ni en las esferas de lo político, ni en las esferas de lo civil. Lo que debatimos son sólo aspectos muy tangenciales, susceptibles de ser utilizados de forma demagógica, de un problema de largo alcance en el que está en juego la competitividad y el futuro de varias generaciones de españoles en la Europa integrada | |||||
| ¿Existe una política educativa en España? ¿Contamos en España con una opinión pública concienciada de las dimensiones reales del problema? ¿Tienen los partidos con posibilidad de gobierno un diseño de política educativa? ¿Cuál ha sido la deriva de esa política durante los últimos veinte años? Estas son, sin duda, preguntas clave en el tema que nos ocupa y nos preocupa ya que, en las respuestas, afirmativas o negativas, podremos encontrar muchas de las razones de la situación; acercándonos así a las auténticas dimensiones del problema educativo en España. Cierto es que no se trata de un problema específicamente español; son muchos los sistemas educativos que en Occidente presentan fisuras y que en los últimos veinte años han sufrido errores, falta de decisión e improvisaciones. Pero, al mismo tiempo, no se puede ocultar que, en el caso hispano, la situación, por la falta de rectificaciones, por el empecinamiento en mantener políticas en otros lares desahuciadas, presenta mayores aspectos negativos. Prueba de ello son los altísimos índices de fracaso y abandono que se producen en todos los niveles educativos. A ello se suma una falla, muy evidente, en la Formación Profesional que debería cubrir, y no lo hace, gran parte de los puestos técnicos que el mercado laboral demanda. Sería muy difícil, aun siendo generoso en la concepción, avalar con la firma la existencia de una política educativa con mayúsculas en España. Lo que hemos tenidos son políticas educativas diversas con minúsculas. Esta situación ha afectado muy desigualmente a los tres niveles educativos genéricos existentes en España. Si nos circunscribimos a la Educación Secundaria, gozne de todo el sistema educativo y en la falta de adaptación a las necesidades reales y a las nuevas demandas de la Formación Profesional superior, los efectos de esas políticas han sido tremendamente negativos. Falla, por otra parte, el sistema en los aspectos de fundamentación que la Educación Primaria debería garantizar, quedando en muchos aspectos muy por detrás de las demandas de la sociedad, sobre todo en los ámbitos del período 0-3 años. Dejemos a un lado el mundo universitario, en el que, pese a los efectos moderadores de la autonomía universitaria, también cabría hablar de una situación de desconcierto que se ha alargado excesivamente. Si nos acercamos al nivel más alto, a las políticas de investigación, cuya reforma e impulso suele aparecer en todos los programas políticos, no podemos obviar lo negativo de la situación. Frente a estos problemas hemos tenido Ministerios de Educación y Cultura, con esta o similar nomenclatura, unidos o separados, pero más han parecido volcados hacia las funciones de los Ministerios de Propaganda y Subvención que hacia los aspectos que deberían haber sido su objetivo prioritario. No sería aventurado afirmar que desde los años setenta España carece de Política de Educación. Desde la Ley Villar Palasí hemos asistido, sobre todo en el vital campo de la Educación Secundaria, a un rosario de siglas con más apariencia que realidad: reforma experimental, LOU, LOGSE, LOCE, por anotar algunos ejemplos tan significativos como conocidos. Asumida la política educativa como elemento de enfrentamiento político traspasado por un claro aroma partidista; aprovechando la escasa conciencia social de la trascendencia que tienen, para varias generaciones, las decisiones en este ámbito, nos hemos movido, durante dos décadas, en el terreno de la improvisación, la provisionalidad y la incertidumbre. El resultado final, sin entrar en una u otra ley, nos es otro que la falta de adecuación del sistema educativo al contexto y la realidad de la España actual. El partidismo imperante en la cuestión ha impedido que en España se tuviera un sistema educativo estable que pudiera mantenerse más de una década. No hemos tenido políticas de reforma y adaptación ordenadas en función de un marco previo, que es lo lógico, sino intentos de cambio, más o menos radicales, que han repercutido en detrimento