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Si quieres puedes autoengañarte, pero si no ya tienes elementos más que suficientes y experiencias previas para saber que "voto útil" y "mal menor" es lo mismo que aborto, sodomía y "realidades nacionales" impulsadas desde el Gobierno y el Parlamento

El verdadero lenguaje de la Revolución. Violencia y represión en la Murcia republicana [1934-1939].

por Sergio Fernández Riquelme,

Los mismos periódicos que escondían o justificaban la represión clasista e ideológica contra los sectores contrarios al Frente popular, pueden servir para evidenciar “el verdadero lenguaje de la revolución”, antes y durante la Guerra civil. A través de ella, en este caso de la murciana, la represión en la retaguardia republica nos muestra una “esencia política” siempre negada. Una historia local como ésta, ilustra claramente sobre los orígenes pretéritos, perfectamente definidos (véase octubre de 1934 y febrero de 1936) y los fines revolucionarios, ampliamente documentados, de la violencia política desatada en la zona controlada por el gobierno de Madrid. Asimismo, su reconstrucción historiográfica conduce a la desmitificación de la llamada “legalidad” de los modelos de Estado desarrollados por los miembros del Frente Popular. Se demuestra así la imposible traslación de los conceptos políticos actuales a situaciones pretéritas, promulgada por los rectores de la “memoria histórica”, por el simple designio de vinculaciones emocionales o cálculos electorales. Esconder, minimizar e incluso justificar estos hechos, en aras a una “dignificación” del bando político responsable de la misma, conduce a la pura y simple falsificación histórica (como indirectamente reconoce la historiografía autodenominada como “progresista” (*).

  “Por su naturaleza, el historiador sólo puede ser
revisionista dado que su trabajo parte de lo que ha
sido recogido por sus predecesores y tiende
a profundizar, corregir y aclarar su reconstrucción de
los hechos” (Renzo de Felice [i] ).

Un domingo de septiembre de 1936, el párroco de Nuestra Señora de El Carmen (Murcia) fue ejecutado públicamente. Tras ser arrastrado por el suelo, atado de pies y manos, por una turba de “espontánea” desde la Cárcel provincial hasta la misma Parroquia carmelitana, al párroco Sotero González Lema, “el cura Sotero”, se le cortó una mano en la Plaza Camachos, los genitales en el Jardín de Floridablanca y fue quemado vivo colgado de una pared dentro de la misma Iglesia. Ningún periódico de la época contó la historia, ningún político del Frente Popular denunció los hechos y ningún juez emprendió acciones legales contra sus ejecutores. La “Memoria histórica”, lema propagandístico de ciertas actitudes ideológicas, la ignora más de medio siglo después [ii] .

El olvido que sufrió y sufre aun esta historia, aparece como ejemplo evidente de una construcción mitológica, idílica y romántica, difundida sobre el pasado republicano; construcción fundada sobre la ontologización de un concepto ideológico de la democracia, que desvirtuó entre 1934 y 1939 su realidad como técnica de representación y participación política, y fabricó de uno de los grandes falsarios de nuestra historia contemporánea: la justificación de la violencia política durante la II República y la “República en guerra”. La entonces Provincia murciana es un testimonio ilustrativo al respecto.

La prensa local ocultó durante tres años los rostros, los nombres y las circunstancias de los más de 1.060 asesinados en la provincia de Murcia (1812 para R. Salas Larrazabal) [iii] . Este fenómeno de eliminación física de “naturaleza clasista”, recuperado por la Causa General [1943] fue el hecho más visible de la represión republicana durante la Guerra civil; pero estos datos no pueden hacernos olvidar que fueron la consecuencia extrema de un proceso más amplio de uso político de la violencia con fines de transformación revolucionaria. El 18 de Julio de 1936 no solo comenzó una sublevación contrarrevolucionaria, que en su objetivo de establecer en España un Estado nacional, autoritario y corporativo, dejó más de 70.000 víctimas en su avance militar y su unificación política (cifra relativa a tres años de imparable crecimiento territorial). Ese mismo día, inmediatamente después del Alzamiento, se aceleraron distintos proyectos revolucionarios de construcción de un nuevo Estado socialista de tipo racionalista y totalitario, bajo el icono político de la “República”, iniciados en Octubre de 1934, y que dejó casi 60.000 fallecidos en su “democrática retaguardia”. Pero esta misma Prensa al servicio del poder frentepopulista, muestra, con toda claridad, el lenguaje usado para señalar con nombres y apellidos al enemigo a eliminar y las clases sociales a exterminar, para legitimar la persecución religiosa y la depuración universitaria, para legitimar la censura y la expropiación, la justicia parcial y la “venganza popular”; o lo que es lo mismo, evidencian el “verdadero lenguaje de la revolución”.

Por ello se hace imprescindible abordar documentalmente y comprender de manera  empírica, desde el análisis de la “iconografía política”, las raíces e implicaciones de este lenguaje ideológico. A través de lo ocurrido en Murcia, alcanzaremos a comprender el papel que jugó en la génesis y legitimación de un conflicto político-social que llegó hasta los límites del “exterminio de clase”; es más podremos mostrar su vinculación con posiciones historiográficas actuales, promotoras de la llamada “memoria histórica” y patrimonializadoras de una “democracia republicana” que consideran su ascendiente jurídico-político. Esta crónica provincial demuestra, con ello, la escasa validez heurística de las interpretaciones maniqueas de los acontecimientos fundadores y terminales de la Guerra de España. Mientras sobre el otro “bando” en conflicto, se han escrito multitud de estudios que han deformado la naturaleza del mismo (“fascista”, “antirrepublicano”, etc.), magnificando las cifras de su violencia política, convirtiendo en seres monstruosos y grotescos a sus líderes y miembros; sobre el “bando republicano” escasean obras donde se refleje los orígenes históricos, los precedentes doctrinales, y las responsabilidades políticas de su violencia y represión. Como señala P.C. González Cuevas, en la mayoría de estas obras “los republicanos aparecen como depositarios de todas las virtudes cívicas y democráticas” y la responsabilidad de sus asesinatos “se difumina y diluye en una supuestamente espontánea reacción del pueblo oprimido, cuando es de sobra bien sabido que los autores de aquellos tenían nombres y siglas muy concretos” [iv] . Aquí el lenguaje y la iconografía mitológica jugaron, y juegan aún, un importante papel de distorsión, cuando no de negación ideológica [v] .

 Pero la documentación histórica, sin manipulación previa, apunta una primera síntesis interpretativa, refrendada por los hechos y los datos a nivel provincial:

1.- La responsabilidad de la violencia política republicana residió, directamente y en última instancia, en los poderes públicos frentepopulistas monopolizadores del poder desde julio de 1936, bien por su decisión consciente, bien por la omisión de su labor de mantenimiento del orden público, o bien por generar y alentar un clima de persecución capaz de legitimar la represión total. “Identificar sin más, como a menudo se hace, la democracia, entendiendo por tal la liberal y pluripartidista, con los republicanos - González Cuevas-  no deja de ser una grave tergiversación histórica. Socialistas revolucionarios, comunistas y anarquistas – lo mismo que sus aliados internacionales- no combatieron en defensa de la legalidad republicana, sino por la construcción de un sistema socioeconómico y político; no, desde luego, el demoliberal [vi] ”.

2.- Sus orígenes se pueden localizar, perfectamente, en el discurso ideológico (1931) y en la praxis política (1934) reelaborada en la mayoría de los miembros del futuro FP durante la II República. Ambos hechos, la responsabilidad y el origen, fueron justificados –cuando no deformados- por el lenguaje político de los sectores ideológicos implicados, y ocultados por el pensamiento jurídico-político adepto. C. Schmitt señalaba que “la materia de la cual forma sus ideas y de la que depende en su trabajo científico, le vincula a situaciones políticas, cuyo favor o disfavor, cuya suerte o desgracia, victoria o derrota capta también al investigador y maestro y determina su destino personal. En tiempos de guerra civil latente o declarada, esta realidad se siente más intensamente” [vii] .

3.- Los titulares de prensa, los mítines partidistas, las proclamas en la radio y en los periódicos, los lemas de las manifestaciones o las propias sentencias judiciales, reflejaban un lenguaje político que no solo intentaba elevar la moral de la retaguardia o apelar a la legalidad republicana; al contrario, nos encontramos con un lenguaje cargado de valores [viii] radicalmente incompatibles con la visión establecida sobre el “enemigo político”, destinado a adoctrinar a la retaguardia en una visión conflictiva de la historia y del presente, y encargado de legitimar la violencia política necesaria para construir, revolucionariamente, un nuevo Estado republicano de naturaleza mesiánica [ix] .

La experiencia murciana ilustra, frente la “moralización de la política” propia de la Memoria histórica, un ejemplo local que ilustra sobre la descomposición política de la II República, el “mito del bienio negro” radical-cedista, la sedición socialista de octubre 1934, la manipulación de los resultados electorales de febrero de 1936, la sublevación de julio de 1936, y el chequismo o terrorismo de Estado desde ese mismo verano [x] . Un recorrido previo sobre la literatura historiográfica referida al fenómeno de la represión en la Guerra civil muestra la preeminencia del sinistrismo o “mentalidad indulgente con los crímenes cometidos en nombre de buenas intenciones” [xi] . Esta mentalidad impele a autores como P. Preston, A. Reig Tapia, J. Fontana, J. Casanova o F. Espinosa a obviar los valores cuantitativos, las referencias documentales y el análisis “realmente político”. De un lado definen a la represión nacional (violencia contrarrevolucionaria de respuesta), ni más ni menos, como “genocidio” sin la mínima comprobación cuantitativa y cualitativa; de otro, y repitiendo su ignorancia sobre los datos fundamentales, minimizaban la represión republicana (violencia revolucionaria de transformación) y sostenían para ello que la “izquierda carecía de proyecto represivo” [xii] . Esta interpretación maniquea usaba un “lenguaje ideológico” con el que era “imposible entrar en polémica”, tal como advirtió Martín Rubio, “ya que no escriben historia, y no escriben historia porque –a pesar de  de que algunos de ellos manejan con mayor acierto documentación y fuentes- el contexto explicativo es falso, está al servicio de una tesis previa y por eso cuando es necesario se distorsionan los resultados” [xiii] .

La represión republicana no es un problema, sino una realidad histórica; una realidad aún, paradójicamente, ausente de las grandes compilaciones que pretenden  recomponer la historia de este régimen durante la Guerra civil [xiv] . A ello ha contribuido la competencia historiográfica por esclarecer el número de represaliados por cada uno de los bandos en lucha entre 1936 y 1939, o la labor de minimización de la violencia política en el área controlada por el gobierno de Madrid. Ambas explicaciones han llevado el ostracismo de la empresa histológica centrada en desentrañar la esencia política y el fin revolucionario de la violencia republicana [xv] , oculta bajo el llamado “mito republicano” [xvi]. Este mito ideológico, mayoritario en ciertos ámbitos académicos, explica, oculta o justifica las matanzas colectivas, los asesinatos políticos, la persecución religiosa, la colectivización agraria, la censura informativa, o las checas clandestinas; pero sobre todo funda una ideología ética progresista, que popularizada a través de un estilo poético casi romántico, pretende estar por encima del análisis político. Así esta represión aparece narrada como un episodio de resistencia heroica, de venganza clasista de un pueblo oprimido y de una democracia amenazada, como defiende E. Moradiellos [xvii] . Pero la represión desatada en Murcia entre 1934 y 1939 desvela raíces previas y fines revolucionarios no siempre advertidos.

Al respecto, existen fuentes primarias y secundarias de gran valor para una aproximación hermenéutica a esta esencia política de la represión republicana en la provincia de Murcia. Podemos encontramos información cualitativa y cuantitativa en el apartado provincial de la Causa General, en obras de Salas Larrazabal o Martínez Leal, en distintas monografía locales, y en el capítulo específico del trabajo de la profesora murciana Carmen González sobre Guerra Civil en Murcia. La primera obra, pese a ciertas deficiencias cuantitativas o elementos propagandísticos, sigue constituyendo hoy todavía la principal fuente documental sobre el proceso represor republicano; el caso murciano aparece reflejado en la Pieza 1 (principal) y en sus “Estados” 1 y 2 (dejando fuera el 3): el primer Estado recogen las distintas muertes violentas de residentes, reales o posibles, acaecidas en la provincia, y el segundo las de no residentes conocidos [xviii] . Mientras que el resto de textos, en especial la obra de González, aportan una valiosa recopilación contrastada de datos de víctimas y de formas represivas.

a) La génesis de la violencia republicana: ¿Octubre de 1934 o Julio de 1936?.

 El fracaso del levantamiento del 18 de julio de 1936 en la provincia de Murcia, colocó a la provincia dentro de los límites geopolíticos del régimen frentepopulista. El control de las principales instituciones políticas por el Frente popular y el inmediato control del orden público por las milicias sindicales de sus adlateres de la Alianza obrera, amen de la decisión del general sublevado Goded de atacar desde Valencia no Murcia sino Barcelona, explican esta situación. Pero pese a su alejamiento del frente militar, el nivel escaso de conflictividad social previo (a excepción de los centros militares e industriales de la comarca de Cartagena), la debilidad de la trama conspirativa regional y la supuesta fidelidad institucional, Murcia sufrió como otras zonas bajo el control aparente de Madrid, la aceleración de los procesos represivos de finalidad revolucionaria anunciados en 1934 (aunque en un nivel notablemente menor que en Asturias, Madrid y Cataluña).

Tras la llegada de las primeras noticias del levantamiento en África, el 19 de julio de 1936 se extendieron rumores sobre la noticia de la rebeldía de algunas guarniciones, y el 20 de julio varias milicias políticas y sindicales acudieron al Cuartel de artillería y al Gobierno Civil pidiendo armas. Pese a la debilidad del levantamiento nacionalista en la Provincia, las milicias fueron armadas, tomaron esos primeros días el poder en la calles de Murcia o Cartagena, y algunas de ellas acudieron a Albacete y San Javier para ayudar a sofocar la rebelión (en la capital, sólo la Guardia civil se sumó abiertamente al Alzamiento, convirtiendo al Colegio de los Maristas de El Malecón en su cuartel general, posición que duró hasta la intervención directa del ministro de la Guerra republicano). Como era obvio, esta “reacción espontánea” estuvo preparada muchos meses antes.

A la debilidad de la “trama conspirativa” en la Provincia, respondió una amplísima reacción de las milicias “antifascistas”, creadas ya desde 1934, al frente de las cuales se situaron los capitanes Martín y Saura. Reunidas en torno a la Comisión de Orden público o Brigada de Milicias populares, creada a instancias del Frente popular provincial, se encargaron de perseguir a todos y cuantos fueras susceptibles de ser definidos como “facciosos”, objetivo que quedó plasmado en la prensa local con las siguientes palabras: “Camarada: quién no esta con nosotros está contra nosotros. Quien no reprueba con todas sus fuerzas la rebelión sangrienta y criminal del fascismo vaticanista y militar, está de acuerdo con ella. Quién no es antifascista furibundo, es fascista. Quién no lucha contra nosotros es la sombra” [xix]. Su labor represiva, vinculada indisolublemente a la actuación incontrolada de grupos no tan anónimos, degeneró en un sistemático proceso de ajusticiamiento extrajudicial y de usurpación de propiedades privadas (rústicas y urbanas), que mostró toda su esencia política al alcanzar, incluso, a todas las familias gitanas de Totana, expulsadas de la localidad por su supuesta indiferencia política ante el FP (el primer asesinato en Totana fue el del pequeño propietario agrícola gitano José María Marín Díez [xx] ). Aunque en algunas de sus manifestaciones fue progresivamente condenado y encauzado por las autoridades del Bloque de Alianza obrera, la esencia política de eliminación física y legal del enemigo de clase se mantuvo visible hasta el final de la Guerra. Hechos como la quema de por la Columna de hierro anarquista procedente de Valencia del Archivo y la Oficina Liquidadora del régimen de la propiedad de Mula, la creación del “campo de concentración” de Totana [xxi] , la destrucción de la Agencia de recaudación de Contribuciones de la Hacienda pública de Jumilla (24 de julio de 1936), y del juzgado, registro y notaria de Cieza al mes siguiente, muestran hasta que punto era frágil la distinción entre defensa de la legalidad y defensa de la revolución en la provincia de Murcia por los integrantes del FP.

A la inmediata detención de los conocidos apoyos del levantamiento (con F. Servet supuestamente a la cabeza) y de los considerados grupos “financieros y conspiradores” (con De la Cierva Malo de Molina también supuestamente como líder), sucedió ese proceso no tan espontáneo de eliminación física, unificación política y transformación socioeconómica. El asalto colectivo a la prisión provincial y el asesinato de diez de sus presos políticos, ante la pasividad o complicidad de la fuerza pública, fue el punto central de la represión en la capital regional. El “enemigo político” fue definido y casi eliminado durante los dos primeros meses de la Guerra civil, siguiendo la lógica de violencia política desatada en el inmediato periodo republicano [xxii] . La prensa, órgano declarado de intereses partidistas y “antifascistas” se sumó a la caza y captura del enemigo derechista, siendo portavoz a su vez de las intenciones políticas del FP, de sus luchas internas, y de las contradicciones entre la subversión revolucionaria y la defensa testimonial de la legalidad republicana que practicaban y defendían a la vez las mismas organizaciones (como encontramos en el diario Nuestra Lucha, el cual informaba de la detención del D. Ángel Guirao “conocido financiero de la insurrección y ex senador del Reino” [xxiii] ).

