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La Ley de Recuperación de la Memoria Histórica

por José María Permuy

La llamada Ley de la memoria histórica "es, en realidad, un proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".

El proyecto de ley, “declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura que, a su término, se prolongó hasta 1975”.

Las razones políticas o ideológicas a que se refiere la ley “incluyen la pertenencia o colaboración con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares,  minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual”.

El proyecto “reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos a que se refiere” anteriormente. Esa Declaración “será de aplicación respecto de las penas y sanciones de carácter personal impuestas durante la Guerra Civil por Juzgados, Tribunales u órganos administrativos de cualquier naturaleza y respecto de todas las ejecuciones llevadas a cabo por cualquier organización o grupo durante el mismo período, siempre que, en uno y otro supuesto, se vinculen, directa o indirectamente, con motivaciones políticas o ideológicas” y “en relación con las ejecuciones, penas y sanciones de carácter personal que se hubiesen producido tras el fin de la Guerra Civil, cuando hubiesen tenido como objeto la represión o persecución de quienes defendieron la legalidad institucional anterior al 18 de julio de 1936, pretendieron el restablecimiento en España de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.

“En todos los casos –aclara la ley- será necesario que los comportamientos en su día enjuiciados o sancionados resulten conformes a los principios y valores constitucionales hoy vigentes”.

En relación con los símbolos y monumentos públicos, el proyecto de ley establece que “los órganos que tengan atribuida la titularidad o conservación de los monumentos, edificios y lugares de titularidad estatal, tomarán las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de la Guerra Civil, existentes en los mismos, cuando exalten a uno sólo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término”

En relación con el Valle de los Caídos, dice que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. La Fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, con el objeto de profundizar en el conocimiento de ese período histórico y en la exaltación de la paz y de los valores democráticos”.

Se habla también en la ley de la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados en la Guerra Civil, de facilitar aún más la concesión de nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales, y del “reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977”. ¿Se refiere a los terroristas que fueron condenados a muerte durante ese período?

Hasta aquí un resumen de la ley que se desea aprobar.

Salta a la vista que se trata de una ley sectaria. Sólo considera dignas de reparación a aquellas víctimas de la represión que comulgaban con ideas políticas  acordes con los valores que defiende la Constitución actual.

Aunque la ley pueda parecer imparcial cuando afirma que “declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron”, más adelante deja bien claro que para que se dé cualquier tipo de reconocimiento o compensación a las víctimas, es nececesario, en todo caso, que hayan sido enjuiciadas o sancionadas por haber tenido comportamientos “conformes a los principios y valores constitucionales hoy vigentes”.

Es decir: aquellos que hayan padecido prisión, torturas, o asesinato por defender valores diferentes o contrarios a los que promueve la Constitución de 1978, no son dignos de consideración.

Aparte de lo extraño y anacrónico que resulta juzgar a quienes murieron durante la guerra, en base a los valores de una Constitución que se promulgaría 40 años después de aquellos hechos, es cierto que en el bando Nacional  los principios que informaban el pensamiento y la acción de los combatientes, de los cautivos, de los mártires y asesinados por los rojos, no eran del todo “conformes a los principios y valores constitucionales hoy vigentes”. Pero no es menos cierto que los ideales, aspiraciones y propósitos que animaban a la mayor parte de los luchadores, presos y ejecutados del bando rojo, tampoco eran “conformes a los principios y valores constitucionales hoy vigentes”.

Ya que hablamos de memoria histórica, conviene recordar que durante la contienda, los militantes republicanos, salvo escasas excepciones, pertenecían o estaban vinculados  principalmente a cuatro organizaciones políticas y sindicales: PSOE, UGT, PCE, CNT.

Pues bien, durante la guerra, y aun desde antes de la guerra, ninguna de esas organizaciones era partidaria de “los principios y valores constitucionales hoy vigentes”.

El PSOE y la UGT, deseaban la instauración de una dictadura del proletariado socialista. El PCE, –a pesar de que durante la guerra, camuflando sus verdaderas intenciones, adoptó con más insistencia que ninguna otra organización una táctica de defensa de la democracia y del orden republicano anterior al Alzamiento Nacional–, también propugnaba la dictadura del proletariado, con la única diferencia de que el PCE, al contrario que el PSOE y la UGT, pretendía además que España fuera una sucursal de la Unión Soviética, a las órdenes de Stalin. Los anarquistas de la CNT aspiraban, por su parte, a establecer el comunismo libertario.

