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Voto útil, propaganda institucional y doctrina del mal menor: la restricción del derecho al voto en libertad

por Francisco Torres García

Sistema electoral, campañas institucionales, tesis del mal menor y el voto útil… condicionan y limitan el libre derecho al voto. Esta ineludible realidad nos lleva a plantear numerosas interrogantes: ¿Hasta qué punto es compatible una vida democrática sana con las restricciones al derecho en voto en libertad que establecen y difunden los partidos? ¿Hasta qué punto, en las sociedades democráticas, el derecho está coaccionado?

No sería una incoherencia establecer, como axioma, la igualdad conceptual entre libertad, vida democrática y voto, entendiendo éste como expresión puntual de la recta opinión del ciudadano. Voto y libertad son, en términos políticos, inseparables. Hasta tal punto es así que el voto sin libertad, de opción y de elección, no pasa de ser más que una máscara capaz de tornar en opaca la realidad, un falso reflejo de lo que debería ser una vida política realmente democrática.

No es necesario, aunque si sea positivo recordarlo, insistir en el hecho de que el voto es tanto más libre cuanto menores son los condicionantes, sobre todo externos, que operan sobre el ciudadano a la hora de pronunciarse en las consultas electorales. Tampoco es preciso resaltar el hecho incontrovertible de que el voto absolutamente libre es un raro privilegio que sólo alcanzan los escasos y celosos mantenedores de la supremacía de la libertad del individuo.

Una sociedad democráticamente sana tiene la obligación de respetar y de proteger el derecho del individuo, de la persona, a ejercer su derecho al voto en libertad, incluyendo en esa libertad la decisión del ejercicio del mismo. Una sociedad democráticamente sana tiene la obligación de exigir al Estado y a los partidos que respeten de forma escrupulosa, en una acción de máximos y no de mínimos, esa libertad.

Difícilmente se podría sostener que de un modo teórico el Estado, en su faceta de elemento controlado por un gobierno salido de los partidos, y los partidos no comparten el concepto del derecho al voto en libertad. El problema aparece cuando se desciende desde el concepto abstracto a la aplicación práctica. Colocados en esa posición, tanto el Estado como los partidos, entienden legítima la utilización de modos que condicionan, reducen y limitan el voto libre. Dos de las más usuales de estas prácticas son: la tesis del mal menor combinada con el denominado voto útil y las campañas institucionales que se ponen en marcha con cada consulta electoral.

Teóricamente las campañas institucionales, que acompañan a cada llamada a las urnas, son meramente informativas del hecho en sí: la convocatoria de elecciones. Ahora bien, lo cierto es que en su mensaje, además de la parte puramente informativa sobre el proceso electoral, sobre el modo de ejercer el derecho al voto, aparece un mensaje que trata de forzar al ciudadano en su primera decisión: votar o no votar. De esta forma se pretende transformar lo que es, por definición, un derecho en una obligación, olvidando que la abstención es también una forma de utilizar políticamente el derecho al voto. En este sentido, la propaganda institucional, secundada en la intención por los partidos, trata, sistemáticamente, de coartar la libertad de la persona. Después viene la forma en que se transmite el mensaje que suele ajustarse muy relativamente a la verdad en los argumentos que utiliza para convencer-impeler al ciudadano.

El voto del ciudadano está condicionado, siempre, por el sistema electoral. El sistema electoral acaba, de forma indirecta, coartando o reconduciendo la libertad del ciudadano a la hora de votar. Con el sistema electoral se potencia el utilitarismo del voto cuando se hace muy difícil la obtención de representación política para la mayoría de las formaciones que concurren a los comicios. Los partidos, instalados en el binomio turnante poder/oposición, procuran mantener sistemas electorales que les garanticen tanto el control del propio partido político como la transformación del voto real al voto teóricamente próximo circunscrito a dos o tres grandes opciones.

Reiteradamente, cuando se aproxima el tiempo electoral, los grandes partidos, los titulares del binomio poder/oposición, incluyen en sus programas el tema de la reforma electoral. La reforma electoral está planteada en dos direcciones: la primera, que pide, teniendo presente la madurez de la sociedad, mayores dosis de democracia; la segunda, que busca conseguir mayorías más amplias y seguras. Afirmen lo que afirmen, prometan lo que prometan, lo cierto es que quienes ocupan el espacio político institucionalizado como poder/oposición, los grandes partidos, prefieren un sistema electoral mayoritario. Los ciudadanos se pronuncian, lógicamente, por un sistema realmente proporcional.