Estos hechos que demuestran la esencia política, consciente y planificada de la violencia política. Así podemos contemplar como durante los tres años de conflicto, la Provincia no solo fue “fiel” retaguardia económica, fuente de “heroicos milicianos”, y base portuaria de operaciones (Cartagena); fue el escenario de una conflictividad político-social que no fue ni consecuencia directa de la espontánea reacción de la ciudadanía republicana, ni consecuencia última ante el levantamiento cívico-militar nacional. Constituyó la segunda fase, encubierta bajo la sacralización de la “democracia republicana”, de un proceso de transformación revolucionaria de la sociedad española iniciado en 1934; y que en 1936, en pocas horas, derruyó lo que quedaba del entramado jurídico-política de la II República, gracias a la paramilitarización permitida por el gobierno Giral; hecho que sancionó el control de la vida social por parte de las milicias obreras, y que favoreció la definitiva y exclusiva autoarrogación frentepopulista de la terminología democrática y republicana con fines propagandísticos.

El éxito indudable de este encubrimiento histórico debe, en gran medida, a la pretendida oficialización de la una moralización histórica respecto a la “República en Guerra”, que niega o reduce el impacto de esta realidad; con ello pretende desactivar los principios de neutralidad axiológica que deben orientar los fines de todo análisis historiográfico. Así tomaba partido declarado por un bando político pretérito, por unas victimas determinadas del “terror blanco”, y minusvaloraba con ello los testimonios directos de los que detectaron y previnieron sobre la violencia revolucionaria [xxiv] . La “Memoria histórica”, paradigma de esta moralización de la violencia republicana a través de la llamada historia social, obvia la documentación en aras a preservar el “mito republicano”, que a través de la trilogía “Izquierda, la Revolución y el Proletariado”; pretenden establecer una continuidad ideológica “democratista” entre 1931 y 2004.

Pero el análisis periodístico de la violencia política en la retaguardia republicana, desde esta experiencia regional, muestra la incorrección conceptual presente en estudios de ámbito nacional. La justicia popular, la legalidad republicana, la quinta columna, los facciosos y los reaccionarios, las masas espontáneas y la venganza histórica, la autodefensa y de la democracia del pueblo; estas palabras reflejadas en la prensa murciana son un ejemplo palmario de la vinculación de la violencia política con Octubre de 1934, y la presencia genética del ideal del “conflicto” legitimador en gran parte de la proclamas doctrinales de los futuros miembros del Frente popular. Así encontramos una retaguardia con “sacas” y “checas”, con fusilamientos oficiales o asesinatos clandestinos, con asaltos a cárceles y prisiones, con quema de propiedades y símbolos de los “elementos facciosos”, con incautaciones revolucionarias y socializaciones planificadas, con la persecución de la “quinta columna”, con enfrentamientos no sólo periodísticos entre supuestos aliados, con la plenitud de la “iconografía política” que identificaban República y Revolución. El titular conmemorativo de Nuestra Lucha evidenciaba lo expuesto: “En Octubre de 1937 más firmes aún que en Octubre de 1934” [xxv] .         

Lo dicho explica como, pocos días después del inicio oficial de la contienda, en las calles de Murcia o Cartagena no solo comenzaron a desaparecer la mayoría de valores y modos de vida burgueses (ante el “oficial” espíritu igualitarista y proletarista con la visible generalización de la alpargata y del mono de trabajo); también, y en aras a la legitimidad democrático-proletaria y las exigencias de la guerra, se limitaron la libertad política (se prohibió la afiliación a cualquier movimiento no integrado en el FP), de prensa (se censuraron o incautaron los diarios El Levante Agrario, El Tiempo y La Verdad), educativa (prohibición de la formación religiosa y politización extrema de la pública), económica (intervencionismo, expropiaciones sin indemnización, colectivizaciones legales e ilegales) y religiosa (persecución al catolicismo); todo ello en menor grado que otras regiones de la España republicana, pero con una tipología similar.

Éste era el “verdadero lenguaje” de la retaguardia, la iconografía política de lo que quedaba de la Segunda República; éste fue el lenguaje que, en las tierras murciana, mostraba la naturaleza estrictamente política, pese a ciertos actos de violencia personal o espontánea, de la represión desatada. Las palabras del socialista Francisco Guidel suponen un claro ejemplo: “es evidente que en la provincia de Murcia se han desatado pasiones estos días con motivo de hechos lamentables” [xxvi] .  La genealogía  política y sociológica de la represión republicana se mostró con toda claridad en Murcia, Lorca, Cartagena, Bullas o Tecla; fueron el escenario de ocupaciones de fincas que remitían a febrero de 1936, de la incautación de fábricas conserveras desde el mismo Octubre de 1934, del asesinato selectivo de dirigentes de la oposición conservadora-derechista tras la paramilitarización sindical de julio de 1936, de una persecución religiosa sin precedentes en nuestra era contemporánea (más de 77 religiosos asesinados), de la depuración universitaria de no afectos al Frente Popular, de la censura gubernamental de toda manifestación cultural católica-tradicional, de ataques y cierres de la prensa conservadora (La Verdad sufrió decenas de ataques y tres cierres desde marzo de 1931 a julio de 1936), de la proliferación de la “justicia popular” directa y de la parcialidad ideológica de los Tribunales Populares. Por ello, se hace imprescindible reflejar hechos y palabras no siempre advertidos de esta época convulsa, como cuando en octubre de 1936, durante un mitin cenetista organizado en Murcia (dónde intervino Federica Montseny), el primer ministro de Justicia en el gabinete de Largo Caballero, el  bullense Juan López mostraba a las claras el objetivo declarado de uno de los integrantes del gobernante FP: “Ya no tenemos burguesía, y si la hay, la tenemos que exterminar” [xxvii] .

Varios indicios historiográficos provinciales apuntan en esta dirección. Los 1804 ejecutados que contabiliza Salas Larrazabal [xxviii] o los 740 que atestigua Carmen González [xxix] son un primer indicio de la misma. El desconocido testimonio autobiográfico de un murciano en 1940, el militar falangista Martín Rubio y Hernández [xxx] , nos muestra un segundo y valioso indicio (pese a su evidente filiación nacionalista). El tercer indicio lo encontramos en la presencia de casi toda la clase política provincial no exiliada en las listas de ejecuciones bajo el FP (como Francisco Ortega, presidente de AP en Ricote, Francisco Roca, alcalde de La Unión, o Policiano Maestre, diputado a Cortes por Cartagena); pero mismas listas dónde encontramos un sinfín de propietarios, eclesiásticos, profesionales liberales, intelectuales, militares o simples empleados también víctimas del “paseo nocturno” (o de su viaje sin vuelta al “Pilón”, término de la carretera de Cartagena dónde era ejecutados frecuentemente, dónde se les “daba el paseo”), de la sacas masivas y de los fusilamientos legales, de detenciones ilegales y torturas en checas, de reclusión en campos de trabajo o de expropiación “revolucionaria” de todas sus posesiones. Un cuarto indicio surge del análisis de la prensa frentepopulista del periodo entre 1936 y 1939, dónde el lenguaje político e ideológico señalaba claramente el “enemigo” a eliminar y las formas de hacerlo, insistiendo en un camino bastante alejado de lo que podía quedar del constitucionalismo republicano. Y un quinto y último indicio de este proceso represor, surge de la constatación de la multitud de instituciones y símbolos religiosos que o fueron pasto de las llamas o fueron incautados y ocupados por el Frente popular y las organizaciones sindicales, desde la ocupación del Obispado de Cartagena a la quema de distintas tallas de Francisco Salzillo.

Estos indicios cuestionan las interpretaciones legalistas y espontáneas de la fenomenología de la violencia republicana; además nos ayudan a explicar varios hechos asociados: la colaboración consciente de los republicanistas con organizaciones socialistas y anarquistas que aspiraban alcanzar esa “revolución pendiente”, el registro de los miles de sospechosos que fueron ingresados en prisión o torturados en la checas de Murcia y Cartagena, los cientos de fincas y empresas que fueron expropiadas por “utilidad social” en toda la provincia (visible ya en marzo de 1936), o la total depuración burocrática frentepopulista que alcanzó al mismo primer rector de la Universidad de Murcia, José Lostau, inmediatamente expulsado de su puesto en favor de un comisario político comunista. ¿Por qué un diario conservador y católico como La Verdad, que nunca apoyó a los sublevados ni hizo apología de los mismos, fue incautado por el Frente popular murciano diez días después del levantamiento, convertido al día siguiente en “diario republicano”, y días después prohibido, dejando sus talleres al servicio del diario socialista Nuestra Lucha?, ¿cuál fue ese motivo: sólo una casualidad, una necesidad unificadora o antifascista, o simple y llanamente el no participar de las ideas e intenciones del mismo FP?.

b) El asesinato político: la imagen visible de la represión.

La persecución y el asesinato de naturaleza política es el hecho más visible historiográficamente; hecho que muchas veces elude el análisis del más amplio proceso de control y depuración de la vida política, económica, periodística y social ante los imperativo bélicos, y del paralelo proceso de mutación revolucionaria de la retaguardia republicana. Como hemos visto antes, este fenómeno poseía precedentes evidentes durante la primavera de 1936, pero durante los primeros meses de Guerra el asesinato y represión política se dirigió abiertamente contra todos los posibles miembros de la “clase social dominante”: políticos y ex políticos conservadores,  dirigentes y militantes de formaciones partidistas, y empresarios, propietarios y religiosos no siempre con vínculos e identidades políticas (Rodríguez Llopis recoge a 45 propietarios asesinados, la mayoría en Jumilla, Torre Pacheco, Moratalla, Mula, Yecla y en Bullas, localidad dónde de sus 9 asesinados 3 pertenecían a la misma familia, los Melgareses Marsill) [xxxi].

R. Salas Larrazabal sitúa en 1812 los fallecidos por la represión política del Frente popular en la región (frente a los 855 de la posterior represión nacional), el listado del Santuario de la Gran Promesa de Valladolid recoge 952 “mártires”, la Dirección general de Estadística apunta la cifra de 801 (en función de los efectivamente inscritos en la provincia por muerte violenta entre 1936 y 1940), a 740 asciende para C. González el número de victimas de la violencia durante los tres años de guerra (622 durante los primeros seis meses, 24 en 1937, 10 en 1938, y 61 en 1939), mientras que para la fiscalía de la Causa General aparecen 812 “caídos”. Estas cifras  suponen entre el 4,57% y el 5,25% del índice provincial de fallecimientos por cada mil habitantes (por debajo de la media nacional, un 11,30%), la filiación familiar, la extracción social o la militancia política de los concretos fallecidos y represaliados evidencia el contenido ideológico de la represión, ya que según el propio testimonio del Gobernador civil de Murcia, en los primeros cuatro meses de su mandato se había depurado toda la retaguardia provincial, alcanzándose la cifra de más de 2000 detenidos (entre ellos 200 supuestos falangistas).

En el término de Cartagena, desde el mismo verano de 1936, la violencia política contra los no adeptos al Frente popular adquirió rasgos cercanos a los de las grandes ciudades de la retaguardia. Un historiador actual como Martínez Leal y las memorias de un cartagenero de la época, Martín Rubio, coinciden en definir como “formidable represión” la violencia política desplegada en la ciudad departamental sobre los supuestos militantes del Alzamiento. Esta alcanzó a todos los miembros de los partidos políticos conservadores, de los grupos sociales considerados “reaccionarios”, y especialmente a los religiosos y sus Centros en el municipio. Coinciden igualmente en establecer sus raíces en la primavera del 36, y fundamentalmente en caracterizarla como la manifestación más visible de la eclosión de la llamada “Revolución social” departamental [xxxii] . Las primeras semanas de la Guerra asistieron la vacío político de las instituciones municipales, pasando el poder directamente a manos de los dos Consejos revolucionarios de Cartagena: el del Frente popular y el de la Alianza Obrera CNT-UGT (actuación autónoma e ilimitada solo frenada en parte por la constitución del Consejo municipal el 18 de enero de 1937).

Siguiendo al mismo Martínez Leal y a la “rama” cartagenera de la Causa General [xxxiii] , son 461 aproximadamente los ejecutados durante estos tres años, siendo agosto de 1936 el año de máxima represión, fecha de las ejecuciones en los navíos España nº 3 y Rio Sil. El fusilamiento en el Arsenal de los tenientes de navío Ángel González López y José Tapia Manzanares, la mañana del día 19 de julio de 1936, inició el uso de la violencia política como proyecto político en la ciudad, significada con tres “sacas” multitudinarias de la cárcel de San Antón, con ejecuciones masivas de militares no adeptos, y con la explosión tolerada de la represión anticlerical desde el posterior día 25 (que se llevó la vida de decenas de clérigos, provocó la destrucción de hornacinas callejeras como las de las calles Cuatro Vientos o la Virgen de la Soledad, el retablo de la antigua Catedral, o la capilla barroca del Cristo del Socorro). Tras la constitución del Tribunal popular de Cartagena, el número de ejecutados por el FP descendió considerablemente, aunque la represión ideológica comenzó a crecer de manera imparable hasta cuantificarse 2.160 personas ingresadas en la Prisión de San Antonio por motivos políticos y económicos, amén de miles de sancionados con penas de multa económica o traslados a Campos de trabajo. Los altos niveles de represión en el municipio se explican en parte, por ser uno de los centros portuarios fundamentales del Estado republicano, el segundo enclave de producción de armamento, y porque en Otoño de 1936 desembarcó en su muelle el grueso de las armas soviéticas destinadas a la defensa de Madrid [xxxiv] .

La brutal represión religiosa en Cartagena conllevó la quema, incautación o destrozo de todos los templos del municipio (especialmente significativa fue la actuación contra las Iglesias de Santa María de la Vieja, Santa María de Gracia, Nuestra Señora del Carmen, y la de la patrona de la ciudad, la Iglesia de la Caridad); y llegó al asesinato de 7 párrocos locales: Pedro Gambín Pérez, Antonio Pacual Navarro, Francisco Soler Espinosa, Agustín Delgado Maciá, Antonio Hernández Ruíz y José Martínez Fortuny. Resulta harto significativo como en la ciudad portuaria, 67 de sus políticos conservadores y derechistas fueron ejecutados oficial y extraoficialmente. Esta “represión selectiva” se cebó con la gran mayoría de la clase política desafecta el Frente Popular, entre quienes encontramos a Francisco Roselló Hernández, presidente de la Juventud Católica local, a Juan Dordá y a Antonio Egea, antiguos concejales de la Dictadura, a Eladio Inglés Cutillas, concejal de Acción popular, a Enrique Pedro González, presidente de las JAP, a Adolfo González Amor y Cuellar, fundador de la Falange municipal, a Francisco Dionisio Oliver, presidente local y concejal de AP, a Miguel Carlos Roca, secretario de AP, o a Isidro Juan Martínez, presidente de la Juventud tradicionalista. Como en otras regiones de la España republicana, la violencia política en la Cartagena frentepopulista tuvo sus raíces en el periodo previo. Egea Bruno muestra como la inestabilidad política se remontaba al primer gobierno local socialista-azañista, dónde en sólo dos años se sucedieron nueve alcaldes. La ruptura de la Conjunción favoreció el desarrollo de un clima de crisis social y política, y una especial movilización de la organizaciones obreristas locales, que tras las huelgas de 1932 y 1933, se unieron revolucionariamente en el Frente Único Obrero antifascista (15 de febrero de 1934) y electoralmente en el Frente Popular. Tras el complot comunista en el Arsenal descubierto en agosto de 1934, la primea unión supuso un órdago en toda regla frente al poder radical-cedista y a la propia legalidad republicana (que tras la intervención gubernamental conllevó la destitución del Ayuntamiento y el procesamiento de sus líderes). La segunda, retomando el ideario de la infructuosa tentativa revolucionaria, alcanzó el poder en el consistorio departamental, restituyendo el anterior gabinete, destituyendo a los funcionarios sospechosos y retirando a los mandos militares menos adictos.

Otras localidades de la provincia sufrieron el mismo proceso, aunque con niveles lógicamente más reducidos que en el campo de Cartagena o en la misma capital. En Jumilla, los mismos días 17 y 18 de julio de 1936, “ante la fachada de antiguo Concejo de la villa” fueron ejecutados públicamente dos presos falangistas, Juan Martínez Erasio y Pedro Cutillas Sánchez, y un “propietario” como Constantino Porrás. El día 25, en la misma localidad fueron quemadas varias Iglesias y ocupados decenas de terrenos privados, e incluso semanas después, una pequeña “turba” dirigida por la llamada Tía Leonor (o “la Capitana”) incautaron las imágenes religiosas del Cristo amarrado a la Columna y de la Abuela de Santa Ana (el paroxismo de la primera represión alcanzó a la primera víctima de los “paseos” jumillanos, un ugetista acusado de propinar una paliza a un joven local [xxxv] ). El 26 de julio fue ajusticiado en la Fuente Negra de Yecla, Martín Azorín Martínez, conserje de Acción popular; el 5 de agosto cayó asesinado en la carretera de Pinoso el cura-rector de la pedanía de Raspay, Antonio Martínez Urios; y días después fueron ejecutado en Albacete el arcipreste Francisco Campos Martínez, antiguo párroco de La Purísima, y en la carretera de Jumilla, el exconcejal de 64 años Antonio Martínez Ortega [xxxvi] . Ese mismo mes, en Cieza se atentó contra los templos religiosos, el juzgado, el registro civil, el registro de la propiedad y la notaria. Pero sería el 28 de septiembre de 1936 cuando, en pleno funcionamiento del Tribunal popular, se produjo en Murcia el hecho más significativo: se asaltó la Cárcel provincial y se ajustició a cuatro de sus presos políticos “derechistas”.

c) La represión colectiva: sacas nocturnas, asaltos a prisiones y masas “espontáneas”.