Ni la dictadura socialista, ni la dictadura comunista, ni el anarquismo son, obviamente,  compatibles con los “principios y valores constitucionales hoy vigentes”.

No hay más que leer la prensa de aquella época, empezando por las propias publicaciones de sendas organizaciones, su propaganda, sus documentos de carácter interno o externo, las declaraciones, discursos, conferencias y testimonios de sus dirigentes, para comprobar la realidad del carácter antidemocrático, dictatorial y totalitario de las principales asociaciones políticas y sindicales de izquierda.

Veamos algunos ejemplos.

Luis de Araquistáin, puede considerarse uno de los ideólogos del PSOE en los años 30. Subsecretario de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo y director de la revista socialista Leviatán, el 5 de marzo de 1934 escribió el prólogo al libro Discursos de Largo Caballero a los trabajadores, en el que entre otras cosas afirma:

“... ahora los socialistas estamos solos. Menos de tres años de experiencia republicana nos han convencido de que el ensayo de una república socializante, que nos llevaría gradualmente por el derecho a la revolución socialista, como se había instituido en la Constitución, era una quimera. Como dice Largo Caballero en sus discursos, ya se ha caído de los ojos socialistas la venda del mito de la república y de la democracia en régimen de capitalismo.

Por el sendero de la democracia burguesa la clase obrera nunca podrá llegar a la plenitud del poder en el Estado... Nuestras ilusiones republicanas del 14 de abril se han desvanecido. El dilema no es ya monarquía o república... no hay más que un dilema: dictadura capitalista o dictadura socialista”.

Y ¿qué es lo que decía Largo Caballero, dirigente del PSOE y de la UGT, en esos discursos? Cosas como estas:

“...aceptamos y propugnamos un período de transición, durante el cual la clase obrera, con todos los resortes del poder político en sus manos, realiza la obra de socialización y del desarme económico y social de la burguesía. Eso es lo que nosotros llamamos la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos... Los elementos de la burguesía... exclaman: <<¡Es que vivimos en un régimen de democracia!...>> ¿En un régimen de democracia? Eso es una falsedad, porque los trabajadores en el régimen capitalista carecen de libertad para exponer y hacer triunfar sus ideales pacíficamente... ¿De qué se extrañan cuando la clase obrera socialista declara que quiere ir a implantar la dictadura proletaria? ¿Francisco Largo Caballero durante la campaña electoral de 1933?

Por muy generosos, por muy sentimentales, por evolucionistas que podamos ser, se impondrá que los trabajadores tengan que arrancar violentamente el poder político...Yo digo que si la clase trabajadora conquista el poder político, tiene que ir al armamento general del pueblo. Hay algunas gentes, incluso en nuestro campo, que tienen horror a esto. No negaré yo que si el pueblo se arma pueda cometer algún atropello. Mas esto sucede en toda revolución... hay que trabajar para no quedarnos en este régimen republicano, que, aun cumpliendo sus compromisos, detenernos en él sería una renuncia a nuestras ideas. (Francisco Caballero. Discurso pronunciado el 14 de enero de 1934 en el restaurante Biarritz).

Consecuentes con sus ideas, a los pocos meses de pronunciar esas palabras, en octubre de 1934, el PSOE se alzó en armas contra la república. En las instrucciones socialistas para la insurrección, figuran consignas como las que siguen:

“Cada pueblo debe hacerse a la idea de que tiene que ser un firme sostén de la insurrección…”

“… facilitar a la junta local los nombres y domicilios de las personas que más se han significado como enemigos de nuestra causa o que puedan ser temibles como elementos contrarrevolucionarios. Estas personas deben ser tomadas en rehenes al producirse el movimiento, o suprimirlas si se resisten.”

“Nadie espere triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil”.