La idea democrática, sobre todo en casos como el español, ha obligado a mantener un sistema proporcional aunque corregido para primar a las mayorías. En la actualidad, utilizando como argumento coyuntural la influencia de los nacionalistas, influencia que es resultado de la decisión política del binomio poder/oposición, porque ese mismo binomio podía haber actuado de forma distinta con respecto al nacionalismo parlamentario, los grandes partidos comienzan a plantearse la viabilidad de la transformación del sistema electoral español en un sistema mayoritario al estilo británico. Una fórmula que reduciría aún más el derecho al voto libre y en libertad.

Un sistema electoral mayoritario busca la marginación política, civil y representativa de la pluralidad política; está diseñado para mantener mayorías hegemónicas muy difíciles de romper.

La perversión de la vida democrática sana que se realiza, entre otros elementos, a través del sistema electoral es la que engendra y da visos de realidad a la denominada teoría del voto útil o del mal menor. Voto útil y mal menor, siempre presentes, se sobredimensionan cuando los sistemas electorales tienden al modelo mayoritario. El ciudadano ya no vota, ya no se pronuncia, básicamente, en relación a un programa y a una visión histórica e ideológica de la opción política, lo hace condicionado por el sistema de recuento electoral y adjudicación de escaños. El voto se transforma así en un voto negativo, ya que se realiza en “contra de alguien” y no a favor de alguien.

La tesis del voto útil y del mal menor actúa así como elemento de catarsis que lleva al ciudadano a subordinar sus posiciones ideológicas, su criterio objetivo, a la creación de mayorías, convirtiendo el voto libre en voto cautivo. Un voto que, además, acaba, en muchas ocasiones siendo despreciado. Las mayorías políticas, conseguidas merced a este sistema indirecto de control del voto, acaban legislando contra los principios y creencias de quienes sufrieron este secuestro de la libertad a la hora de acudir a las urnas. Ejemplo clarificador de ello es lo que sucede en España con el voto católico y con el llamado voto de derechas.

Las argumentaciones difundidas al uso no pueden revestir mayor pobreza intelectual, aunque sea difícil negar la efectividad que han tenido sobre el cuerpo electoral. La tesis del voto útil o del mal menor no niegan la validez de las posiciones ideológicas desde las que el ciudadano está dispuesto a ejercer su derecho al voto, lo que pretenden es reducirlas al ámbito personal, cultural o asociativo. Sin negar la validez de las tesis ideológicas del ciudadano pretenden que, a la hora de la verdad política, el votante haga una reflexión que, obviando su posición ideológica en aras del beneficio para la comunidad, le conduzca a depositar su confianza en uno de los dos o tres grandes partidos engendrando así una mayoría absoluta. La opción del votante por cualquiera de las demás opciones minoritarias es considerada un desperdicio del derecho al voto.

Otra de las argumentaciones favoritas de los defensores de las teorías del “voto útil y del mal menor”, cuando resulta inviable el convencimiento, es afirmar que, aunque el total del programa no sea compatible con las posiciones propias se debe apoyar a aquel que en mayor medida se le asemeje, debido a la imposibilidad de que esas ideas, defendidas por una fuerza política, lleguen a tener un peso suficiente para influir en la vida pública. Fundamentando el argumento con la difusión de la idea defensiva de cerrar el paso al adversario político.

La conjunción de la aparente proximidad política entre la propuesta del partido que difunde la tesis del mal menor o del voto útil, o ambas, de la oposición frontal a otra fuerza política y de la posición ideológica del ciudadano, es la que convence mayoritariamente a un sector amplio del cuerpo electoral a dar por buena esta práctica. El desengaño, el desencanto se produce cuando el ciudadano percibe que con su voto no sólo no ha contribuido a la defensa de sus Principios, cuando entiende que su voto va ha servido para apoyar políticas contrarias a su propio pensamiento, lo que sucede reiteradamente en temas de defensa de la vida, familia, matrimonio, seguridad...

Las tesis del voto útil y del mal menor se han convertido en uno de los instrumentos favoritos a la hora de coartar el derecho a votar en libertad, por lo que es preciso desandar el camino, vencer el peso de la costumbre y proscribir cualquier forma de limitación, ya que todo lo señalado, todo el proceso someramente descrito empobrece sobremanera la vida democrática.

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Francisco Torres García



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