Los “paseos” fueron la modalidad más característica y mayoritaria de asesinato de carácter político y económico en zona republicana, y por ende, en tierras murcianas. Los pueblos, pedanías, partidas y ciudades murcianas fueron el escenario de esta modalidad de ajusticiamiento nocturno, aunque para González en su “toponimia de la violencia”, varios lugares de la geografía provincial fueron seleccionados para ejercer esta “justicia popular”. Conocidas cunetas, cementerios, ramblas y prados fueron el lugar elegido dónde los Comités revolucionarios locales eliminaron a sus enemigos ideológicos (como hicieron el Comité Revolucionario de Puente Tocinos, el Comité del Pueblo de Corvera o el Comité Rojo de Pliego). El disparo en la cabeza y el uso de armas blancas, así como el rociado final de los cadáveres con gasolina, fueron los medios preferentes de asesinato en pueblos de Blanca, Totana [xxxvii] , Abarán, Caravaca, Lorca, Moratalla, Murcia, Torre Pacheco, Mula, Alhama o Cieza. La espontaneidad de dichos “paseos” se demuestra con el asesinato del médico Antonio Miguel de la Peña Seiquer, militante de AP en Espinardo. Tras su detención en Alicante por elementos del Frente Popular de la misma pedanía murciana, fue traído a Espinardo y ejecutado a las doce de la noche en el cementerio. Lo mismo sucedió con el asesinato de dos sacerdotes oriolanos en Beniel por un grupo procedente del mismo pueblo alicantino. En Caravaca, un tumulto “espontáneo” dirigió el asalto del día 2 de octubre de 1936 a la Cárcel del partido y el posterior asesinato de 11 presos políticos “de derechas”. Las Haciendas cartageneras “La Boticaria” y “Lo Soto” fueron escenario el 5 de marzo de 1939 del asesinato colectivo de 61 personas; y en La Unión, tres personas acusadas de “fascistas y católicos” fueron asesinados en la Carretera de Cabo de Palos al Albujón (km. 17) por la 206 Brigada Comunista.

Los hechos más conocidos de “asesinatos colectivos” fueron los sucedidos a bordo de los buques-prisión Rio Sil y España nº 3. Las noticias de supuestas matanzas nacionalistas y el atraque en el Puerto de Cartagena del bombardeado Acorazado Jaime I, fueron el caldo de cultivo o la excusa perfecta para la ejecución extrajudicial de los jefes y oficiales acusados de insurrección en la localidad (España nº 3) y de los Guardias civiles de Albacete (Rio Sil). 10 prisioneros del segundo buque fueron asesinados el día 14 de agosto de 1936 y 25 arrojados al mar esa misma noche, al igual que los 147 del primer buque (los únicos cinco que consiguieron esconderse fueron ajusticiados la mañana del día 15 de agosto). Junto al popular asalto a la cárcel provincial de Murcia en septiembre el 18 de septiembre de 1936, en la misma Cartagena destacó la “saca” de la prisión del partido de San Antón, donde fueron ejecutados 49 detenidos, entre los que figuraban Francisco Barrionuevo Sánchez (jefe local de Falange), José Paez Rios (ex alcalde primorriverista), Antonio Valdivia Gris o Francisco Roca Reyes. En Caravaca, la prisión del Castillo fue asaltada la madrugada del día 2 de octubre, y ejecutados 11 presos políticos a manos de 18 vecinos comunistas y cenetistas. En Totana, la madrugada del día 20 de octubre de 1936, tras el única bomba caída en la localidad (que no ocasionó daños personales), un centenar de lugareños (aproximadamente 140 elegidos de la lista de firmantes del telegrama de pésame por el asesinato de José Calvo Sotelo) fueron sacados de sus casas y agrupados en la Plaza de la República. Tras tres días de presidio sin acusación previa, sin juicio correspondiente y sin registro de entrada en la Cárcel del Partido, sesenta de ellos fueron trasladados a la Cárcel provincial de Murcia.

 d) La persecución antirreligiosa.

Como en la casi totalidad de las provincias bajo control de Madrid, el culto religioso católico murciano fue sistemáticamente perseguido y prohibido. Francisco Medina Ortiz recuerda como su padre fue detenido y suspendido de empleo y sueldo  (era funcionario de Telégrafos) en enero de 1937 por los motivos que contenían su ficha policial: “fanático religioso, comulga diariamente” [xxxviii] . Tras ser declarada públicamente como opresora, hegemónica y pro sublevados, la Iglesia murciana fue objeto de asesinatos selectivos, matanzas colectivas, ofensas rituales y destrozos materiales incalculables; este fenómeno local respondía a una dimensión de la trasformación revolucionaria de la comunidad política española, que en la mayoría de sus versiones, pretendía erradicar al catolicismo, física y culturalmente, de la zona republicana, tras la ofensiva jurídica desatada desde el mismo año 1931 y tras años de propaganda y ofensivas anticlericales de nula legalidad y escasa justificación. Las Piezas 1ª (Estado nº 3), 10ª (Persecución religiosa), 11ª  (Tesoro artístico), 12ª (Tesoro artístico y cultura roja) de la Causa General de Murcia, nos ofrecen amplia documentación sobre un fenómeno que pretendía extirpar de raíz todo lo religioso de las esferas civil y pública murciana.

68 religiosos fueron asesinados, cientos de Iglesias y Conventos atacados, decenas de estos templos totalmente destruidos, casi todos los de Cartagena, siete de la capital (Ermita de San Miguel, Iglesia Parroquial de San Antolín, Iglesia y Convento de Jesús María, Convento e Iglesia de los padres franciscanos) y numerosos en distintas localidades de la Provincia (Iglesias parroquiales de Beniaján[xxxix] Cehegín, Lorca y el Convento de los franciscanos de La Alberca). Además fueron destruidas y profanadas 18 Iglesias, 5 capillas de templos y numerosas casas de religiosas (como las capitalinas Iglesia y Convento de Madre de Dios, Iglesia y Convento de MM. Capuchinas,  Siervas de Jesús, Carmelitas de la Caridad, Terciarias franciscanas, Regulares de Nuestra Señora del Carmen). A ello, se unió la ocupación “gubernamental” de cientos de edificios religiosos, el robo e incautación de miles de piezas sacras, la destrucción de valiosos archivos eclesiásticos y parroquiales, y sobre todo, la propiciación oficial de un clima ideológico abrumadoramente anticlerical en la sociedad civil.

Como es lógico, todo este proceso culminó con la prohibición de toda manifestación pública de religiosidad. A este respecto destacan los distintos bandos del alcalde socialista Piñuela, dónde instaba a la población a no festejar conmemoraciones religiosas al aire libre ni acudir a los cementerios por supuesto peligro de ataque aéreo del bando enemigo; pero para Ruíz Abellán “estaba claro que lo que pretendía el Ayuntamiento es que no se celebrase la Fiesta de difuntos en la región de Murcia” [xl] . Estas palabras mostraban a las claras el objetivo frentepopulista de desaparición de toda fiesta y conmemoración religiosa, que se evidencia con la supresión de facto de las celebraciones de la famosa Semana Santa murciana y de la Navidad, de las cuales no vuelven a aparecer noticias en la prensa provincial. Esta última festividad fue sustituida por la Fiesta del niño (celebrada en nochebuena), destinada recoger donativos, víveres y mantas para el frente militar [xli] . A tal punto llegó la prohibición, que en la pedanía murciana de Santo Ángel, el culto se tuvo que realizar clandestinamente en la pequeña Ermita de San Antonio el Pobre (en plena Sierra de Carrascoy).

La persecución de los Hermanos Maristas fue otro testimonio de esta represión religiosa. Tras ser incautado su colegio en Murcia, para convertirlo en un Hospital de sangre, el 22 de julio fueron arrestados sin orden escrita, todos los miembros de la comunidad de Cartagena. El 30 de agosto les tocó el turno a la comunidad de Murcia capital; sus 42 miembros (trabajadores incluidos) fueron recluidos en la Cárcel provincial sin juicio hasta septiembre, en deplorables condiciones de vida e higiene, y sólo bajo la causa documentada de no mostrar “simpatías” al régimen frentepopulista. Paralelamente, el cura párroco de la parroquia murciana de El Carmen, confeso conservador, fue, como hemos visto, condenado a pena de muerte y ejecutado días más tarde gracias al asalto colectivo a la Prisión provincial; tres religiosos fueron fusilados y torturados en Totana y siete párrocos cartageneros sufrieron semanas más tarde la misma suerte. Ocho sacerdotes fueron ametrallados en las cuestas del Puerto de la Cadena, en la carretera entre Murcia y Cartagena, la noche del 19 al 20 de octubre de 1936, junto a tres seglares del Asilo Nuestra Señora de la Fuensanta (situada en la plaza San Juan); meses antes se asesinó públicamente al mismo fundador del Asilo, el reverendo Antonio Gallego Arellano (14 de agosto).

En Lorca fueron fusilados seis religiosos de los hermanos de las Escuelas cristianas del colegio San José, junto al sacerdote de la parroquia de Santiago en un Coto minero a cinco kilómetros de la localidad (tras ser enjuiciados por el Tribunal número 2 de la Provincia bajo presidencia de Lino Martín Carnicero) [xlii] ; mientras todos los Hermanos Salesianos fueron arrojados a un pozo de de cal tras ser ajusticiados [xliii] . < Este proceso anticlerical, como demuestra Carmen González, se concentró en los primeros cuatro meses de la Guerra civil, paso previo a la institucionalización de los procesos políticos y sociales, consiguiendo con ello una total sumisión y represión de las organizaciones religiosas eclesiásticas y seglares. En este sentido, Mula, Pliego, Los Alcázares, Lorquí, Villanueva (la Iglesia  de Nuestra Señora de la Asunción) o Abanilla vieron como milicianos del heterogéneo Frente popular local o alentaban o directamente dirigían la destrucción de sus símbolos religiosos en esas semanas iniciales. El caso del seminarista José Antonio Navarro Rincón fue un claro ejemplo. Movilizado por el ejército republicano el 24 de septiembre del año 1937 fue detenido, interrogado y maltratado por sus superiores en el Frente de Aragón, y condenado a muerte en juicio sumarísimo por la fidelidad expresada a sus convicciones religiosas (fue ejecutado en el pueblo zaragozano de Vedado de Zuera)[xliv] .

Esta destrucción física y material directa corría paralela de una represión ideológica y simbólica que testimoniaba de manera más evidente la opción antirreligiosa de los grupos de la coalición del Frente Popular murciano. La República en Murcia se autodefinía, por su lenguaje y por sus actuaciones, no como laica, sino como antirreligiosa, definiendo al Obispado de Cartagena como la “Reacción”. La profanación de espacios y símbolos católicos llegó al extremo cercanos al paroxismo: destruir la cruz central del cementerio municipal de Murcia y derruir las paredes que separaban a católicos y no católicos; vaciar de los nichos de la Catedral a los Canónigos y Beneficiados y poner en su lugar a los Brigadistas internacionales caídos, amén  de situar sobre sus nuevas tumbas los símbolos revolucionarios al uso: el martillo y la hoz[xlv] ; o profanar y eliminar los cadáveres de varias religiosas en proceso de beatificación como Sor Mariana de S. Simón y Maria Ángela Astorch, o del mismo mártir San Teodoro (al que previamente se arrastró públicamente). Incluso, desde el propio Ayuntamiento de Murcia, regido por el socialista Piñuela, se aprobó en septiembre de 1936 dinamitar el Sagrado Corazón de Jesús del Castillo de Monteagudo, situando en su lugar un monumento a la “Libertad o a la República”.

Estos hechos atacaban directamente el legado histórico-artístico no solo de la Iglesia, sino de la propia región, llegando a ser expoliado o destruido de manera notable el tesoro eclesiástico de reliquias, obras de arte o monumentos. La cifra de más de 200 pinturas, de más 300 esculturas, y de aproximadamente 43 archivos bibliográficos lo demuestra. Los días 14 de agosto de 1936 en Lorca y el 25 de julio del mismo año en Cartagena fueron los dos momentos de máxima intensidad en el saqueo, quema o destrucción del patrimonio de Capillas e Iglesias. Pese a los intentos del alcalde de Murcia o de distintos vecinos, la importancia de lo sucedido se pone en evidencia con la constatación de la destrucción o desperfectos a obras artísticas de gran valor, realizadas por nombres tales como De Bussi, Camacho, Sistori o Salzillo. A la destrucción de elementos materiales y simbólicos, se unió la de amplios recursos archivísticos y documentales, ya que en estos días desaparecieron textos incunables, códices y manuscritos de imposible recuperación y de imposible reconstrucción. En este punto destacan los ataques a los archivos parroquiales de Santa Eulalia, San Bartolomé, El Carmen y San Pedro, o al Archivo de la Curia eclesiástica y de las Pías Fundaciones del Cardenal Belluga.

Otro símbolo del proyecto político frentepopulista en la Provincia, y de sus paralelas necesidades bélicas, se nos manifiesta con las ocupaciones y transformaciones oficiales de las instituciones religiosas; o lo que es lo mismo: secularización y politización de los espacios religiosos murcianos. En Mazarrón, todos los edificios religiosos fueron incautados y vaciados interiormente en agosto de 1936, siendo convertidos en depósitos de alimentos y armas (la Parroquia de San Antonio fue el nuevo almacén de la Comisión de Abastos, y la de San José en el Puerto fue el nuevo alojamiento de la Fuerza del regimiento naval 1). En Campos del Río, su Iglesia parroquial se utilizó desde julio de 1936 como centro de refugiados (como la Iglesia de la Maravillas de Cehegín, centro de alojamiento de refugiados en Málaga), en Torre Pacheco como deposito de material bélico, en Albudeite como almacén y cárcel, en la Torres de Cotillas como Casa del Pueblo de la UGT (al igual que la Iglesia de la Concepción de Alhama). Caso paradigmático fue el de Moratalla, dónde la Iglesia de Santa Ana se convirtió en la sede la CNT local, Nuestra Señora de la Asunción en la del taller carpintero para escuelas, San Francisco en la del almacén de víveres del Consejo de Administración de Fincas Rústicas, y La Rogativa en la de la Escuela nacional. Y en Murcia, las ocupaciones adquirieron rasgos paradigmáticos: el Palacio episcopal fue la nueva sede de la UGT local, el Seminario de San Fulgencio paso a manos de la CNT, la Parroquia del El Carmen fue el nuevo Almacén de aviación, el Convento-Iglesia de la Merced de trasformó en la sede del FUE, la Parroquia de San Antolín fue el lugar para Radio Lenin y el Cuartel de Pioneros Rojos, el Convento de Santa Ana se modificó para albergar el Asilo de la Asistencia social del FP o el taller de confección de carteles de propaganda, o la Parroquia de Santa Eulalia fue la sede del Servicio de transportes.

e)   Incautación y colectivización “popular”: expropiación rural e industrial.

A la eliminación física de los máximos dirigentes o personalidades de la “derecha” murciana, se sucedió, de manera paralela, un proceso de intervención socioeconómica de las organizaciones obreristas, especialmente en el campo murciano (al margen o con el respaldo del Gobierno civil). Las primeras ocupaciones ilegales de fincas, industrias y edificios públicos (incluidos los religiosos), fueron sancionadas y continuadas por un proceso de legalización de los “hechos consumados”, controlado institucionalmente por los mismos responsables o incitadores del primer proceso: las organizaciones políticas y sindicales del FP. El cambio de dirección de la contienda bélica en contra de los intereses frentepopulistas, y la necesidad de mantener la fachada “legalista” sobre todo tras la creciente presencia comunista y anarquista en el gobierno,  hacía imprescindible un proceso de control y unificación de la socialización de “los medios de producción” acelerada entre julio y septiembre de 1936 (pese a que el Ministerio de la Gobernación dictó una Orden al Gobernador civil de Murcia, el mismo 28 de julio, para que los alcaldes murcianos publicaran bandos prohibiendo todo tipo de asesinatos o incautaciones).

“Ensayar sistemas revolucionarios antes de ganar la guerra es favorecer la victoria del enemigo” proclamaba Nuestra Lucha, cuando en numerosas partes de la España republicana la transformación revolucionaria de la propiedad era un hecho irreversible. Tanto en la España como en la Murcia republicana, el levantamiento militar fue la excusa perfecta para las organizaciones sindicales y políticas de izquierda, que la aprovecharon para lanzarse a una revolución que tuvo en la socialización de la propiedad uno de sus pilares esenciales. El cuestionamiento absoluto y relativo del marco del derecho de propiedad en los primeros meses, situó a la fracción republicanista en minoría frente a las masas encuadradas en la izquierda política y sindical, que cuestionaba tanto la composición de los gabinetes de Casares Quiroga y Giral, como el respeto a lo que quedaba de las garantías constitucionales previas. Tras la primera incautación de las propiedades de los “desafectos al régimen” y la creación forzada de las primeras colectividades (ya iniciadas en febrero de ese mismo año), la llegada de Largo Caballero al poder frentepopulista en 1937 supuso un intentó de proseguir con la socialización del agro y de la industria pero bajo control frentepopulista. Las necesidades bélicas y diplomáticas debían conciliarse con el mayoritario programa político-social de los miembros del FP, dejando en un más que precario equilibrio la legalidad republicana entre la revolución socioeconómica izquierdista y la rebelión militar derechista.

El fenómeno antes descrito se desarrolló casi miméticamente en la Provincia murciana, especialmente en el predominante sector agrario. En razón de utilidad social y necesidad militar, fue incautada una gran extensión de la propiedad agrícola regional, siendo afectados esencialmente los definidos como enemigos de la República y beneficiados aquellos autodefinidos como continuadores del régimen nacido en 1931 (UGT, PSOE y CNT). En este sentido, suponía una continuación casi literal de las primeras ocupaciones ilegales permitidas por el murciano Ruíz Funes en el Ministerio de Agricultura (difíciles de cuantificar en la región y por el control azañista de la prensa). Entre 1936 y 1938, en el campo murciano se expropió casi el 23% de la superficie útil (260.060 ha. sobre 1.086.528 ha), representando la ocupación por motivos políticos el 58% del total, la ocupación colectiva el 29, 99% (la agricultura colectivizada llegó a 122 colectividades, de ellas 53 de la UGT, 59 de la CNT y 10 de carácter mixto) y un 19,73% “por la fuerza de los hechos”; un proceso que provocó una transformación radical antes desconocida de la estructura socio-económica de la provincia, al no atacar el inexistente problema del latifundismo, sino al cuestionar la supervivencia y productividad del mayoritario y tradicional minifundismo local (lo que explica los decretos del comunista Vicente Uribe, sucesor de Ruíz Funes al cargo del Ministerio, sobre los límites de expropiación: 30 ha. en secano, 5 ha. en regadío y 3 ha. en huerta). Dos claros ejemplos de la intención política del proceso lo encontramos en la finca rústica Arboleda (Lorquí) expropiada al ex ministro Juan de la Cierva y Peñafiel ya el 17 de marzo de 1936, acusado a la sazón de “servidos de la causa fascista”; y en la pugna entre comunistas y el Sindicato agrario de Bullas por la conformación de un frente común en las formas de incautación y colectivización de las fincas del pueblo.