“Triunfante el movimiento revolucionario, lo primero que debe asegurarse es el dominio absoluto de la población, perfeccionando las milicias armadas, ocupando los sitios estratégicos, desarmando totalmente a las fuerzas contrarias y ocupando los edificios públicos”

Es asombroso que, habiendo sido publicadas estas instrucciones, en las que los socialistas incitan clarísimamente a la guerra civil y la represión contra los que no piensan como ellos, haya aún políticos e historiadores que pretendan hacernos creer que la sublevación de octubre de 1934 fue tan sólo una pacífica huelga revolucionaria y que el PSOE era partidario de la república del 14 de abril, de la paz, de la libertad y de la democracia.

Durante la campaña electoral de 1936, el contenido revolucionario y subversivo  del mensaje socialista no disminuyó.

Veamos que proponía Largo Caballero, conocido por los suyos como el Lenin español :

“No vengo aquí arrepentido de nada… Yo declaro... que, antes de la República, nuestra obligación es traer al socialismo... Hablo de socialismo marxista... socialismo revolucionario... somos socialistas pero socialistas marxistas revolucionarios… Sépanlo bien nuestro amigos y enemigos: la clase trabajadora no renuncia de ninguna manera a la conquista de Poder… de la manera que pueda…La República… no es una institución que nosotros tengamos que arraigar de tal manera que haga imposible el logro de nuestras aspiraciones… Nuestra aspiración es la conquista del poder... ¿Procedimiento? ¡El que podamos emplear!…” (Mitin en el Cine Europa. Publicado en El Socialista, el 13 de enero de 1-36)

“Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos” (Acto electoral en Alicante. 19 de enero de 1936. Publicado en El Liberal, de Bilbao, 20 de enero de 1936).

 “La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. (Mitin celebrado en Linares el 20 de enero de 1936).

Por si alguien pudiera pensar que no se trataba más que de amenazas para asustar a las derechas, pero que no respondían en realidad al pensamiento íntimo del lider socialista, baste recordar lo que escribió el 6 de enero de 1937, siendo Presidente del Gobierno, en carta dirigida nada menos que a  Stalin:

“Cualquiera que sea la suerte que el porvenir reserva a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas”.

A confesión de parte, relevo de prueba.

¿Es posible que haya alguien que siga afirmando que los combatientes socialistas, y los socialistas víctimas de la represión franquista eran unos luchadores y mártires de la república, la libertad y la democracia?

Y los comunistas. ¿Tal vez fueron ellos, vasallos serviles de ese gran “demócrata” que fue Stalin, que se dedicaban a asesinar a sus “camaradas” trostkistas y libertarios porque los consideraban fascistas, luchadores y mártires de la república, la libertad y la democracia,?

Es cierto que durante la guerra no dejaban de defender verbalmente la república y la democracia parlamentarias. Pero, ¿se referían al tipo de democracia que regía en otros países occidentales, a una democracia similar a la que impera hoy en España?

Dejemos, una vez más, que respondan ellos:

“…nuestra República es de un tipo especial. Una República democrática y parlamentaria de un contenido social como no ha existido nunca. Y esta República… no puede ser considerada de la misma manera que la República democrática clásica; es decir, que aquellas que han existido y existen donde la democracia es una ficción que se basa en el predominio reaccionario de los grandes explotadores” (Mundo Obrero. 3 de febrero de 1937)

José Díaz, Secretario del PCE, en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista: “Luchamos por la República democrática, por una República democrática y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo contenido social. La lucha que se desarrolla en España no tiene por objetivo el establecimiento de una República democrática como puede serlo la de Francia o la de cualquier otro país capitalista. No; ls República democrática por la que nosotros luchamos es otra”.

¿Fueron acaso demócratas los anarquistas de la CNT que publicaban en su Boletín de Información: “Los millares de combatientes proletarios que se baten en los frentes de batalla no luchan por la República democrática… Tenemos que impulsar la revolución con firmeza, liquidar los últimos residuos de la democracia burguesa… no combatimos, entiéndase bien, por la República democrática, combatimos por el triunfo de la Revolución proletaria” (Juan López en CNT, 19 de junio de 1937)?