de la calidad de la enseñanza a lo largo de la última década. Las fuerzas políticas no han asumido el marco estructural de la ecuación en España y ese es el problema. Las políticas educativas posteriores a la guerra civil, con todos los defectos que se quieran señalar, democratizaron, porque esa era su intención, la Educación haciendo real la igualdad. A mediados de los sesenta esa democratización llegó a los niveles básicos, a principios de los setenta era una realidad en la secundaria abriendo la enseñanza superior a un número elevadísimo de españoles. Esta línea, por mera inercia, continuó en las décadas siguientes haciendo de la educación universitaria un bien posible. Todo ello significa que en los ochenta poseíamos unas generaciones con una formación más que aceptable que podían asumir los retos del futuro. Es, teniendo presente esta realidad, a partir de ella desde donde se tenía que haber puesto en marcha, en esa década, la lógica gran reordenación de la política educativa asentando las bases del nuevo sistema educativo para las dos décadas siguientes. La decisión de hacer de esta cuestión bandería política, el partidismo que dio vida a la LOGSE, la subordinación de lo que debería ser un tema de consenso nacional a las orientaciones políticas del socialismo, defendiendo la aplicación de sistemas que habían fracasado en otros países, nos ha llevado a la situación actual. En resumen, se podría afirmar que la falta de un gran acuerdo en materia educativa nos ha conducido a la situación actual, una situación de moratoria. Palabra que, gráficamente, retrata muy bien la situación de la política educativa en España en las dos últimas décadas: la de una moratoria perpetua en la que no se alcanza la estabilización del sistema. En el sentido de lo expuesto asombra, en el campo educativo, la falta de propuestas coherentes y globales de las fuerzas políticas que tienen posibilidades reales de ser fuerza de gobierno. Más allá de las declaraciones de intenciones, casi siempre envueltas en promesas de medios muy sonoros; más allá de las declaraciones a la contra, con poco nos encontramos. Los programas políticos no presentan diseños educativos definidos, ni explican con claridad cuál es la política educativa que defienden. Prueba de lo dicho es la actual situación: la LOCE fue hecha para reformar sin reformar del todo, como era necesario, la LOGSE. La oposición varío desde la oposición cerrada a la LOCE a una oposición matizada, a la espera de encontrar aplicada la reforma cuando llegaran al poder, pues la contestación a la LOGSE también alcanzaba las filas de la izquierda intelectual y de clase media. La inesperada victoria de marzo obligó al socialismo a entrar en el terreno de la política educativa sin un proyecto alternativo por lo que ha optado por dejar en suspenso la aplicación de la LOCE, anunciando que tardará dos años en hacer una propuesta en esta materia y dejándose llevar por la demagogia falsamente igualitaria. Esta situación de inestabilidad, de desconcierto, queda cubierta, alejando así su posible impacto social, por una inteligente maniobra de distracción amparada en un falso debate. Sería muy difícil negar que algunos aspectos del debate educativo han llegado a la sociedad, pero no es menos cierto que ese debate se centra en aspectos tangenciales, que son fácilmente utilizados de forma demagógica. Existe un falso debate entre la escuela pública y la escuela privada cuando, en realidad, la primera no puede hacer frente, porque los programas de inversión y construcción se han reducido, a la demanda de la sociedad, tanto en el número de plazas como en el tema -en el que no se quiere entrar- de la calidad de la enseñanza. Existe un falso debate sobre la materia de Religión, porque en realidad no es una materia obligatoria sino optativa…Se habla hipócritamente de discriminación, según los resultados, a partir de los catorce años pero esa discriminación ya existía encubierta en una decena de nombres…Se discute, en realidad, por el nombre que se le va a dar a la célebre prueba final… Durante dos años vamos a vivir en una situación de interinidad en materia educativa, lo que afectará, de forma trascendente, a un buen número de jóvenes españoles. Ese es el problema. ·- ·-· -··· ···-· | |||||
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