En la huerta de la Vega media del Segura, las incautaciones comenzaron el mismo día 17 de marzo de 1936, al calor del Decreto nacional de 3 de marzo que permitía a los Ayuntamientos “rescatar” los bienes comunales y la expropiación sin indemnización por razones de “utilidad social” (el cual justificaba de hecho las incautaciones previas, de más de 572.055 ha sólo entre marzo y julio de 1936). Tras la disolución del Comité de Hacendados, cuyos miembros fueron encarcelados o expropiados (Asensio Illán, Viudes Guirao, Escribano Guixé, Alarcón Gambín, Gálvez Lucas y Llanos Jiménez), la quema de los archivos de la Junta de Hacendados, y sin ningún control del IRA (Instituto de Reforma agraria), la expropiación y reparto de las tierras respondió desde un primer momento a los objetivos de las organizaciones obreristas, como los casos caso de la incautación a manos de la UGT-CNT de la finca de Luisa García Levasseur en Churra y de la de Juan Serón Rolandia en Lobosillo. Las primeras disposiciones oficiales se referían a incautaciones “por abandono”, por lo que se omitieron conscientemente en los Boletines oficiales de la provincia hasta junio de 1937 los nombres de los propietarios de estas iniciales expropiaciones. A partir de esta fecha, los expropiados fueron genéricamente definidos como “enemigos del régimen” (siguiendo la circular del 27 de enero de este año a instancias de los Comités murcianos, por la cual el Ministerio de Agricultura publicaba que “los arrendatarios de fincas rústicas que el 19 de julio pertenecían a personas que han sido declaradas facciosas, quedaban en propiedad de la tierra en usufructo”, lo que de facto sancionaba las expropiaciones anteriores. 164 propietarios y sus cónyuges perdieron sin indemnización sus bienes, entre ellos republicanos moderados como el independiente de derechas José María Guillamón, Adrián Viudes Guirao de la CEDA, o José Moreno Galvache de la Unión republicana (cuyos terrenos expropiados no llegaban, según el Libro de Repartos de la Junta de Hacendados, a las 2 ha. o 18 tahullas).

Sólo el 30% de las tierras incautadas fueron debidamente legalizadas por el IRA, y más del 20% cayeron en manos de colectividades cenetistas y ugetistas (que un informe del IRA de 8 de agosto de 1938 calificaba de “malas”, junto a las de Albacete), quienes las constituyeron de forma notablemente expeditiva, tal como refleja la siguiente certificación dirigida al Gobierno civil: “Excmo. Sr.: Como Secretario del Sindicatos Agrícola de Cabezo de Torres, certifico: Que la Junta general extraordinaria celebrada en el día de la fecha y a las ocho y media de la noche, acordó este Sindicato por unanimidad incautarse de todos sus productos agrícolas dentro de una colectividad entre sus asociados. Y para que conste para sus efectos legales se lo comunicamos a V.E. cuya vida se prolongue muchos años para bien de la república. Cabezo de Torres, a veinte de octubre de 1936.- Vº. Bº, firma y rúbrica del vicpresidente del sindicato, Juan Muñoz y del secretario, Fernando Muñoz”. A los nuevos propietarios y arrendatarios, dichas Comisiones y Colectividades bajo control sindical fueron exigiendo importantes “contribuciones económicas” para la causa, pese a que la Delegación provincial para la Reforma agraria negaba la autorización para las mismas; muchos de estos nuevos propietarios, o bien se quedaron con las nuevas tierras recibidas para que no cayeran en manos de las Colectividades, o siguieron colaborando con los antiguos propietarios, o denunciaron a estos para hacerse con las propiedad en exclusiva (incluso sometiéndolos a la miseria económica). En total, y siguiendo las conclusiones de Ayala, fue expropiada más de la cuarta parte de la huerta murciana, pese a las públicas discrepancias de la minoría gubernamental (Unión republicana e Izquierda republicana); la denuncia del mismo Gobernador civil Romero Cochinero, que el 15 de mayo de 1937 apuntaba la existencia de numerosas denuncias por incautación ilegal de fincas y rústicas urbanas bajo la inacción de la autoridad pública, hechos que definía como “asaltos y saqueos”; o la información del comunista Unidad sobre el caso omiso que las mismas organizaciones político-sindicales hacían de las instrucciones ministeriales y de la exclusiva notificación al IRA de dichas expropiaciones por la necesidad de prestamos estatales para cultivar las explotaciones.

Aunque a un nivel menos intensivo que en el campo, la industria y el comercio provincial sufrieron notables procesos de incautación y colectivización ajenos, en su gran mayoría, a exigencias diferentes a las establecidas por la actividad militar. El informe de 1940 de la Cámara de Comercio de Murcia presentaba 179 denuncias, que aún repartidas por toda la geografía provincial,  51 pertenecían a Murcia capital y 18 a Alcantarilla; su tipología señalaba 108 incautaciones, 49 requisas, 15 controles obreros, 4 colectivizaciones y 3 intervenciones; sus autores mostraban 38 del FP, 18 de la CNT, 16 de la UGT, 12 del conjunto UGT-CNT, amén de 5 por las Casas del Pueblo y 9 de los Comités de incautación locales; y en cuanto a los sectores, la industria (79), el comercio y los transportes fueron los sectores más afectados. A estos procesos de violación y transformación de la propiedad privada, más propios del proceso revolucionario “institucional” que de la defensa de la “legalidad”, se unieron los Comités de control en manos de la UGT. A través de ellos se intento intervenir en la fábrica ciezana “Géneros de Punto S.A.”, se socializaron todas las empresas del ramo de la manera en Alcantarilla, y se controló sistemáticamente todas las actividades comerciales a través del Sindicato Provincial de transportes. El punto final se sitúo en la aprobación de las Bases Reguladoras de Control e Intervención Obrera, documento programático que sancionaba la creación de Comités de control en todas las industrias de guerra, coordinados mediante un Comité de control Central del FP. A partir del mismo, las incautaciones y socializaciones se difundieron por toda la geografía provincial, siendo dirigidos dichos Comités en cada localidad por la organización sindical predominante, con el apoyo directo de las fuerzas policiales y militares en la intervención de sectores esenciales (transportes, hoteles, fundición de hierro o abastos), y con el respaldo legal del FP en la incautación, socialización y creación de cooperativas (como en el caso de Cartagena, dónde en noviembre de 1936 se sancionaban las ocupaciones de los Comités de Incautaciones socialistas, como las del Círculo Obrero Socialista, la Sociedad Obrera o la Sociedad de Obreros Mineros “La Realidad”) [xlvi] .

f)    El modelo comunista: de las Checas al SIM.

Las prisiones clandestinas en Murcia, conocidas a nivel historiográfico como “checas”, salieron a la luz pública, casi dos años después de su creación. El 14 de abril de 1937, la principal checa de la capital murciana, situada en calle Frenería (anteriormente en la calle Trinquete), fue denunciada por Fernando Piñuela, alcalde capitalino y secretario de los socialistas murcianos, al Ministerio de Gobernación; a su juicio era un centro de detención ilegal y de continuas torturas físicas y psíquicas a los allí recluidos. Creada a instancias de la dirección del PCE en Murcia, se encontraba dirigida por Ramón Torrecillas y Domingo Ranchal (agentes comunistas de 3º provisional), y bajo el control de los distintos Gobernadores civiles, los también comunistas Cabo Giorla y Antonio Petrel. Esta cárcel ilegal funcionaba de manera independiente de la Comisaría municipal, y Torrecillas actuaba como Delegado provincial de la Dirección general de seguridad (controlada a nivel nacional por el también comunista Santiago Carrillo).

Tras las denuncias de los medios anarquistas (las únicas publicadas), salió a la luz una realidad ocultada durante mucho tiempo: 60 fueron aproximadamente los detenidos, la mayoría fueron torturados y muchos de ellos acabaron desaparecidos (entre ellos Antonio Clemares) o ingresados directamente en el Hospital provincial; además, sirvió como medio de atemorizar a significados sectores de la sociedad murciana, y en muchas ocasiones medio de confiscar hasta sus objetos más personales. La posterior intervención judicial obligó a trasladar, que no liberar, a los detenidos de la “checa” a la misma Comisaría (entre ellos, José Alcaraz Bernal, Adrián Luis Viudes, Alfonso Ros Zapata y Ángel Sanz Pérez). La de Cartagena, repartida en varios locales políticos del centro urbano (sedes de Alianza Revolucionaria en Plaza Castilla o del PCE en Plaza de España), repitió el mismo plan de interrogatorios, torturas y reclusión que la de Murcia.

La existencia de ambos centros a las alturas de mediados de 1937 demuestra o bien el escaso funcionamiento o bien la complicidad de los Tribunales populares. La madrugada entre el 2 y el 3 de agosto de 1937, fueron detenidos más de veinte lorquinos registrados en una supuesta lista de miembros de Falange, siendo sometidos a brutales interrogatorios por los líderes chequistas Ranchal y Torrecillas. Tras veinte días de arresto sin juicio en Murcia, cuatro de ellos fueron condenados a pena de muerte por el Tribunal de Alta Traición y Espionaje de Barcelona, siendo condenado uno de ellos a seis años en el Batallón de trabajo, y siendo ejecutados finalmente dos de ellos (Carmelo Sánchez Manzanares y Francisco López Martínez). Ante toda esta historia, Eusebio Serrano señalaba desde el PC murciano que “hay un hecho: se ha maltratado a unos fascistas. Nosotros no vamos a defender los malos tratos, pero la verdad es que han sido unos fascistas”[xlvii] . Esta institución no sólo reflejaba el plan de sistemática represión “antifascista” ejecutado por las organizaciones comunistas locales, sino las profundas luchas por puestos políticos entre los distintos grupos de la Alianza Obrera. El dirigente socialista Álvarez Castellanos denunció como su cuñado fue detenido y torturado por la checa murciana, los socialistas pedían la dimisión del Gobernador Petrel por el conocimiento de estos hechos, y los anarcosindicalistas atacaban por ello al comunismo murciano. A raíz de esta denuncias, las “checas” de Murcia fueron clausuradas y sus responsables parapoliciales fueron encarcelados, pero no hubo ni hubieron responsabilidades políticas para los inductores y responsables últimos de las mismas. Durante un mes, las Juventudes Libertarias fueron desgranando las actuaciones y ciertas responsabilidades de los chequistas comunistas de Murcia.

El artículo del 9 de abril de 1937, “La Inquisición en el banquillo de los acusados”, atacaba directamente a la dirección del PCE murciano y del mismo Gobierno civil (en manos comunistas), y el del día 11, “Ha sido detenido el jefe de la checa murciana: ¡Justicia, justicia y justicia¡” ponía nombre y apellidos al primer nivel de responsabilidades. Tras numerosos artículos igualmente críticos, el vicepresidente del Consejo Provincial, Norberto Pérez, decidió echar tierra sobre el asunto con justificaciones peregrinas: considerando que esta campaña periodística ayudaba al crecimiento de los miembros de la Quinta columna y afectaba sobremanera a la unidad antifascista.

Pese a la difusión de estos hechos (solo en portada de Confederación), el comunismo murciano seguía declarando que marcaba el “camino de la unidad antifascista”, defendía la unidad de medios y fines con el socialismo regional, y apoyaba claramente la “represión antifascista”. Todo lo anterior indica como se constituyó, desde inicios de la Guerra, en instrumento tolerado de represión de la organización comunista en la región, y resultado directo de su progresivo control absoluto de los mecanismos de seguridad y control del orden público en España y en Murcia. Ante la ofensiva comunista contra en POUM, sólo los anarcosindicalistas de la provincia denunciaban el “chantaje moral” de los “bolchevizantes”[xlviii] . En este sentido Eusebio Serrano, secretario general del comité político del PC, declaraba también: “Y ahora decimos a los fascistas de Murcia: Que no canten victoria. De lo que se está dando cuenta todo el mundo es de que hay una Quinta columna”, por lo que se hacía imprescindible “la depuración de mando y mucha limpieza en la retaguardia”. Este proceso hacía imprescindible superar todo tipo de formalidades legales: “¡Hay que compadecer a los pobrecitos fascista de Murcia y nuestros soldados aguantar aunque se mueran día a día!. En nosotros no puede haber más que un anhelo, una actitud: aplastar al fascismo en el frente y en la retaguardia. Hay que estar vigilado”, siguiendo claramente el modelo soviético: “hace 19 años que Rusia ha realizado su victoriosa revolución socialista y los troskistas todavía hoy luchan organizativamente contra el poder soviético”. Este mismo líder hacía suyas las palabras del camarada Antonio Cañizares: “no basta con decir a los fascistas no pasarán. Hay que decir: pasaremos por encima de sus cadáveres. Si hay que asesinar, si hay que asesinar a su mujeres, a sus hijos, hay que hacerlo, porque si nosotros caemos, nuestros hijos no encontrarán piedad tampoco de ellos”. Incluso celebraba la actuación del gobernados Petrel en este tema: “el camarada Petrel ha tenido también planteado el problema de la Quinta columna y el camarada Petrel ha una gran obra de depuración”. En términos similares se pronunciaba Ramón Blasco, rechazando la consideración del PC como “elemento de terror”, y defendiendo la unión política y sindical entre comunistas y socialistas en un “partido único del proletariado”.

Conectada con los anteriores organismos, en agosto de 1937 apareció el Servicio de información militar (SIM), con la misión declarada de la “depuración revolucionaria” entre la oficialidad militar y la no declarada investigación de posibles civiles “contrarrevolucionarios”. Desde sus dos centros en Murcia (carretera de Espinardo y Caja de Reclutas de Murcia), en Cartagena (Ministerio de la Marina y Castillo de la Atalaya) y en las delegaciones locales (Águilas, Calasparra, Caravaca, Lorca y Moratalla), aplicaron métodos extremadamente violentos en los interrogatorios sobre presuntas actividades de conspiración o espionaje, que sufrieron entre otros el agente comercial Mamerto Melgarejo Cánovas, el médico José Romero Font o el agente del SIP de la Marina José Ladiñán López. A inicios de 1937, los conflictos entre anarquistas y comunistas llegaron a tal punto a nivel nacional, que El Liberal publicó en portada un “Manifiesto” firmado por Díaz y Vázquez por el “triunfo del proletariado sobre los enemigos seculares”. Este mismo diario recogía los discursos pronunciados por los comunistas Mejías, Félix Montiel y Cabo Giorla en el Teatro Circo de Murcia, auténtico resumen programático de las intenciones del partido marxista-leninista con respecto al destino de las instituciones republicanas en España, y por tanto en Murcia. Aurora Mejías apostaba por una educación femenina exclusiva en el seno de las organizaciones y sindicatos obreros; Félix Montiel sumía la necesidad de una unificación comunista de todas las asociaciones obreras y de vinculación total con la línea soviética de la III Internacional, y la intención de convertir al socialismo obligatoriamente en un “partido bolchevique”; mientras el Gobernador civil, Cabo Giorla, defendía “que no puede haber contradicción entre el Frente popular y un militante del partido comunista”[xlix] .

g) Depuración e intervención: los conflictos en el seno del Frente popular.

El conflicto político afectó como es obvio al mismo seno del FP. Tanto la “declaración de hostilidad” contra el enemigo ideológico como las meras luchas partidistas, condicionaron el funcionamiento institucional de la “alianza antifascista” murciana. La depuración interna de los organismos frentepopulistas y de las institucionales municipales y provinciales bajo su control, fue uno de los puntos que mejor refleja la muy limitada asimilación frentepopular-democracia. El mismo funcionamiento paralegal de “las checas” puso de manifiesto la desunión organizativa del FP y de las disidencias internas existentes en seno, visibles desde principios del levantamiento, y que para el Gobernador civil Salvador Sánchez Pérez, mostraban que este organismo nunca estuvo a la altura de las circunstancias: escasas relaciones con los poderes municipales, descoordinación entre sus miembros, autonomía casi absoluta de sus sindicatos y partidos, duplicidad de funciones, y escaso control de los procesos represivos y depurativos.

Al respecto, el mismo Consejo provincial de Murcia, creado el 23 de diciembre bajo la presidencia de Norberto Pérez Sánchez (Izquierda republicana) fue escenario visible de las luchas y rivalidades entre las organizaciones autónomas del FP provincial, de la multiplicidad de organismos de intervención (estatal, sindical, frentepopulista, municipal, etc.), y del vacío de poder ante una acción político-sindical paralegal no exclusiva de los primeros meses. Las divergencias no solo afectaba a funcionamiento institucional del FP, sino a la misma cosmovisión ideológica antifascista. A nivel doctrinal, mientras los comunistas buscaban a toda costa iniciar un proceso de unificación tendente a un Partido único revolucionario y marxista, los socialistas apostaban por Comités de enlace ante la realidad de las JSU y el trasvase de miembros al PC, y los anarquistas un simple “Frente popular, antifascista y revolucionario” que preservara su funcionamiento autónomo[l] .