Así pues, si se aplicase rigurosa y estrictamente la ley de la memoria histórica que el PSOE  pretende sacar adelante, nadie, o muy pocos, podrían beneficiarse de ella. Porque apenas podrá encontrase un puñado de combatientes o represaliados republicanos muertos, fusilados o presos durante nuestra guerra, que realmente creyeran en la democracia; en la democracia moderna, tal como la entienden nuestros contemporáneos; en la democracia parlamentaria, de partidos, con sufragio universal y posibilidad de alternacia en el poder.

Algunos podrán decir: -Bien, admitamos que los republicanos de izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas, eran contrarios a la democracia y al modelo de república instaurado el 14 de abril. Con todo queda una minoría de republicanos moderados, o de centro sinceramente demócratas.

Sí, es verdad. Una minoría, en efecto.

Pero tampoco de este sector variopinto pero, vamos a llamarlo moderado, de republicanos de la primera hora, se puede decir que a 18 de julio de 1936 estuvieran muy satisfechos con el régimen del 14 de abril.

Muchos de ellos manifestaron su disconformidad con la Constitución republicana, y con las leyes de defensa de la República, porque las consideraban sectarias, persecutorias y limitadoras de derechos y libertades fundamentales tales como la libertad religiosa, la libertad educativa y la libetad de prensa (No olvidemos que la censura de prensa se ejercía a diario durante la Segunda República. No es un invento original del franquismo).

Así, por ejemplo, el que fuera nada menos que Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en su obra Los defectos de la Constitución de 1931, publicada en 1936 califica la Constitución republicana de ser “…una Constitución que invita a la Guerra Civil”.

Ortega y Gasset, de la Agrupación al Servicio de la República, escribió en el diario Luz, el 16 de julio de 1932: “Constitución lamentable, sin pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre pies y cabeza”.

Ossorio y Gallardo, que presidió la comisión jurídica encargada de redactar el anteproyecto de la nueva Constitución, tras la aprobación del Artículo 26 de la Constitución (25 del Proyecto) afirmó que ello suponía: "...la disensión en la vida social, el rompimiento en la intimidad de los hogares, la protesta manifiesta o callada, el enojo, el desvío, tener por lo menos media sociedad española de espaldas a la República, y eso sí que es guerra. Cuando la República no interesa es que está herida de muerte..."

Pío Baroja manifestaba en 1932; "El Congreso, en este momento, no representa a la masa social española". "...es una creación artificial y falsa". "Este Congreso, con sus sabios leguleyos, ha dado a los españoles una serie de fórmulas que nadie apetece". "Con la Constitución íntegra pasa lo mismo. Nadie cree en ella". "Respecto a las represiones y violencias, los meses que llevamos de República han producido más muertos en las calles que cuarenta años de Monarquía".

Salvador de Madariaga, Ministro de Instrucción Pública y de Justicia en 1934, escribía un año más tarde que la República "del 14 de abril, tal y como salió de las Constituyentes del 31, no corresponde ni a la realidad íntima de España ni a un concepto razonable de la vida colectiva, sean cualesquiera el tiempo y el lugar".

Es una falsedad, diga lo que diga la ley de la memoria histórica, pretender equiparar la Constitución de 1931 con la de 1978.

A pesar de todos los defectos que tiene la actual Constitución española, la Constitución de la II República conculcaba derechos y libertades que ni tan siquiera la actual Carta Magna se ha atrevido a atacar.

El episcopado español de entonces, que pidió acatar la nueva legalidad republicana, se opuso no obstante a la Constitución.

He aquí algunas de las críticas de los obispos al texto constitucional:

“Los principios y preceptos constitucionales en materia confesional no sólo no responden al mínimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la Iglesia que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirados por un criterio sectario, representan una verdadera oposición agresiva aun a aquellas mínimas exigencias”.

“Más radicalmente todavía se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la misma sociedad doméstica, con grave menosprecio de sus derechos sagrados y de la conciencia cristiana del país, así como en daño manifiesto de la elevación espiritual de las costumbres y de las instituciones públicas. De semejante separación violenta e injusta, de tan absoluto laicismo del Estado, la Iglesia no puede dejar de lamentarse y protestar, convencida como está de que las sociedades humanas no pueden conducirse, sin lesión de deberes fundamentales, como si Dios no existiera, o desatender a la Religión, como si ésta fuere un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva.

