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El doble filo de la inmigración por Luis Losada Pescador Debate estéril sobre el voto inmigrante: los hispanos acceden a la nacionalidad con dos años de residencia. La ‘mano dura’ anunciada por el gobierno contrasta con la necesidad de más mano de obra inmigrante. Montilla advierte por vez primera que los inmigrantes pueden poner en riesgo la estabilidad y viabilidad de los servicios sociales. | |||||
| El gobierno aprovechó los rigores del verano para lanzar a la arena de la opinión pública el controvertido voto del inmigrante. Parecía que se cumplía el guión que los populares intuyeron cuando la regularización masiva: después les darán el derecho de voto, ganarán su apoyo en agradecimiento a la regularización y los socialistas se harán eternos. Sin embargo, ni populares ni socialistas gozan de buenos informes que pronostiquen el voto emigrante. Es verdad que según una encuesta la mayoría votaría socialista. Pero también es verdad que el voto indeciso de esa encuesta superaba a todas las opciones. Por otra parte, es muy posible que la población inmigrante no se movilice. La nostalgia de la tierra abandonada es más fuerte que el arraigo en el país de acogida. Los populares se debaten entre quienes piensan que el voto inmigrante es un ‘suicidio’ político y los que –como Esperanza Aguirre- consideran que es una oportunidad y lideran la campaña por la regulación del voto extranjero. Pero a los socialistas les ocurre algo similar. Tras el paso delante de la proposición de ley, el “no creo que sea en las próximas autonómicas” de De la Vega. La situación se encuentra ahora en ‘stand by’, ahogada en el debate político por la crisis de los cayucos. Pero volverá a resurgir. Y en realidad se trata de un debate inexistente porque hispanos y filipinos pueden acceder a la nacionalidad española con dos años de residencia legal en España, uno si contraen matrimonio con un español/a. No es mucho tiempo para acceder a los plenos derechos de ciudadanía. Diferente es el caso de los marroquíes y subsaharianos, a los que se les exige 10 años de permanencia en el país para acceder a la nacionalidad. Un tiempo razonable, porque la asimilación resulta mucho más compleja que con los hispanos con los que compartimos además de la lengua una historia común. Si se regula el voto universal de los inmigrantes, habrá que preguntarse por la coherencia con la normativa de acceso a la nacionalidad. Por otra parte, el debate migratorio ha reabierto otros interesantes debates. Cuando la derecha afirmaba que la acogida tenía límite y que los inmigrantes estaban dejando fuera a los nacionales en los servicios sociales eran tachados de ‘fachas’. Pero héte aquí que llega Josep Montilla y asume el discurso. Y es que el PSOE es consciente de que los gestos ‘progres’ de apoyo a la inmigración sin límites puede traducirse en un elevado coste electoral. Porque precisamente, los ciudadanos españoles más desplazados en los servicios sociales por la población inmigrante son mayoritariamente votantes del PSOE. Las becas de comedor, los libros de texto gratuitos, las becas en los servicios municipales de deportes, etc. están desplazando a los españoles de rentas más bajas en pro de una población creciente y económicamente deprimida. Y eso comienza a notarse en los barrios menos favorecidos de España que sienten también el ‘dumping social’ de los inmigrantes. La deslocalización se hace innecesaria en muchos casos, porque la mano de obra barata está en casa. Pero eso significa congelación y descenso del salario de la mano de obra autóctona. Y como es lógico, eso se entiende bastante mal. Así que el PSOE se ve atrapado por una regularización que atrajo masas de ilegales. Y el problema se reproduce: el secretario general del PSOE, pepino Blanco, no desmiente en una entrevista en El País la existencia de 800.000 ilegales. Al tiempo, el gobierno reconoce por debajo de la mesa que para mantener la velocidad de crucero en el crecimiento económico es necesario incorporar 400.000 inmigrantes anualmente. Pero oficialmente anuncian mano dura. Es un buen ejemplo del desgobierno y de la falta de rumbo político de un Ejecutivo que no sabiendo dónde quiere ir, termina llevándonos donde no queremos. •- •-• -••••••-• | |||||
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