Pese a las declaraciones conjuntas de “hermandad obrera” o de “unión antifascista”, nos encontramos con numerosos ejemplos de lo dicho: en las luchas intestinas por el control del Gobierno civil entre socialistas y comunistas (estos últimos minoritarios, pero que tuvieron a los dos primeros gobernadores durante la Guerra); la actuación de la Consejería de transportes, limitada realmente ante el control efectivo del área por la CNT y la UGT, centrales sindicales que reivindicaban su monopolio en la gestión de la obras públicas, de los puestos de trabajo o del suministro de víveres (llegando a existir hasta tres comisiones de Abastos en la capital: provincial, municipal y frentepopulista); en la libertad de cada FP local y cada organización político-sindical en creare sus propias asociaciones profesionales (llegando a existir 80 sindicatos agrícolas en la provincia en otoño de 1936); en la depuración de  los funcionarios de la anterior Diputación, sustituidos por aquellos sumariamente fieles al Frente popular (como hemos atestigua Carmen González en el Ayuntamiento de Murcia). Esta depuración llegó a la expulsión “por indeseable” del militante comunista Ricardo Ramón Chafer, acusado de atacar en nombre “de intransigencias revolucionarias” a los redactores de Nuestra Lucha y a miembros del PSOE por negarse a la unificación obrera. Ante la crítica contra estas organizaciones, desde el periódico citado se le atacaba de “cadáver político” despreciable, y advertía lo siguiente: “pero no desesperamos de ver pasar, todavía, muchos cadáveres de tal calaña”[li] .

Este doble (y hasta triple) autoridad político-social conllevó importantes enfrentamientos entre sindicatos y partidos supuestamente aliados, llegando al punto de que, como en Lorca, a mediados de agosto del año 1936 las riñas entre ugetistas y cenetistas acabaron con el asalto al cuartel militar, a varias iglesias y a la central telefónica; como en Cieza, dónde en noviembre de 1936 sucedió un encuentro armado entre los anteriores grupos por la representación en el ayuntamiento; o como en Murcia, dónde los anarquistas se retiraron del Tribunal popular por su desacuerdo con los procedimientos del mismo, y se retiró el nombre de “La Pasionaria” al Barrio de El carmen tras el golpe de coronel Casado. En noviembre de 1936, el Sindicato de oficios varios de la CNT en Fortuna denunció ante el Comité nacional del sindicato el ataque comunista a su sede local, provocado a su juicio por su intención de participar en el poder municipal y sus denuncias de fascista sobre el alcalde socialista del pueblo. Los anarcosindicalistas volvieron a denunciar, esta vez el Sindicato único de las Fuerzas armadas de Cartagena, la persecución del Gobernador civil comunista, al que tildaban de difamador, represor y monopolizador (el cual llegó a encarcelar y desterrar a algunos de sus miembros en las Fuerzas Armadas). También el Sindicato de alimentación cenetitsta volvió a denunciar a Petrel por convertir en 1937 al Gobierno civil en sede y órgano del PCE. En Julio de 1937, desde Confederación se alertaba sobre la estrategia de dominación comunista: “el pesebre y los afanes de caudillaje llevan a muchos a sentirse antifascista hasta el delirio. Todo antifascismo se reduce a mangonear y zancadillear, haciendo trampas a troche y moche”[lii] .

Cartagena fue en este punto ejemplo otra vez de las contradicciones inherentes al pacto republicano-izquierdista. Desde la misma formación electoral del Frente Popular, los republicanos moderados se sintieron, como señalaba el mismo Antonio Ros, cada vez más desilusionados de la vida pública nacional y local. Frente al crecimiento paralegal sin control alguno por parte de las milicias sindicalistas desde febrero de 1936, el mismo Antonio Ros o Bonmatí intentaron defender infructuosamente el funcionamiento constitucional y democrático de la corporación local. Las numerosas depuraciones en el ayuntamiento cartagenero eran denunciadas por los republicanos reformistas pero no paralizadas. Como recoge Francisco Franco Fernández, dentro del clima prebélico de julio de 1936, “dentro de las propias filas republicanas detectamos dos posiciones: por una parte la defendida por aquellos que como Alejandro del Castillo otorgan un apoyo firme a los socialistas, y por otra parte los del grupo político cercano a Antonio Ros, enfrentados desde siempre con aquellos y defensores de la justicia y la legalidad republicana por encima de todo”. Este historiador recoge el proceso de alejamiento de grupo moderado y legalista, con la expulsión de la vida municipal de Casimiro y Severino Bonmatí, críticos con “el ostracismo y menosprecio sistemático al que estaban sometidos los católicos practicantes, por parte del círculo político encabezado por los socialistas Amancio Muñoz y Jesús López Lorente, al que Antonio Ros calificó años más tarde de un siniestro peluquero socialista, semianalfabeto y vesánico que, durante una revuelta se impregnó las manos de sangre con horrendo frenesí”. La radicalización de la política municipal frentepopulista semanas antes del Alzamiento, se llevó por delante a gran parte de la opción republicana moderada, tradicional detentadora del poder de la Corporación cartagenera desde 1931, sobre todo tras el nombramiento de López Lorente como primer teniente de alcalde y presidente del FP local, al que el republicanista Antonio Ros “tenía por el más nefasto de los políticos cartageneros” [liii].

Junto al asesinato y al exilio de destacados funcionarios considerados “desafectos”, las instituciones municipales y provinciales murcianas sufrieron un rápido proceso de depuración ideológica, al pasar estas al control directo y exclusivo de las organizaciones frentepopulistas. Iniciado, como en el caso de Totana, días después de las elecciones de febrero de 1936, el Decreto de 2 de agosto de 1936 de la Presidencia del Consejo de Ministros, autorizaba cesar a los Gobernadores civiles y a las Corporaciones locales a los empleados municipales que “hubiese tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del régimen”. En Cartagena, este proceso adquirió una mayor intensidad, por ser epicentro de las acciones militares desde su Puerto y su Arsenal, tal como denunció tímidamente el ya citado Antonio Ros. La Gestora municipal de esta ciudad se encontró formada exclusivamente, desde el día 29 de julio, por miembros del FP (y un solo independiente); esta se vio totalmente sometido al ejercicio real del poder de organismos paralegales nada democráticos como el Comité del Frente Popular y el Comité de la Alianza Revolucionaria; y las milicias sindicalistas y políticas ejercían la justicia popular y la socialización económica.

El Comité del FP, creado el mismo día 18, se convirtió en el verdadero factotum de la vida local. Dirigido por el socialista Jesús López, contaba con facultades casi absolutas y con ausencia total de control legal o democrático. Mientras se eliminaba y depuraba a los “facciosos” de Falange, Acción popular o Renovación Española, la política municipal pasó a manos definitivas de las organizaciones obreristas. En el nuevo Consejo Municipal de 14 de enero de 1937, patrocinado por el gobernador provincial comunista Petrel, sólo aparecían tres miembros republicanos. Si durante la II República las principales instituciones cartageneras estuvieron en manos de republicanos (azañistas, radicales o socialradicales), en los años de Guerra estas pasaron a manos de la izquierda revolucionaria. Los dos alcaldes fueron socialistas (Semitiel y Soler Pallarés) y los tenientes de alcalde terminaron siendo militantes de las fuerzas “parlamentarias” UGT,  CNT y FAI. Como ocurría en el gabinete central (en Valencia primero y después en Barcelona), en la provincia de Murcia se completó el  heterogéneo proceso de transformación revolucionaria de la España republicana, con el ascenso a las instituciones sin elecciones previas ni mandato constitucional de las fuerzas de la izquierda radical.

El Ayuntamiento de Murcia siguió al pie de la letra las directrices gubernamentales, criticando como “caciquil” la gestión radical-cedista anterior, y desplegando un proceso de total depuración del funcionariado local. El 31 de julio de 1936, la moción del socialista Francisco Gilbert pretendía la “eliminación de aquellos funcionarios (...) que se hayan caracterizado por sus actividades francamente antirrepublicanas, hayan  realizado campañas contra el gobierno legítimo de la República o hayan contribuido de cualquier modo a exaltar la sedición fascista”[liv] . La Comisión depuradora dirigida por el alcalde Piñuela, entre agosto y septiembre de 1936 completó la destitución de todos los acusados de “desafectos al régimen”, entre ellos administrativos como Jacinto Serrano Miró, subalternos como Ginés García Moreno, o el arquitecto municipal José L. de León y Díaz. Este proceso fue lógicamente culminado con la sustitución de los depurados por miembros incondicionales del FP, tal como rezaban las dos propuestas siguientes: una de diciembre de 1936 sobre “ascenso en el escalafón que corresponda, a los funcionarios que por pertenecer a partidos políticos del Frente Popular y Agrupaciones sindicales con anterioridad al 16 de febrero de 1936, gozan de la plena confianza de esta corporación”; y otra de septiembre de 1937 que creaba la Comisión de Personal y Gobierno Interior para depurar al personal sospechoso de no mostrar “adhesión a la causa antifascista y lealtad al Gobierno republicano”.

La misma corporación municipal murciana, haciendo suyas las proclamas de depuración y “unidad antifascista” tan recurrentes en Nuestra Lucha y Unidad, aprobó la suspensión de la financiación de las casas escuelas propiedad de “desafectos” (diciembre de 1936), la retirada de la concesión de venta de determinados productos a “figuras representativas” de la derecha local. Ahora bien, esta depuración institucional llegó a las mismas filas de las organizaciones políticas y sindicales frentepopulistas. En febrero de 1937, la CNT-UGT de Espinardo publicó una relación con las individuos “indeseables y emboscados” expulsados de ambas centrales sindicales, y la comarcal de Fuente Álamo llegaba incluso a disolver la UGT de las Palas al considerar que se encontraba infectada de “elementos indeseables”. Esta depuración llegó incluso provocar ataques recíprocos entre la UGT y la CNT por la supuesta presencia de estos elementos reaccionarios en sus respectivas filas, tal como sucedió en enero de 1937 con denuncias mutuas en las áreas de Transportes, Correos y Hacienda. El Comité de Enlace CNT-UGT de Bullas, con motivo de su constitución en octubre de 1937, consideraba necesario “estirpar de raíz a esos grupos de malos compañeros que con su baja política, quieren corroer nuestros ideales, en connivencia con nosotros mismos, haciéndose pasar por revolucionarios, cuando si ganasen ellos, lo emplearían en convertir sus aspiraciones burguesas en realidades acomodadoras”; eso sí, a la unidad y a la depuración anteponían la victoria en la guerra “que al fin y al cabo es la Revolución social, por la que hemos luchado siempre”, ya que cuando“hayamos terminado la guerra, tiempo quedará para exterminar también a todos los fariseos”[lv].

El punto álgido de los conflictos en el seno del Frente popular murciano se alcanzó con los controvertidos sucesos de Cartagena de marzo de 1939, semanas antes del final de la contienda militar. El avance imparable de las tropas nacionales, y las perennes disputas ideológicas y estratégicas sobre Guerra y Revolución, propiciaron la ruptura de la coalición frentepopulista. En Murcia, y especialmente en el Puerto de Cartagena, se escenificó la lucha entre los partidarios de la resistencia militar (Negrín y los comunistas), y diversos sectores que buscaban un acuerdo con las tropas franquistas. La consideración común de todas las fuerzas políticas a la hora situar a Cartagena como última zona de repliegue, facilitó el nacimiento de numerosas conspiraciones en la localidad y la final crisis de marzo de 1939. Estudiada por Martínez Leal, Romero y Martínez Pastor[lvi] , esta crisis nació cuando ciertos sectores militares y políticos cartageneros, conscientes del punto central en el que ahora se encontraba su comarca, decidieron sumarse a la creciente corriente de opinión en contra de la línea política marcada por los comunistas-socialistas de Díaz y Álvarez del Vayo. Un sector puramente militar, liderado por Vicente Ramírez, Jefe del Estado mayor mixto, y Norberto Morell, Jefe del Arsenal, proponía la exclusiva actuación antiNegrín y anticomunista en pro de un acuerdo de última hora con Franco; otro sector cívico-militar ponía en contacto a distintas personalidades militares y sociales deseosas de un cambio de rumbo bien cercano a las tesis anteriores, bien a la rendición a la fuerzas militares. Este sector estuvo capitaneado por la llamada asociación del Socorro blanco, organización clandestina que apoyaba a los presos derechistas y a sus familias, dirigida por el odontólogo Antonio Bermejo, y apoyada por el sargento exfrentepopulista Calixto Molina, el inspector de policía Antonio Bueno, el director de la Caja de Ahorros Monte de Piedad Antonio Ramos Carratalá y el delegado de hacienda Sánchez Rosique.

Entre el 5 y el 6 de marzo de 1936 se desencadenaron los hechos. Tras una primera intentona descubierta por el SIM (siendo detenidos una docena de personas, entre ellos Bermejo, ramos o Sánchez Rosique), los militares republicanos Armentía, José Cascales, Molina y Arturo Espá, se unieron decididamente al cambio ya gestado en Madrid. Después de interminables negociaciones entre el gabinete Negrín y los responsables de la Armada en Cartagena, la remodelación ministerial de los mandos de las fuerzas navales precipitó la crisis. La sustitución del dubitativo Carlos Bernal por el adepto comunista Francisco Galán al frente de la Jefatura de la Base naval, unió temporalmente a los distintos grupos disidentes, que la noche del día cinco tomaron los principales centros militares y detuvieron a Galán y sus seguidores. Las disensiones entre los partidarios de la colaboración con las fuerzas franquistas (liderados por el general retirado Rafael Barrionuevo) y los seguidores del pactista Casado (Armentía) facilitaron la recuperación de la plaza por la Brigada 206, bajo control directo del PC. Más de sesenta muertos fue el resultado de la crisis, la cual provocó un evidente vacío político acentuado por la posterior huida de toda la clase política frentepopulista (unido al hundimiento del cargero nacional Castillo de Olite, que dejó la cifra de entre 1000 y 1500 muertos). Como apunta Martínez Leal, el primera gestora municipal tras la entrada de las tropas de Camilo Alonso Vega fue presidida, paradójicamente, por el primer alcalde de la Cartagena republicana. Francisco Pérez Lurbe.

H) Extorsión económica y control vecinal: libertad vigilada en la retaguardia.

La persecución política y religiosa antes analizada exigía, como es lógico, de precisos conocimientos por parte de sus ejecutores de las biografías, domicilios y situación socioeconómica de los ajusticiados y de los lugares atacados. Este total control social desplegado por los grupos y simpatizantes del Frente Popular, se evidenciaba en los salvaconductos expedidos por las organizaciones políticas y sindicales del FP) los únicos que aparentemente permitían la libre y segura circulación, además con otras modalidades fiscalizadoras de la vida diaria. Los llamados “Comités de vecinos” cumplieron exactamente esta función, como primer escalafón de “lucha antifascista”, aunque sólo queda constancia del creado durante 1938 en la Barriada “La Pasionaria” de Murcia (anunciada a través del periódico Unidad [lvii] ). Ejemplos de esta libertad vigilada lo encontramos en la misma prensa regional, que llegaron hasta el punto de publicarse denuncias “populares” en la sección de sucesos: en un “Fascista denunciado” se señalaba que “Antonio Gambín Pujalte denuncia a Joaquín Solano Mirete por proferir frases de los sublevados fascistas”; y en “Agresión” que “Ángel Nicolás Verdú denuncia que fue agredido por Bartolomé Esteban, quién esgrimiendo una pistola intentó dispararla, tratándose de un elemento peligroso por sus ideas reaccionarias”[lviii] .

A ella se unió el control de los recursos económicos y alimenticios en tiempo de guerra, a través del Tribunal de Subsistencias y precios indebidos (posteriormente competencia del Tribunal Espacial de Guardia de Murcia en abril de 1938), aunque más trascendencia tuvo el fenómeno de extorsión económica de los “donativos voluntarios para la causa antifascista”. A nivel provincial, esta extorsión fue institucionalizada con la creación del Comisión de Economía y Socorro (Junta Recaudadora del Comité de Defensa de Murcia), que a instancia del Comité provincial del FP, se aseguraba de cobrar los “donativos voluntarios” para la “Causa Antifascista” a los particulares y a la banca. A nivel local, estos “donativos” fueron exigidos desde agosto de 1936 por los Inspectores Delegados o a través de las Alcaldías republicanas en distinta forma y cantidad. En Lorquí, cuatro personas fueron objeto de recurrentes requerimientos económicos para el sostenimiento de las milicias y como prueba de su fidelidad a la República (Herederos de Luís Brugarolas Pérez, Antonio Tomás Sanz, Julián Plaza Miralles y Antonio Fernández González);  en Alhama, el Frente popular consiguió casi 5.000 pts. del Banco Popular; en Cartagena, si ciertas personas e instituciones catalogadas como”pudientes” no abonaban la cantidad exigida, la Alcandía o el Frente popular departamental tenía la facultad de poder expedir expropiaciones o multas bastante severas (el Hospital de la Caridad departamental recibió la suma de 549.500 pts. de la época (de la que se quedó con sólo cerca de 400.000). Mientras, en Caravaca, Archena, Ricote, Ulea y Villanueva, la Delegación podía exigir a los directores de los bancos la intervención directa en las cuentas corrientes y de ahorro y la extracción de cantidades de hasta 3.500 pts. (obteniendo un total de 22.500 pts.); en Cieza, de la Banca Martínez Montiel se obtuvieron 25.000 pts., en Mula más de 18.000 pts. de dos personas (Pedro Pérez de los Cobos y Patricio Aliaga Rubio), en Yecla más de 16.000 de 15 vecinos; mientras, en la capital provincial las cuentas del exdiputado Agustín Virgili Quintanilla y del obispo Miguel de los Santos y Gómara fueron directamente embargadas.

i) La violencia ideológica: prensa y educación “antifascista”.