En tal situación de cosas, era lógico, a lo menos, reconocer a la Iglesia su plena independencia y dejarla gozar en paz de la libertad y del derecho común de que disfrutan, como derechos constitucionales, todo ciudadano y cualquier asociación ordenada a un fin justo y honesto. Y en lugar de tal independencia, hásela sometido, a Ella y a sus instituciones, a medidas de excepción y a ordenamientos restrictivos, con que se la pone injustamente bajo la dominación del poder civil y se invaden materias de exclusiva competencia eclesiástica”.

A continuación los obispos enumeran magistralmente las libertades y derechos negados por la Constitución:

“Derecho y libertad en todo y para todos, tal parece ser la inspiración formulativa de los preceptos constitucionales, con excepción de la Iglesia.

Derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión; y el ejercicio de la católica, única profesada en la nación, que le debe sus glorias históricas, su patrimonio de civilización y de cultura y su actual conciencia religiosa, es rodeado de recelos y hostilidades comprensivos de sus legítimos y libres movimientos.

Libertad a todas las asociaciones, aún a las más subversivas; y se preceptúan extremas precauciones limitativas para las Congregaciones religiosas, que se consagran a la perfección austerísima de sus miembros, a la caridad social, a la enseñanza generosa, a los ministerios sacerdotales.

Libertad de opinión, aun para los sistemas más absurdos y antisociales; y a la Iglesia, en sus propios establecimientos, se la sujeta a la inspección del Estado para la enseñanza de su doctrina.

Derecho de reunión pacífica y de manifestación; y las procesiones católicas no podrán salir de los edificios sagrados sin especial autorización del Gobierno, que cualquier arbitrariedad, temor ficticio o audacia sectaria pueden ser ocasión de que fácilmente se niegue.

Libertad de elegir profesión; y es mermado este derecho a los religiosos, que quedan sometidos a una ley especial, variamente prohibitiva.

Libertad de cátedra y de enseñanza para todo ciudadano y para la defensa y propaganda de cualquier sistema y error; y se impone como obligatorio el laicismo en las escuelas oficiales, y a las Ordenes religiosas les es prohibido enseñar.

El Estado y las corporaciones públicas podrán subvencionar toda asociación, cualesquiera que sean sus objetivos y actuaciones; sólo la Iglesia y sus instituciones, que sirven la más alta finalidad de la vida humana, no podrán ser auxiliadas ni favorecidas.

Es permitida cualquier manifestación cultural o social en los establecimientos benéficos y en otros centros análogos dependientes del Estado y de las corporaciones públicas; no obstante, un radical espíritu de secularización rodea en ellos de obstáculos y suspicacias el ejercicio del culto y la asistencia espiritual; aun respecto de los cementerios, extensión sagrada de los mismos templos, y perenne expresión de culto, se le niega a la Iglesia el derecho de adquirir nueva propiedad funeraria y la plena jurisdicción.

Se reconoce el derecho de propiedad y se dan garantías para su uso y socialización posible; y los bienes de la Iglesia están sometidos a restricciones abusivas, se tiene a las Ordenes religiosas bajo continua amenaza de incautación, y la propiedad de las Ordenes cuya disolución se decreta, es afectada a fines docentes o benéficos, aun sin la garantía de respetar el carácter religioso de su origen y de sus fines fundacionales.

Parece, en suma, que la igualdad de los españoles ante la ley y la indiferencia de la confesión religiosa para la personalidad civil y política sólo existan, en orden a la Iglesia y a sus instituciones, a fin de hacer más patente que se les crea el privilegio constitucional de la excepción y del agravio”.

“No menos dolorida hemos de exhalar nuestra voz pastoral, si nos detenemos a considerar los derroteros que se apresta a seguir la legislación española en lo concerniente a la enseñanza, al matrimonio y a las Ordenes religiosas”.