Como hemos apuntado desde el principio, los hechos y las palabras no siempre recorren el mismo camino, pero en muchas ocasiones se imbrican mutuamente en la consecución de objetivos políticos declarados. República y Revolución, legalidad y orden nuevo, unidad antifascista y quinta columna parecían a simple vista elementos ideológicamente contrapuestos, pero el discurso político desde 1934 los unía en una región tan periférica como la murciana. Si bien es cierto que ciertos bandos políticos en la prensa local invitaban al control “responsable“ de los actos “espontáneos” de violencia política; igualmente, y desde esta misma prensa, se alentaba a la persecución contra todo aquel y todo aquello susceptible de ser miembro de la “hidra fascista” (tal como rezaba en el comunicado de formación del Bloque de la Alianza obrera), dando carta blanca a la acción “clasista” de los “milicianos obreros” [lix] . Aunque el alcalde de Moratalla intentó salvar la vida de varios encarcelados, el secretario general del PCE murciano, Eusebio Serrano y el periódico comunista Unidad impelían continuamente a “limpiar la retaguardia”. Asimismo, en Cieza, Izquierda republicana y el Comité de Enlace de comunistas y socialistas alentaba a los vecinos a perseguir a todos los supuestos espías, fascistas o conspiradores.

 Como señala Antonio Crespo, la prensa murciana republicana estuvo controlada y limitada a la de los organizamos autónomos dentro del FP, bajo censura previa, y centrada, más que en informar, en mantener la moral en la retaguardia, difundir su ideario revolucionario y en movilizar a la ciudadanía contra todo posible “faccioso” `[lx]. En Totana, la censura llegó hasta el punto de que la Alcaldía prohibió la posesión de aparatos de radio, la circulación del semanario Juventud Libre, o la instalación de altavoces en las calles para difundir propaganda frentepopulista.

De los tres diarios existentes en la capital murciana antes del levantamiento, dos de ellos, el conservador El Tiempo y el católico La Verdad fueron incautados en julio de 1936 (junto a la prohibición del Levante agrario). Los talleres de El Tiempo en la calle Ceballos fueron incautados por la CNT en 1937, editándose desde ellos Confederación. Como hemos apuntado antes, La Verdad fue convertido por decreto en “diario republicano”, en sus talleres se instalaron los órganos oficiales Nuestra lucha (UGT) y Unidad (PCE), siendo asesinados sus dos últimos directores (Martínez García y Federico Salmón) y su administrador (Pedro Sánchez Barba); todo ello tras haber sufrido varias suspensiones gubernativas durante la II República y su clausura temporal en agosto-septiembre de 1932. Con ello, toda la prensa provincial (con el anarquista Confederación, el republicano El Liberal, los testimoniales Normas, Mercantil, Ofensiva, Acción o el periódico militar La Armada) se sumó a la línea de la “causa antifascista” marcada por Ángel Álvarez Castellanos. Éste, el segundo director de Nuestra lucha, sucedió en el cargo a Francisco Félix Montiel en noviembre de 1936, tras renuncia del mismo tras advertir de la utilización del periódico, sin su consentimiento, para lanzar la consigna de los paseos[lxi] .

Este último periódico, sustituto del clausurado La Verdad, se lanzó una continua campaña de persecución de todos los potenciales miembros de la “quinta columna” fascista (tal como reflejan los titulares expuestos), y de defensa abierta de un proceso revolucionario sustituto de lo que podría quedar del Estado democrático y social “de derecho”. El 10 de septiembre de 1936 abría página con el titular “los rebeldes no tienen derechos”, ya que –continuaba en primera página- “el futuro de España nos obliga a ser inflexibles”, para lo que “el gobierno, en suma, aniquilará al fascismo” [lxii] . La portada del día 12 de septiembre no escondía sus referentes ideológicos: “Hagamos nuestra la consigna de Lenín: organización, organización y organización”, para lo cual “es necesario que aniquilemos a los ejércitos enemigos y también es necesario que nos apoderemos de los baluartes económicos dónde tienen sus reservas el Fascio”[lxiii] ; y una proclama en la tercera página del día 13 del mismo mes era sumamente ilustrativa: “Stalin no está solo”[lxiv] . Tras una primera etapa fundacional bajo la dirección de Francisco Félix Montiel como órgano de las Juventudes unificadas y de la UGT, la llegada al puesto director de Álvarez Castellanos lo convirtió en el órgano oficial de la Federación socialista murciana. Unidad, periódico comunista dirigido por Ramón Blasco, nació el 21 de septiembre de 1937 con un objetivo “antifascista” similar al del diario anterior, llenando sus páginas con conmemoraciones de gestas de la URSS, escritos de “La pasionaria”, o la posición oficial del PCE sobre temas regionales y nacionales.

El difícil equilibrio entre legalidad constitucional y revolución social se hacía patente en las páginas del diario, teniendo que llegar a proclamar lo siguiente: “luchamos en definitiva por la causa de la justicia social. Comencemos –al menos- por ser nosotros mismos justos”[lxv] . A la depuración política se unía la abierta defensa del modelo soviético (“La actividad creadora del genio soviético”, “el camarada Stalin ha dicho: tengo gran fe en la juventud española. No le defraudemos” son algunos de los testimonios)[lxvi] , visibles en discurso recogido del dirigente socialista Pascual Tomás, reflejo de las contradicciones antes señaladas. Sobre la defensa del legado republicano, la igualdad de clases o la unidad antifascista, apuntaba la oportunidad del “ejemplo de la Unión soviético” en aras al modelo económico frentepopulista: estado federal e intervencionismo económico total, para “quitar a la burguesía los útiles de trabajo”. “Nosotros queremos – continuaba- que el gobierno nacionalice los talleres, las factorías y las fábricas, que el gobierno, con su absoluta responsabilidad, nombre los directores técnicos de las fábricas y el director administrativo de cada una”, sobre los Comités de control bajo la base proporcional de las centrales sindicales[lxvii] . Esta posición se hacía nuevamente patente en el editorial del 2 de octubre de 1937: “Querámoslo o no, socialismo”, el cual continuaba afirmando que la lucha contra el bando fascista no era una simple lucha militar, sino que conllevaba el objetivo final del “cambiar el orden social y del orden económico” para edificar una “República de los trabajadores” (y el mismo día se reproducían el siguiente e ilustrativo texto: “la patria socialista: la lucha no terminará antes de que el pueblo haya vencido definitivamente. Dice Largo Caballero en su saludo a Rusia”, el “gran pueblo soviético”[lxviii] ).

En Cartagena, el proceso revistió las mismas características, aunque el fusilamiento de los dos corresponsales cartageneros de ABC (Juan Soro Macabich el 7 de octubre de 1936 y Antonio Guindulain Cererols el 17 de marzo) mostraba un paso adelante. Toda la prensa local y comarcal estuvo bajo control de las organizaciones del FP y la censura del Ayuntamiento departamental. Para Mínguez Lacheras, tanto Amanecer, Cartagena Nueva, Unidad, El Noticiero, como Eco de Cartagena, Venceremos, Armada, La Tierra, Ofensiva y Metralla, describía la realidad “siempre exagerada, cuando no hermética, oportunista y rabiosamente parcial”. El diario conservador, y el más antiguo de la ciudad, El Eco de Cartagena, fue cerrado el 28 de julio de 1936 tras el exilio de su propietario Jesualdo Soler Rodríguez y la persecución de su redactor-jefe, el cedista Antonio Navarro Olmos. El Noticiero fue convertido desde el 9 de octubre de 1937 en “Diario órgano de expresión de la Federación comarcal de Sindicatos únicos CNT-FAI de Cartagena”,  La Tierra en portavoz de la Juventud Socialista Unificada comarcal ese mismo año, y Cartagena nueva pasó de la incautación frentepopulista (dirigido ahora por Enrique Gallego en octubre de 1936) al final y censurado control de la CNT (con Ramón Perelló desde el 2 de marzo de 1937)[lxix] . El 27 de julio nació Venceremos, diario matutino “Órgano Comarcal del PC” dirigido por Ramón Blasco, que junto al breve periódico Amanecer, llenaba sus portadas y páginas con proclamas en pro de la persecución total de la “Quinta columna”, la necesidad de un “Partido único”, y las loas al sistema soviético. Del primer diario resultan ilustrativas algunas de los textos y titulares publicados: “Todos los antifascistas deben contribuir con su trabajo y vigilancia a romper la ofensiva oscura de la Quinta columna que intenta minar desde la retaguardia la victoria del pueblo español”, y “al pelotón de fusilamiento todos los que en estos momentos trabajan en nuestra retaguardia para el enemigo. Sin contemplaciones actuemos en esta hora”[lxx] ; “pena de muerte para el traidor y el espía”, “proletarios de todo el mundo, unios”, “hay que vigilarlos, y al menor movimiento han de ser exterminados”, o “nos jugamos muchas cosas en esta guerra para que perdamos el tiempo en pleitos jurídicos” (esta última frase tomada a Álvarez del Vayo)[lxxi] .

Si las fiestas religiosas y las manifestaciones externas de culto fueron prohibidas, todo lo contrario ocurrió con los homenajes al régimen soviético. Ahora bien, no hubo ninguna fiesta más importante que la conmemoración de la Revolución soviética, la llamada “Semana de la URSS”. La de 1937 contó con actos del FUE en el Teatro Romea, dónde escenificaron “un teatro revolucionario (llamado “El universitario”) con música y romances dedicados al “hermano soviético”[lxxii] (el gran éxito de público hizo que el 6 de noviembre se volviese a celebrar un final de fiesta de la Semana soviética con la representaciones popular de la misma en la Glorieta a las 3 y media de la tarde); con un homenaje a los “amigos de la URSS”  basado en actuaciones del grupo Agit-Prop, de las Brigadas internacionales y del Grupo de mujeres antifascistas; con un acto del PC en el Teatro Circo decorado con grandes dibujos de Lenin y Stalin, una gran estrella de cinco puntas con la hoz y el martillo, con banderas de la JSU y de Izquierda republicana, y con la música de la Internacional; y con la final proyección de la película “Juventud triunfante”, dónde según el periódico Unidad, se entonaron “ovaciones a la figura de Stalin, tantas veces aparecida en la pantalla, con el aplauso propio de quién ve en este un gran luchador, al dirigente de los destinos de la clase proletaria mundial”[lxxiii] .

La deriva revolucionaria de Izquierda republicana se hizo patente en las páginas de El Liberal. Bien por necesidad de supervivencia política, bien por reconocimiento de su progresivo papel testimonial en el FP, los republicanistas moderados se unieron a la “revolución social” también presente en tierras murcianas. Varias columnas de Fernando Valera lo demuestran. En “Para afianzar la revolución” (2 de enero de 1937) escribía que “solo hubo una manera de ganar al fascismo en la batalla del 18 de febrero. Fundir a toda la opinión democrática del país en torno al programa del Frente Popular. Solo hay ahora una manera de vencer al fascismo en el campo de batalla: fundir en una legión común las bayonetas de todos los hombres libres. Anarquistas, marxistas y republicanos, han sellado en las trincheras el pacto de sangre (...) ordenando todas las insignias y estandartes de la revolución en torno a la bandera tricolor de la República” , ya que “lo que se ventila en el mundo – hoy sobre el escenario de España, mañana ¿quién sabe dónde?- es algo más que una lucha de doctrinas, de clases o de partido. Es la guerra entre dos mundos. De un lado el mundo viejo: castas, privilegios, supersticiones, iniquidades, tiranía. Del otro, la justicia, la razón, la libertad” [lxxiv] . En “¿Qué somos los republicanos” (6 de enero de 1937), defendía, de una manera por lo menos peculiar, que los republicanistas no era ni “templados ni burgueses”, sino “trabajadores” fieles por sus ideas y hechos, ya que “todo cuanto ha planteado hoy la revolución no es nuevo para nosotros”. “Nuestros programas mínimos – continuaba- contienen precisamente las soluciones prácticas a las que se acogen ahora los partidarios de la revolución. En nuestro programa está todo, desde el Estado federal, la estructura económico-sindical del àís, hasta la nacionalización de la tierra, de la banca y del gran capital, sin olvidar el respeto a las pequeñas empresas agrícolas, industriales y mercantiles”[lxxv].

La Universidad de Murcia no fue ajena al proceso anteriormente descrito. La Gaceta de la República de 2 de septiembre de 1936 proclamaba, ante la consolidación de los frentes militares, la paralización de todas las actividades docentes de nivel superior, tras la suspensión de la labor académica y el aplazamiento de matrícula en los primeros meses posteriores al levantamiento. Tras el estallido de la guerra, el rector Loustau se encontraba en área bajo control nacionalista, su natal Valencia de Alcántara (dónde finalmente permaneció como profesor del instituto), por lo que fue inmediatamente destituido, tomando posesión el 14 de noviembre de 1936 con cargo de Comisario-Rector de la Universidad de Murcia, el catedrático de Derecho Laureano Sánchez Gallego (nombrado por el Ministerio de Instrucción Pública, mientras que al mismo tiempo ejercía funciones administrativas de delegado del Ministerio en Murcia). La actuación de Sánchez Gallego se limitó a representar al Ministerio y a dirigir la escasa vida académica de la Universidad, restringida a actividades de “extensión universitaria”, siguiendo la las directrices ministeriales. Bajo su mandato, la FUE actuó persiguiendo libremente a estudiantes, profesores y funcionarios catalogados como “fascistas”, y su espacio físico fue ocupado por el Hospital de Sangre de las Brigadas Internacionales, que la anarquista Federica Montseny, ministra de Sanidad y Asistencia Social, había inaugurado el 2 de mayo de 1937 ("instalado en los locales espaciosos de la Universidad", según publicaba Nuestra Lucha). 

En septiembre de 1937, el Ministerio de Instrucción pública, ahora bajo control comunista, propuso la supresión de la institución universitaria en Murcia (tras el primera durante la dictadura Primorriverista), aprobando una disposición que suspendía la enseñanza para el curso siguiente (publicada en la Gaceta de 3 de septiembre de este años). Este proyecto propició la reacción de gran parte de la prensa local y de los grupos políticos-sindicales que la controlaban, especialmente del diario cenetista Confederación, el cual criticaba el intento como un “ataque comunista” en toda regla. Pese a que dicha supresión no fue formalmente aprobada, no llegaron a comenzar ni el curso académico 1937-1938 ni el 1938-1939, aunque paradójicamente la Universidad de Murcia colaboró a la hora de establecer los nuevos planes de estudios republicanos. Un mes después, el 3 de noviembre de 1937 la Gaceta publicaba el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia, junto al de la Universidad de Madrid y el de la de Valencia, y poco después, el 2 de febrero de 1938 la Gaceta publicaba la disposición que permitía abrir " matrículas de ingreso en distintas Facultades de las Universidades de Madrid, Valencia y Murcia". La reacción anticomunista consiguió la caída del Rector-Comisario, en beneficio de Manuel Pérez Xambó, abogado y profesor de la Universidad, nombrado por orden del Ministerio de 29 de noviembre de 1938.

El sindicato estudiantil único, la ya citada FUE contribuyó a la depuración ideológica e institucional, justificándola en su lenguaje y actuación política yuxtaponiendo apelaciones a la democracia frentepopulista y a la revolución obrera. Por ello, uno de sus objetivos declarados era el “exterminio de la canalla fascista” para alcanzar la “realización de nuestra universidad”, apostando con ello con las tesis del Ministro de educación Jesús Hernández: diseñar una educación “orientadora de las masas populares en su lucha por la Cultura y la libertad” que hiciese tabla rasa con los modelos antes conocidos. Para alcanzar este fin, la FUE murciana apoyó el citado decreto de 19 de septiembre de 1936 sobre “revisión de los alumnos”, que suspendía todos los derechos académicos en la enseñanza oficial y libre, y ordenaba el paso ineludible de los nuevos ingresos por un Comité de selección bajo control exclusivo del FP [lxxvi] . Su posición leal a los postulados ideológicos y militares frentepopulistas, no escondía su pretensión de monopolizar la representación de los estudiantes (cuando estaban paralizadas las clases) a nivel nacional y provincial.

“La F.U.E es la única organización antifascista de los estudiantes” sostenía un editorial posterior, “y que nadie pretenda –continuaba- arrebatarnos el puesto que tenemos conquistado a través de largos años de lucha en los claustros y en la calle”. El proyecto de “Revolución cultural”, que instrumentalizaba como “lucha antifascista” las necesarias apertura universitaria y acción contra el analfabetísimo, necesitaba de una única organización sindical estudiantil, la eliminación de las Academias nacionales y de un paralelo proceso de depuración. Se aniquilaba la vieja y caduca pedagogía “clasista”, y como servicio a la construcción política de un régimen obrero, el papel del estudiante murciano debía centrarse en participar activamente “en la depuración que se avecina en los centros docentes españoles”. El puesto obtenido por la FUE en el Comité seleccionador y depurador respondía a este anhelo de desterrar de la educación al “señorito vago” e integrar en exclusiva “a los mejores dotados, aunque éstos sean de pueblo”[lxxvii] . El control efectivo de la pedagogía marxista de las aulas murcianas era denunciado desde Confederación como “Delito fuera de los códigos”:

“Estamos cansados de oír a nuestros niños cantar en las escuelas himnos de Partidos. Las pobres criaturas merecen más respeto y mejor educación (...) Nos rebelaremos con todas las armas de la Razón, frente a quienes hoy adocenan a nuestros hijos con cánticos y romances propios de un Partido que ni siquiera es la clase mejor de la humanidad. No enviamos a nuestros hijos a las escuelas para que sus profesores les enseñen la Internacional (...) tampoco queremos que se les hinche con doctrinas marxistas que interpretan la historia falsamente”[lxxviii] .

La depuración, el control ideológico y la propaganda llegaron incluso a las filas de las actividades de ocio y espectáculos, mostrando como se en estos años se hizo necesidad de supervivencia la adhesión expresa a la ideología frentepopulista. Como recoge María Isabel Martínez, el teatro se vio afectado por este proceso gracias a la labor de la Asociación General Obrera de Espectáculos públicos (AGOEP); esta organización, siguiendo los preceptos de Madrid realizó, instó el 26 de julio de 1936 (desde la tribuna de El Liberal) a todos sus miembros a que se afiliarían inmediatamente y adquirieran el carné acreditativo de la UGET o de la FEIEP (carné que aseguraba el libre tránsito por las calles murcianas o el reparto de víveres durante el racionamiento) [lxxix] . La AGOEP convirtió a muchos de los espectáculos teatrales de Murcia en coto para su propaganda política y su labor coactiva, labor que evidencia la nota siguiente, fechada el 7 de noviembre de 1938: “se cita a todos los afiliados el domingo 8, de 11´00 a 13´00, para asuntos de interés. Quién no haga acto de presencia sin causa justificada se considerará enemigo del Régimen y de nuestra causa” [lxxx] . Otro ejemplo del control casi total del mundo del espectáculo que dicha organización ejercía, fue la nota del 24 de septiembre de 1936 de la Comisión de Espectáculos públicos del Comité Provincial de Intervención e Incautación de Industrias: “nos vemos precisados a advertir todos los ciudadanos que la intervención e incautación de las Industrias de Espectáculos públicos solo pueden ser intervenidas o incautadas por esta Comisión”. A su labor se unió, desde septiembre, la labor censora del Gobierno civil.

j) Los métodos de la Justicia popular republicana.

Una vez comenzada la depuración no “espontánea” de los principales líderes facciosos y la ocupación de los espacios religiosos, fue aprobada la institucionalización de la justicia popular republicana. Su objetivo fundacional de controlar los excesos violentos “del pueblo” y ofrecer garantías de un juicio justo a “los desafectos”, quedó en entredicho desde el mismo inicio de su funcionamiento. De su primera denominación como “Tribunales  especiales contra la rebelión, la sedición y los delitos contra la seguridad exterior del Estado” (25 de agosto de 1936), se pasó a la elocuente de “Tribunales populares”, clara demostración de cómo el FP situaba al laxo concepto de “pueblo” como fuente de toda soberanía judicial. A nivel nacional, Salas Larrazabal significaba el carácter sectario de sus miembros, Sevillano Calero su labor puramente represiva, Bolloten su apariencia de constitucionalidad de la ejecuciones [lxxxi] , Alejandre su vinculación con las posiciones políticas de los grupos del FP, Cobo Romero su instrumentalización en manos de la organizaciones obreristas como medio de eliminación legal y física de sus “enemigos de clase”. Todos estos autores coincidían en conceptuarla como órgano de legitimación de las “muertes legales” de la represión republicana, mientras Tuñón de Lara, Glicerio Sánchez, Carmen González o J. Casanova apuntaban en un sentido diametralmente opuesto, valorando su sistema de garantías, su participación popular y el contexto de guerra en el que se desarrollaba; pero como reconocía Javier Tusell, “los organismos imaginados para dar una apariencia legal a esa persecución del adversario político revestían parecidas características en los dos bandos. Tanto los tribunales militares como los populares estaban en su mayoría en manos de personas que no eran jueces” [lxxxii] .

A nivel provincial, la situación no varió en exceso. La primera evidencia de la limitación y complicidad de su actuación en la represión ideológica frentepopulista, la tenemos en la misma composición del primer Jurado popular, formado en exclusiva por representantes de los grupos del FP (8 representantes, cuando se proyectaron 14, de Izquierda republicana, PSOE, CNT, Partido Federal, Unión republicana, PCE y UGT) [lxxxiii] . Una segunda evidencia la encontramos en como eran puestos a disposición muchos de los “desafectos al régimen” (detenidos por las milicias locales sin más pruebas que su filiación política o su posición socioeconómica) [lxxxiv] . Un tercera aparece cuando el PC murciano persiguió a su miliatnet Felipe Aparicio Egea por testificar a favor del “reaccionario” Luis Fontes Pagán, comunicando “que está terminantemente prohibido participar como testigos de defensa en todos los procesos contra la reacción y el fascismo” (comunicado titulado “Un ejemplo que debe imitarse” [lxxxv] ) y en las pruebas testificales y documentales de la fiscalía en el famoso juicio a la “cabeza de la quinta columna”: testigos y pruebas procedentes casi en exclusiva del FP (y en concreto de la Juventud socialista unificada) [lxxxvi] ; una cuarta cuando el exsocialista totanero Salvador Moya Cayuela fue condenado por desafecto al régimen republicano (por su cambio de militancia) [lxxxvii] ; y una quinta, de especial importancia, cuando el día 12 de septiembre de 1936 27 vecinos de la capital fueron procesados en un juicio con gran seguimiento de la prensa local (ocupando su condena la primera página del El Liberal). De la nómina de encausados -definidos por el fiscal como la “representación más genuina de la vieja España retrógrada y reaccionaria. De una parte el capitalismo.. de otra parte el señoritismo..”- destacaban los líderes y militantes falangistas Federico Servet, Miguel Gallego Alcaraz, Gonzalo de Haro Bustamante, Francisco Pérez Beltrán, Fernando Carrasco Aracil, Fernando Ciller Hita, Ricardo Conejero Urrutia y Antonio González Egea; militantes de AP en Murcia como su presidente, Ángel Romero Elorriaga, Enrique de la Cierva Malo de Molina y Adrián Viudes Guirao; o el mismo cura párroco de El Carmen, acusado de atacar desde el púlpito a la República.

Sobre la lista de los detenidos y sus testimonios al Tribunal se hizo eco Nuestra Lucha en su última página: “Actuaciones del Tribunal popular” [lxxxviii] .Un total de diez penas de muerte, ocho de reclusión perpetua, tres de una año y un día, una absolución y una multa de 20 millones a pagar entre los condenados (en concepto de indemnización civil) fue la condena del tribunal. Las palabras denigratorias de la prensa y del fiscal sobre los encausados provocaron que, ante la posibilidad de indulto o conmutación de las ejecuciones previstas, los diez condenados a pena de muerte fueran ajusticiados por la “masa ciudadana”, en plena Feria de Septiembre de la capital. La negativa del Gobierno civil a ejecutar las primeras penas de muerte, provocó una movilización de distintos grupos radicales frentepopulistas sobre la Cárcel provincial, que tras días de acoso, la asaltaron. Gracias al apoyo de las fuerzas públicas allí presentes, agruparon a los presos políticos en el patio número cuatro, y ejecutaran ese mismo día a los presos anteriormente indultados.

La Causa nº 52 contra 24 procesados “por rebelión”, fue otras de las evidencias de lo dicho. Estos procesados, dónde se encontraban importantes dirigentes de la derecha política murciana, como los exalcaldes Lúis Fontes Pagán y José Musso Blanc, fueron condenados a 13 penas de muerte, 11 por inducción a la rebelión y 2 por adhesión, y 8 penas de reclusión a 14 años fueron dictadas el 15 de septiembre de 1936. Dos días antes, los dos representantes de la CNT murciana en el tribunal denunciaron a la prensa provincial las coacciones a las que fueron sometidos por el Gobernador civil comunista Cabo Giorla, y la farsa judicial que presenciaban ante sentencias dictadas de antemano. El fusilamiento de los 13 condenados el mismo día en el que se deliberaba en Madrid sobre el posible indulto, orden directa del Gobernador civil con apoyo socialista, testimonia la verdadera realidad del Tribunal popular [lxxxix] . Posteriormente, el Tribunal Especial de Murcia nº 1 se trasladó a Cartagena para dictar 11 penas de muerte el día 16 (ejecutadas en día 22), y condenar a seis meses y un día de prisión menor a Faustino Álvarez Díaz el día 17 (por auxilio a la rebelión); y el nº 2 dictó en Lorca prisión de 14 años a un sacerdote de la población de La Paca. Otros ejemplos, y bastante más evidentes, lo encontramos en la causa nº 39 de octubre de 1936, que juzgaba a posteriori a tres vecinos de La Unión (Páez Ríos, González Amor y Roca Reyes) ejecutados en una saca anterior, gracias a las pruebas testimoniales presentadas por el FP; o en la condena a dos religiosas, Hermanas de la Caridad, acusadas del delito de rebelión en junio de 1937 (2 años, 4 meses y un día).

La prensa regional recogía profusamente su actuación, definiéndola como la “justicia del pueblo” (Nuestra Lucha) [xc] , como instrumento de “depuración de la Quinta columna” (Unidad) [xci] , o medio esencial de “lucha contra el fascismo” (El Liberal) [xcii] . El Tribunal Especial Popular de Murcia, encargado de los delitos de rebelión, sedición y seguridad se encontraba instalado en el Instituto de Bachillerato Alfonso X el Sabio, y desde febrero de 1937 en la misma Universidad de Murcia (y en el Salón de Justicia del Arsenal cuando marchaba a Cartagena), siendo Dionisio Alcázar, Gaspar de la Peña Seiquer, Emilio Díez de Revenga o Juan Maria Bautista fueron algunos de los abogados defensores presentes. Valgan como valiosos ejemplos de la esencia política de estos tribunales, las preguntas del fiscal del citado juicio al “cabeza de la quinta columna”: “Durante el tiempo que estuvo afiliado a los Estudiantes católicos ¿tomó parte en alguna huelga contra el régimen” (al estudiante Federico Soubrier); “¿Recuerda el procesado si en determinada ocasión dio gritos de viva el rey y otros de la misma especie?” (al pescador Emilio Carrasco); “¿Es cierto que a los pobres del barrio se les exigía ser católicos para socorrerlos?; La Asociación, ¿estaba constituida como lo ha dicho antes por afiliados de todas las tendencias políticas?, ¿Recuerda algún nombre de las personas de izquierdas que pertenecían a la Asociación?, ¿Condena el movimiento actual por ser un acto delictivo contra un gobierno legítimamente constituido?, ¿Había en la Asociación hombres de extrema izquierda?, ¿Había algún socialista?, ¿Sabía el procesado que en otras poblaciones de España los Caballeros Carmelitanos fueron los que más se distinguieron en el reparto de colchones antes de las elecciones de febrero? (al médico y “caballero carmelitano” José Sánchez Pozuelo) [xciii] .

Entre septiembre y diciembre de 1936, el Tribunal dictó un total de 59 penas de muerte, y juzgó a 676 encausados entre septiembre de 1936 y septiembre de 1937 (de enero a mayo de 1937, se llegó a la cifra de 353 sentencias), siendo la mayor parte de los fallos judiciales sobre delitos definidos como “rebelión”. De todas las condenas dictadas, solo ocho milicianos republicanos acusados de delitos “contra el derecho de gentes” (detención ilegal y asesinato) fueron condenados y fusilados en el Campo de Tiro nacional de Espinardo en 1937. Para el cumplimiento de los fallos judiciales “populares” funcionaron la Prisión Provincial (con 7.949 ingresos), la Prisión habilitada en San Juan en Murcia capital (en la antigua Iglesia), las prisiones de partido de varias localidades (Caravaca, Cartagena, Cieza, Lorca, Mula y Totana), amén del Campo de trabajo de Totana para hombres y de la Casa de Reformas de Cehegín para mujeres (así como distintos edificios e iglesias habilitada al efecto). La posterior Causa General resaltaba el general buen trato dado por los funcionarios a los presos políticos, pero señalaba la durísimas condiciones de vida en los Campo de trabajo de Totana (por dónde pasaron cerca de 1.799 detenidos), de Valencia, Alicante, Albatera y Orihuela (dónde fueron trasladados muchos de los detenidos, bastantes de los cuales no volvieron a Murcia).

En dichos centros fueron recluidos los condenados políticos a penas de hasta 30 años o cadena perpetua, como el citado Enrique de la Cierva Malo de Molina (un año en Totana y dos más en un Batallón de trabajo), José Aznar (reclusión perpetua en Orihuela) y José María Hilla Tuero (en Valencia). El 20 de abril de 1937 varios vecinos de Lorca fueron condenados por delito de conspiración a 14 años, 8 meses y un día en campos de trabajo (Ángel Martínez Munuera, José Martínez Rostán, Martín Perca, Juan Mouliá Parra y José Maria Soler Ros) y dos más a 12 años y un día por delito de proposición para la rebelión (Ezequiel García Martínez y Diego Jiménez); el 23 de abril fueron condenados por delitos de conspiración dos hermanos de Bullas, Fabio Carreño Marsilla a 14 años, 8 meses y un día en un campo de trabajo, y Joaquín Carreño Marsilla a 10 años en el mismo campo [xciv] ; y el día 24 otros vecinos de Bullas sufrieron la condena de un año y un día de internamiento en un campo de trabajo por delito de proposición para la rebelión (Eliseo Sánchez Escámez, José Puerta Sánchez, Alfonso Gil Martínez y Bartolomé García Ramírez) [xcv] . El discurso recogido en El Liberal del Ministro de justicia, el anarquista y por ello antiestatista García Oliver, resulta esclarecedor sobre la esencia de la justicia republicana: “a los presos políticos se les enviará a campos de trabajo, que serán lugares en los que los militares y los hijos de los millonarios que no han trabajado nunca para resarcir al Estado de los inmensos daños que les han causado” [xcvi]

Los métodos de la justicia popular en Murcia se evidencian nuevamente en Cartagena. De las 596 personas detenidas por motivos políticos en Cartagena, el Tribunal Popular de la ciudad juzgó a un total de 434 fueron juzgados (de 353 detenidos, 241 fueron juzgados sólo en 1936), siendo el resto de detenidos liberados o represaliados extrajudicialmente. Como resaltan Bermejo, Ayuso y Marcos, si en los primeros meses fueron detenidos y juzgados por estos motivos militares y representantes de los partidos conservadores-derechistas, desde 1937 y 1938 estas actuaciones se extendieron sobre miembros de organizaciones izquierdistas y sectores económicamente modestos, opuestos a la política frentepopulista comarcal. La función política de su labor se demuestra en 1936 con los 225 procesados de “afiliación desconocida” y los “simpatizantes de derecha”; los 67 miembros de Acción Popular, los 31 radicales republicano (junto a los 36 de Falange). Las luchas por el control de la administración frentepopulista se advierte desde 1937 en la “justicia popular” local: creció significativamente los procesados de la UGT, de la CNT y del mismo PCE. Estos datos señalan la dificultad de la parcialidad tribunal y de la persistencia de unas “fuerzas del orden” ideologizadas. De los 190 acusados por rebelión sólo 22 fueron condenado y de los 175 por desafección sólo 50; el problema fue que muchos de los casos sobreseídos fueron juzgados nuevamente por las milicias políticas y sindicales (dentro y fuera de los cuerpos militares) [xcvii] .

·- ·-· -······-·
Sergio Fernández Riquelme

(*) Marcial Pons, editora de cabecera de la llamada “historia social”, reconoce en su colección Historia de España (2007) la ideologización de su línea editorial. Define esta línea de “historiografía progresista”, ni más ni menos, como la única adecuada a la tradición democrática española; no habla de una historia veraz, ni de una historia documentada, ni de una historia científica, solo y simplemente, de la historia al servicio de una determinada ideología política izquierdista.


[i] DE FELICE, Renzo: Rojo y negro. Barcelona, Ariel, 1996, pp128-129.

[ii] Un claro ejemplo del partidismo ideológico generador de la Ley de Memoria histórica, se muestra en la justificación de la “recompensa moral” dada a las víctimas del “terror blanco”: la democracia solo puede reconocer la dignidad de estas víctimas, ya que las provocadas por el “terror rojo” ya fueron “recompensadas” bajo el Estado franquista. Así la democracia se conecta con un bando beligerante en la guerra civil, e indirectamente con los defensores de un régimen republicano homologado a la actual Democracia parlamentaria.

[iii] Datos tomados de A. D. Martín Rubio tras revisar, puntualmente, las cifras recogidas del INE, de la Causa General y de R. Salas Larrazabal en 1977, y compararlas con las establecidas por los estudios locales y provinciales más recientes. MARTIN RUBIO, Ángel David: Los mitos de la represión en la Guerra civil, Madrid, Grafité, 2005, pp 80 y 101.

[iv] GONZALEZ CUEVAS, P.C.: Maeztu. Biografía de una nacionalista española. Madrid, Marcial Pons editor, 2003, pp13-14.

[v] Iconografía política ideológica y académica “verdadera”, fundada en los mitos de la matanza de Badajoz (“inicio del genocidio”), las cárceles de posguerra (“campos de concentración”) o la espontaneidad de las sacas y las checas, y que para A. Reig Tapia pretende distinguirse de “la memoria y la historia de la guerra y las manipulaciones propagandísticas que aún circulan debidas a un consenso políticamente funcional para el reestablecimiento de las democracia en España, pero científicamente disfuncional para el afianzamiento y desarrollo de la cultura política”. Véase la contraportada de REIG TAPIA, A: Los mitos de la tribu. Madrid, Alianza ed., 2000.

[vi] GONZALEZ CUEVAS, P.C: op.ult.cit., pp14 y 15.

[vii] < SCHMITT, C.: Ex captivitate salus. Buenos Aires, Struhart y cía, 1994, pp 53-54.

[viii] KOSELLECK, Reinhart y GADAMER, Hans-Georg: Historia y hermenéutica. Barcelona, Paidós, 1977, pp. 69.

[ix] Luis Suárez demuestra como nos encontramos con un Estado que solo tomaba del régimen de 1931 la fachada simbólica y legalista necesaria para las nuevas fuerzas en el poder, y que se definía públicamente sin herencia cristiana y monárquica, sin alternativa electoral derechista y sin alternativa política antirrepublicana. SUAREZ, L.: “Memoria de la Revolución”. Aportes, nº 26, 1994, pp 23-34.