“Derechos docentes de los padres y de la Iglesia.- No se puede, sin violación del derecho natural, impedir a los padres de familia atender a la educación de sus hijos, expresión y prolongación viviente de sí mismos, con la debida libertad de elegir escuela y maestros para ellos, de determinar y controlar la forma educacional en conformidad a sus creencias, deberes, justos designios y legítimas preferencias. No se puede, sin atentar a la propia maternidad espiritual de la Iglesia, desconocer u obstaculizar su derecho docente, a cuyo ejercicio debe la civilización su perfección y su historia, por el que no es lícito sustraerle los fieles, desde su tierna infancia, para la formación cristiana de su mentalidad, de su carácter y de su conciencia en escuelas propias y aun en las escuelas públicas. No se puede, sin deformar la indefensa y reverenciable conciencia de los niños y adolescentes, negarles su derecho estricto a recibir una enseñanza conforme a la doctrina de la Iglesia, a la cual pertenecen por la incorporación sacramental del bautismo, y, todavía menos, someterlos a aquella mutilación del hombre por la escuela neutra…”

“Concepción estatista del matrimonio.- Materia delicada como pocas la legislación matrimonial. El matrimonio es padre y no hijo de la sociedad civil, y por este solo concepto habrían de merecer de ésta los máximos respetos y su intrínseco carácter religioso y la anterioridad de sus claros privilegios, que proceden del derecho natural y divino, y no de la gratuita concesión de la potestad humana.

Inseparable como es el contrato nupcial del sacramento en el matrimonio cristiano, toda pretensión del legislador a regir el mismo vínculo conyugal de los bautizados implica arrogarse el derecho de decidir si una cosa es sacramento, contraría la ordenación de Dios y constituye una inicua invasión en la soberanía espiritual de la Iglesia, que en virtud de la ley divina y por la naturaleza misma del matrimonio cristiano a ella corresponde exclusivamente. La ley civil debe reconocer la validez o invalidez del matrimonio entre católicos según la Iglesia la haya determinado”.

“La Compañía de Jesús.- Inverosímil por su motivo absurdo y antijurídico, la disolución de la Compañía de Jesús, como de cualquier otra congregación, representa además una violación de derecho, una ofensa a la Iglesia, una ingratitud del pueblo español y un daño considerable para la vida civil de la República”.

“Protesta y reprobación de la Constitución promulgada.- Ante los excesos e injusticias que en materia religiosa se contienen en la Constitución, de diversos lados, y según los respectivos puntos de vista particulares, se han formulado críticas severísimas y justificadas. Aun personalidades ecuánimes de significación católica la han reputado agresiva y la tienen como una solución de venganza; quien es hoy el más alto magistrado de la Nación, en su noble afán de volverla justa y conciliadora, proclamó ante el Parlamento que no era la fórmula de la democracia, ni el criterio de libertad, ni el dictado de la justicia. ¿Podían callar los obispos, sobre quienes recae la responsabilidad de la misma Iglesia, que habrá de sufrir los efectos de tales agravios, excesos e injusticias?

Queda, pues, manifestado el juicio que nos merece la nueva situación legal creada a la Iglesia en España, y a la cual no podemos prestar nuestra conformidad por lesiva de los derechos de la Religión, que son los derechos de Dios y de las almas, atentatoria a los principios fundamentales del derecho público, contradictoria con las propias normas y garantías establecidas en la misma Constitución para todo ciudadano libre y toda institución honesta, inmerecida e injusta en daño de la eficacia social y de la independencia espiritual de una sociedad religiosa perfecta y soberana en su orden, que, así como no aspira a entrometerse en la soberanía propia del Estado, tiene derecho a ser respetada plenamente por él en su misión propia y a ser reconocida como la primera e incomparable institución moral y civilizadora de España. Ni los derechos internacionales del hombre y del ciudadano, que la conciencia jurídica del mundo civilizado considera inviolables por los Estados, han sido aplicados a los que profesan la religión católica, ni colectivamente a la Iglesia se le ha concedido siquiera el trato de minoría religiosa que los tratados internacionales otorgan aún a los grupos confesionales sin posible comparación con lo que ha sido y es la Iglesia en nuestro país, a la cual pertenece la mayoría de los españoles como religión única profesada por sus ciudadanos”. (Pastoral publicada el El Debate el 1 de enero de 1932)

Difícilmente se pueden enumerar con más concisión y precisión las libertades y derechos fundamentales lesionados por la Constitución republicana.

Lo que mal empieza, mal acaba. Y con un comienzo así, no es de extrañar que el desencanto de los republicanos moderados fuera cada día a más.

Si, tras las elecciones para Cortes Constituyentes Marañón escribía a Ortega diciendo: "No me deja el pensamiento de que hemos de decir algo al país, en estos momentos. Hemos sido una fuerza grande para traer la república y hemos dado un sentido más amplio que el que había hasta entonces al movimiento: Ahora se hunde, precisamente, ese sentido de dignidad... Nuestro nombre ha sido la garantía para centenares y centenares de votantes: muchos más de los que están en nuestras listas; y no han votado para esto"; en octubre de 1933 era Ortega el que afirmaba: "La República utiliza ideas viejas mandadas a retirar en todas las naciones. Es lamentable que la República, que ha podido aprovechar el momento de su instauración maravillosa para realizar una gran obra nueva, haya utilizado tan sólo programas y postulados del siglo XIX, sin crear una ideología y una filosofía político-social nuevas".

En 1936, en su libro Anarquía y Jerarquía, Salvador de Madariaga escribe: "La República no ha de venir a fuerza de gritar viva la República ni de predicar volvamos al Catorce de Abril, que es política, no de revolucionarios, sino de cangrejos. La Historia no retrocede jamás, aparte de que el Catorce de Abril… nació viejo y con la cabeza llena de preocupaciones antidictatoriales y de prejuicios jacobinos. Orador hubo en las Constituyentes, y no de los menores, que, al equivocarse en un discurso anticlerical y decir 1812 por 1912, se situaba en su propia época, con infalibilidad subconsciente, que en plena consciencia no hubiera podido igualar. No. No volvamos al Catorce de Abril".

El mismo Salvador de Madariaga, en otro de sus libros, titulado España, opina: “Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”.

Y es que, efectivamente, el alzamiento nacional de 1936 no fue más que una legítima reacción de defensa de la España decente que no estaba dispuesta a seguir soportando que los derechos naturales de las personas humanas, y los dereechos de Dios fueran pisoteados por la tiranía frentepopulista.

Alejandro Lerroux, de inequívoca trayectoria republicana, republicano de toda la vida, fundador y jefe del Partido Republicano Radical, Presidente del Gobierno durante la República, no tuvo más remedio que admitirlo.

En sus memorias, publicadas en 1937, proclama:

"Cuando el General Franco apareció en el horizonte de las esperanzas nacionales con la espada en alto, en España ya no existía un Estado ni forma alguna de legalidad. Desde mucho antes la autoridad y la ley habían dejado de ser una garantía para los derechos esenciales de la personalidad humana"."El General Franco no se sublevó. Se subleva el militar obligado a la disciplina que se rebela contra la organización del Estado, el cual ejerce un poder efectivo para garantía de la ley que todos acatan y cumplen en la convivencia social y civil". "El Ejército no se sublevó contra el pueblo que ya no era pueblo sino rebaño de fieras". "No se sublevó contra la república, puesto que salió de sus cuarteles con la bandera de la República, al compás del himno de la República y al grito de viva la República". "No se sublevó contra la ley sino por la ley que todos habían jurado defender y que aquéllos habían traicionado". "Ni Franco ni el Ejército se salieron de la ley, ni se alzaron contra una democracia legal, normal y en funciones. Ni hicieron más que sustituirla en el hueco que dejó cuando se disolvió en la anarquía de sangre, fango y lágrimas". "Reconocer a la España del Frente Popular el carácter de una Democracia con un ideal cualquiera es un esfuerzo de imaginación o de hipocresía que desborda todo límite razonable".

Voy a terminar este repertorio de citas, con dos del Dr. Marañón durante la Guerra de Liberación: "Estoy donde siempre. Pero esta posición no justifica que esté al lado de aquella caterva de asesinos. Yo he estado cinco meses en Madrid, en contacto con ellos, y le aseguro que toda la intransigencia y la pequeñez de espíritu de todos los obispos y de todos los izquierdistas del mundo es poca cosa comparada con la suya. Cuando durante cinco meses he tenido que firmar, pistola al pecho, lo que querían cuatro acólitos de D. Fernanditísimo; cuando he tenido que decir por la radio lo que querían, a las 12 de la noche, entre fusiles, comprenderá usted que todo lo de los otros me parece una broma. Me acuerdo de aquel Primo de Rivera, dictador, que me encarceló, como de santa Teresita".

"El ochenta y ocho por ciento del profesorado de Madrid, Valencia y Barcelona han tenido que huir al extranjero, abandonar España, escapar a quien más pueda. ¿Y saben ustedes por qué? Sencillamente porque temían ser asesinados por los rojos, a pesar de que muchos de los intelectuales amenazados eran tenidos por hombres de izquierda".

Estos eran los luchadores por la libertad y la democracia. Así era esa II República que la ley de memoria histórica pretende hacernos pasar por paradigma de la democracia, la tolerancia y la armonía social.

Y no lo digo yo. Lo dicen los mismos republicanos que protagonizaron el advenimiento de la II República, y que a los pocos meses ya no querían saber nada de ella.

El proyecto de ley de la memoria histórica parte de la falsa idea de que la II República hizo de España  un oasis  de tolerancia, democracia y paz, y quienes se alzaron en armas, no en todos los casos contra la República, sino contra el desgobierno del Frente Popular, fueron unos fanáticos y crueles golpistas tiránicos, sedientos de sangre y enemigos de la libertad.

La realidad, la verdad, es muy otra. La verdad es que quienes tomaron la drástica decisión de sublevarse contra la persecución y la discriminación del gobierno frentepopulista, y ante la sospecha fundada de que un nuevo octubre revolucionario, como el del 34, estaba en marcha y en fase avanzada, fueron los verdaderos luchadores por la libertad.

Lucharon por la libertad de creer en Dios y practicar libremente la verdadera religión, en privado y en público.

Lucharon por la libertad de sentirse españoles en su propia tierra, independientemente de su región de nacimiento.

Lucharon por la libertad de escoger la clase de educación que querían para sus hijos.

Lucharon por la libertad de expresar públicamente sus ideas.

Lucharon por la libertad de ahorrar, adquirir un patrimonio, conservarlo, aumentarlo, y hacerlo fructificar.

Lucharon por esas y otras muchas libertades que el ateísmo militante, el laicismo beligerante, el separatismo nacionalista, el totalitarismo educativo, la censura de prensa, y el socialismo estatalista de las fuerzas políticas y sindicales que en ese momento controlaban la República, les negaban sistemáticamente.

Finalmente lucharon por la propia supervivencia, amenazados por el pistolerismo de izquierdas, tolerado por el Gobierno, que alcanzó el grado de magnicidio con el asesinato de uno de los jefes de la oposición en el Parlamento, D. José Calvo Sotelo.

Muchos de aquellos combatientes que en lo mejor de su juventud se enrolaron generosamente en el ejército o en las milicias para combatir por Dios, por España, por la libertad, aún viven. Y viven también casi todos sus hijos, y sus nietos. Todos ellos padecen en resignado silencio, día tras día, la ignominia de la difamación rencorosa y falaz de quienes no les perdonan haber evitado que España se convirtiera en una colonia de la Unión Soviética bajo la tutela del criminal Stalin. Los ataques insidiosos de quienes no quieren oír hablar de paz, piedad, y perdón, de quienes no desean la reconciliación entre los españoles, de quienes se complacen sádicamente en abrir y hurgar en una herida que hacía muchos años creíamos cicatrizada.

Si no fuera por esa obsesión diabólica y enfermiza que impulsa a unos cuantos grupos e individuos, poseídos por el odio y cegados por la sinrazón, a empañar el buen nombre de aquellos que lucharon contra el absolutismo del régimen republicano instaurado el 14 de abril de 1931, quizás fuera mejor no menear el tema. Pero, desgraciadamente, la despiadada ofensiva de los sectarios nos obliga, en conciencia, a salir en defensa del honor y la fama de los españoles que se opusieron al Frente Popular.

El pueblo español, por encima de banderías y partidismos, tiene una deuda de gratitud para con ellos, que arriesgaron su vida por una España mejor, y es de justicia que toda España, y sobre todo las generaciones jóvenes, hoy tan manipuladas, recuerde o conozca la verdad sobre la necesidad, la rectitud y la bondad de los ideales que movieron a tantos millones de compatriotas nuestros a rebelarse contra el despotismo frentepopulista.

·- ·-· -······-·
José María Permuy

IV Congreso Mundial de las Familia


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