[x] La última de nuestras guerras civiles fue el escenario donde se enfrentaron, militar e ideológicamente, dos modelos de Estado condicionados por la dialéctica revolución-contrarrevolución[x] : de un lado un Estado autoritario y corporativo, temporalmente fascistizado; de otro, un Estado autoritario y racionalista de naturaleza comunista, socialista o jacobina. Así, 1936 marcó un punto de inflexión en la historia política española. Ambos modelos utilizaron la violencia y la represión para alcanzar fines políticos definidos progresivamente, respondiendo a cosmovisiones sociales y culturales elaboradas doctrinalmente durante la II República. La contrarrevolución nacionalista reaccionó a la patrimonialización del régimen republicano, construyendo un Estado autoritario y centralizado bajo la síntesis doctrinal “de urgencia” de neotradicionalistas y falangistas. Mientras, la revolución socialista-republicanista utilizó la simbología y mitología de la “legalidad republicana” para plantear una democracia “progresista” más allá de los límites del Estado de derecho, que evolucionó en pocos días hacia la “democracia sindical”, y en pocos meses hacia la “democracia popular”. PAYNE, S. G.: La primera democracia española, 1931-1936. Barcelona, Ed. Paidós, 1995, pp 319-327.

[xi] MOLINA,  Jerónimo: “Raymond Aron y el régimen de Franco”. Razón española, nº 121, Madrid, septiembre-octubre de 2004, pp 208.

[xii] ESPINOSA, Francisco: La columna de la muerte. Barcelona, Ed. Crítica, 2003, pp 253.

[xiii] MARTIN RUBIO, A.D: Los mitos de la represión, págs. 134-136.

[xiv] Sobre una aproximación científica a la Polemología o “sociología del conflicto” véase Julien Freund, Sociología del conflicto, Ediciones Ejército, Madrid, 1995, pág. 12.

[xv] SOREL, Georges: Reflexiones sobre la violencia. Madrid, Alianza ed., 1976, pp 118.

[xvi] GARCIA CARCEL, Ricardo: “La Guerra civil y la memoria histórica”. ABC, Madrid, 04-08-2007.

[xvii] Este autor llega a afimar que “entre la violencia institucional y la violencia social siempre ha existido y existe una diferencia: la primera, al considerarse legal, se presenta de manera inmediata repleta de teatralidad, y así resulta ser un acto duradero, ensayado de antemano, que busca excitar la sensibilidad provocando en los espectadores un horror que siempre es controlable por el poder. La violencia social, por ser espontánea, no edifica nunca escenarios; a lo sumo acepta monumentos que siempre se erigen en el epílogo del mismo horror”. MORADIELLOS, Enrique: 1936. Los Mitos de la Guerra civil. Barcelona, Ediciones Península, 2005, pp 609-610. 

[xviii] Analizada en Murcia por GONZALEZ, Carmen: “La Causa general de Murcia: técnicas de estudio”, en SANCHEZ, I., ORTIZ, M., y RUIZ, D. (coords.): España franquista. Causa general y actitudes sociales ante la Dictadura, Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993, pp 63-77.

[xix] Recogido de la obra LA VERDAD, Historias de nuestra historia. 100 años en la región de Murcia, Murcia, 2003, pp 107- 108.

[xx] GUERAO NAVARRO, José Antonio: Totana, 1936-1939. Repercusiones de la guerra civil en un municipio de la retaguardia. Totana, Ayuntamiento de Totana, 2001, pp 248.

[xxi] Campo de trabajo definido de esta manera por el El Liberal: “primer campo de concentración para desafectos al régimen” (El Liberal, núm. 11.381, Murcia, Martes 5 de enero de 1937, pp 1).

[xxii] Los días 11 y 12 de julio de 1931 fueron incendiados el diario conservador La Verdad y la iglesia gótica de la Purísima, y saqueados, entre otros, el convento de las Isabelas y el de las Verónicas. El de 9 diciembre del mismo año, el Ayuntamiento de Molina obligó por oficio al párroco de Nuestra Señora de la Asunción la entrega de los fondos de la Hermandad del mismo nombre, para festejos cívicos, y semanas más tarde ordenó retirar las cruces de mayo de las casas de los vecinos. El día 8 de diciembre de 1935 fueron atacados en un bar de Hellín Fernández Cuesta y Manuel Mateo, cuando regresaban a Madrid de un mitin falangista en Murcia (Teatro Circo Villar), y el día 12, en Yecla fueron heridos varios falangistas por asistir al mitin de Murcia del día 8 (entre los heridos figuran Luís Ortega González, que fue asesinado en junio de 1936 en Valencia por miembros del Frente Popular). El día 14, Cehegín fue escenario de enfrentamientos entre falangistas y socialistas; y en  Jumilla, el 18 de febrero, tras tomar el poder municipal el Frente Popular, un grupo de sus milicianos asaltaron el domicilio del falangista Pedro Martínez Eraso, al que torturaron, siendo detenidos 16 falangistas más. El día 19 fue asaltada en Murcia la casa del jefe provincial de Falange en Murcia, siendo detenidos trece falangistas. Mientras, el día 20, en Yecla fue asesinado un dependiente de comercio de filiación falangista; en Jumilla la CNT local proclamó el comunismo libertario con grandes disturbios; en Torreagüera fue incendiada su Iglesia parroquial; en Murcia capital, el diario La Verdad fue nuevamente incendiado, así como el diario Levante Agrario, además del intento de quema de la iglesia del Carmen, hecho que acabó con un muerto, y el día 26 fue asaltado el Ayuntamiento de la Torres de Cotillas. El día 9 de marzo de 1936, fue quemada la Iglesia parroquial de Cehegín, el día 15 fue quemada la Iglesia parroquial de Los Garres, y al día siguiente se registraron disturbios entre frentepopulistas y falangistas en Jumilla. En el mismo día 16, la Iglesia de Torreagüera fue nuevamente atacada, en Beniaján se saquearon los archivos parroquiales, en Cehegín se produjo el asalto e incendio de la iglesia de Santa María de la Concepción y de la Ermita de la Peña y en Cieza se sucedieron distintos asaltos a las viviendas de considerados “derechistas”. Igualmente, la Iglesia parroquial de  Monteagudo fue incendiada el día 18, y al siguiente, en Yecla fueron atacados catorce templos (entre ellos el templo del Salvador del siglo XIII, la parroquia del Niño Jesús con su talla de Berruguete, la parroquia de Los Dolores con sus pasos de Semana Santa, las iglesias de San Cayetano, de Santa Bárbara, de San Juan, de San Francisco, el santuario de la Virgen del Castillo con su camarín de oro y la Iglesia Arciprestal de la Concepción), además del convento de Concepcionistas Franciscanos (en el que desenterraron y quemaron los restos del popular cura-obispo, además de las imágenes de Semana Santa y un cristo de Berruguete). El 14 de abril fueron asesinados tres “derechistas” en Jumilla, el 17 miembros del Frente Popular de Cieza asaltaron la vivienda del médico falangista Gregorio Parra Garrigues que resulta herido grave, y el 20 en Yecla milicianos socialistas asaltaron el domicilio del falangista José Caro Bautista, de 20 años, al que asesinaron posteriormente. El 10 de mayo una Ermita de Caravaca fue atacada el día 10, y tres días después, la única iglesia que quedaba en pie en Yecla (la Basílica de la Purísima) fue incautada por el alcalde y convertida en mercado, huyendo más de mil personas del municipio. El día 17, milicianos socialistas y comunistas (con la colaboración de algún guardia municipal) atacaron a tres “derechistas”: Jesús Marín Moreno, José Marín Morcillo y Manuel Torres Guerrero.

[xxiii] Nuestra Lucha, Murcia, núm. 21, Sábado 12 de septiembre de 1936.

[xxiv] DE MADARIAGA, Salvador: Anarquía o jerarquía. Madrid, Ed. Aguilar, 1970, pp. 91-92

[xxv] Nuestra Lucha, Murcia, Jueves 7 de octubre de 1937, pp. 4.

[xxvi] Nuestra Lucha, Murcia, núm. 221, Murcia, Sábado 24 de abril de 1937.

[xxvii] AYALA, José Antonio: “República y Guerra civil en la región murciana”, en VVAA: Historia de la Región murciana. Murcia, tomo IX, Ediciones Mediterráneo, 1980, pp 71-72.

[xxviii] SALAS LARRAZABAL, Ramón Salas. Pérdidas de Guerra. Madrid, Ed. Planeta, 1977, pp 233-236.

[xxix] GONZALEZ, Carmen: Guerra civil en Murcia. Universidad de Murcia, 1999, pp 156.

[xxx] RUBIO Y HERNANDEZ, Martín: Tierras rojas (memorias de un cautivo). Murcia, Talleres tipográficos La Moderna, 1940.

[xxxi] RODRIGUEZ LLOPIS, Miguel: Historia de la Región de Murcia. Murcia, Comunidad autónoma de Murcia, 1998, pp 438.

[xxxii] MARTINEZ LEAL, Juan: República y Guerra civil en Cartagena. Cartagena, Universidad de Murcia, 1993, pp 196-205.

[xxxiii] CAUSA GENERAL, Ramo de Cartagena, “Relación nominal de asesinados por los rojos”, Carp. 1065, tomo 1, pp 717

[xxxiv] EGEA BRUNO, Pedro María: “Los siglos XIX y XX”, en TORNEL, Cayetano Tornel (coord.), Manual de Historia de Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 1996, pp 299-415.

[xxxv] GUARDIOLA TOMAS, Lorenzo: Historia de Jumilla. Jumilla, 2005, pp 399-401.

[xxxvi] ORTUÑO PALAO, Miguel: Yecla día a día. Yecla, Ediciones Duo, 1991, pp 250-254.

[xxxvii] Sobre esta localidad contamos con el estudio ya citado de José Antonio Guerao Navarro, Totana, 1936-1939. Repercusiones de la guerra civil en un municipio de la retaguardia, Premio Alporchón de Investigación Histórica 2000, Ayuntamiento de Totana, 2001.

[xxxviii] MEDINA ORTIZ; Francisco: “Olvidar la memoria”, La Verdad, Murcia, 17 de octubre de 2006, pp 33.

[xxxix] Localidad dónde fue pasto de las llamas la bellísima talla de la Patrona de Beniaján, Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, realizada por el escultor Dupard (aunque en algunos escritos se la atribuye al mismo Salzillo).

[xl] RUIZ ABELLAN, María Concepción: Cultura y ocio en una ciudad de retaguardia durante la guerra civil (Murcia, 1936-1939). Murcia Real Academia Alfonso X el sabio, 1993, pp 353.

[xli] El Liberal, Murcia, 18 de diciembre de 1936.

[xlii] MORENO MORENO, Antonio: Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939. Madrid, BAC, 1961, pp 268-269.

[xliii] Testimonio de Máximo Antón García, “En nombre de la Memoria Histórica”, en La Verdad, Murcia, 20-09-2006.

[xliv] Testimonio recogido por ZAPATA ORTIZ, José María: “Memoria imparcial”.  La Verdad, Murcia, 27-09-2006. Añadía además que “ante la tropa que presenciaba el fusilamiento, no permitió que le taparan los ojos, perdonó y pidió a Dios perdón para todos y murió dando vivas a Cristo Rey, el 24 de febrero del año 1938, en el pueblo de Velado de Zuera (Zaragoza), donde fue sepultado. Tenía sólo 21 años, su cadáver fue exhumado en el año 1940, el cuerpo estaba entero y su carne inodora, de color rosáceo y actualmente reposa en la iglesia parroquial de Casasimarro (Cuenca).

[xlv] CGM, Pieza 10ª, Caja 1068, informe de la Diócesis de Cartagena, fol. 6 en Murcia a 24 de abril de 1941.

[xlvi] AYALA, José Antonio: Murcia y su huerta en la II República, 1931-1939. Murcia, 1978, pp. 96-97 y 112-118.

[xlvii] “El PC marca el camino de la unidad antifascista”, Nuestra Lucha, Murcia, núm. 220, Viernes 23 de abril de 1937 (última página).

[xlviii] Confederación, núm. 128, Murcia, Jueves 1 de julio de 1937, pp 1.

[xlix] El Liberal, núm. 11.381, Murcia, Martes 5 de enero de 1937, pp 1 y 3

[l] Confederación, Murcia, núm. 129, Martes 6 de julio de 1937.

[li] Nuestra Lucha, Murcia, Jueves 7 de octubre de 1937, pág. 4.

[lii] Confederación, Murcia, núm. 128, Jueves 1 de julio de 1937, pág.1.

[liii] Severino Bonmatí dimitió el día 4 de julio de sus cargos de vocal ante este sectarismo, al igual que de tesorero del patronato de la Misericordia tras la “dolorosa expulsión que habían sufrido las mojas que allí trabajan”. FRANCO FERNANDEZ, Francisco: República, guerra y exilio. Antonio Ros y la generación del 27. Cartagena, Ed. Aglaya, 2005, pp. 156, 157 y 161.

[liv] GONZALEZ, C.: La gestión municipal republicana en el Ayuntamiento de Murcia, Ediciones Almudí, Murcia, 1990, pp 34-35.

[lv] Nuestra Lucha, Murcia, Jueves 7 de octubre de 1937, pág. 4.

[lvi] ROMERO, Luis: Desastre en Cartagena. Madrid, Ed. Ariel, 1971.

[lvii] “Constitución de los Comités de Vecinos”, Unidad, Murcia, 13-1-1938.

[lviii] El Liberal, Murcia, núm. 11381, Martes 5 de enero de 1937, pág. 2.

[lix] Tema analizado por GONZALEZ, Carmen: “Sociedad y Guerra. Condiciones de vida en la retaguardia murciana a través del análisis de la prensa, 1936-1939”, Anales de Historia contemporánea, núm. 12, vol. 2. Universidad de Murcia, 1996, pp 381-472.

[lx] CRESPO, Antonio: La prensa periodística en la ciudad de Murcia (1706-1986). Murcia, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1986, pp 89.

[lxi] Tras este hecho, y por determinas razones tácticas, Montiel abandonó el PSOE e ingresó en el PCE; Partido que tras intentar usarlo como ariete, sin conseguirlo, intentó asesinarle en varias ocasiones.

[lxii] Nuestra Lucha, núm. 19, Murcia, Jueves 10 de septiembre de 1936.

[lxiii] Nuestra Lucha, núm. 21, Murcia, Sábado 12 de septiembre de 1936.

[lxiv] Nuestra Lucha, núm. 22, Murcia, Domingo 13 de septiembre de 1936.

[lxv] Nuestra Lucha, núm. 221, Murcia, Sábado 24 de abril de 1937.

[lxvi] Nuestra Lucha, núm. 219, Murcia, Jueves 22 de abril de 1937.

[lxvii] Nuestra Lucha, núm. 217, Murcia, Martes 29 de abril de 1937.

[lxviii] Nuestra Lucha, núm. 39, Murcia, 2 de octubre de 1936.

[lxix] MINGUEZ LACHERAS, Francisco Mínguez Lacheras, La prensa cartagenera en la Guerra civil. La Unión, Tierra Nuestra, 2000, pp 9, 25 y 45.

[lxx] Venceremos, núm. 81, Cartagena 29 de agosto de 1937.

[lxxi] Venceremos, núm. 106, Cartagena, 28 de septiembre de 1937.

[lxxii] Nuestra Lucha, Murcia, 2 de noviembre de 1937.

[lxxiii] Unidad, Murcia, 9 de noviembre de 1937.

[lxxiv]   El Liberal, núm. 11.379, Murcia, Sábado 2 de enero de 1937, pág. 1. A su juicio, el “pueblo” sostenía el proyecto republicano: “sin los más humildes, hubiera fracasado el Frente Popular en febrero; sin los más humildes habríamos perdido la guerra el 18 de julio”; siendo necesaria la “unidad” política entre los miembros del FP “para garantizar la Revolución”, aunque denunciaba  que “no debe prosperar, sería un crimen que prosperase una conciencia unilateral, estrecha y mezquina, sobre a quién compete, tanto en el plano nacional como provincial, la dirección y la responsabilidad de la lucha del pueblo español contra el fascismo”.

[lxxv] El Liberal, Murcia, núm. 11382, Miércoles 6 de enero de 1937, pág. 1.

[lxxvi] FUE, Murcia, núm. 1, 3 de octubre de 1936, pp 1- 2

[lxxvii] FUE, Murcia, núm. 4, 1 de noviembre de 1936, pp 1- 3.

[lxxviii] Confederación, núm. 182, Murcia, Sábado de 10 de julio de 1937.

[lxxix] MARTINEZ LOPEZ, María Isabel: El Romea y otros teatros de Murcia durante la Guerra civil. Murcia, Universidad de Murcia, 2003, pp 53.

[lxxx] El Liberal, Murcia, Sábado 7 de noviembre de 1936.

[lxxxi] BOLLOTEN,  B.: La Guerra civil española. Revolución y contrarrevolución. Madrid, Alianza ed., 1989, pp 116.

[lxxxii] TUSELL, Javier: Historia de España S. XX. Madrid, Ed. Historia 16, 1990, pp 448.

[lxxxiii] “La constitución del Tribunal Popular de Murcia”, Nuestra Lucha, Murcia, 2 de septiembre de 1936.

[lxxxiv] Como muestra el espacio de “desafectos al régimen” publicado por El Liberal en la sección de Sucesos de Lorca: “Milicias presentan a Antonio Arenas García y a Juan Martínez García por desafectos al régimen” (El Liberal, Murcia, 8 de enero de 1936, pp 2).

[lxxxv] Nuestra Lucha, Murcia, 11 de diciembre de 1936, pp 3. Y acusaba a este militante, defensor del ex marqués de Ordoño, de pasarse a la oposición radical-cedista cuando fracasó en las elecciones locales en Corvera, y advertía a continuación que “los camaradas que no cumplan estas indicaciones serían fulminantemente expulsados del Partido comunista”.

[lxxxvi] Nuestra Lucha, Murcia, 11 de septiembre de 1936, pp 3 y 4. Las pruebas documentales aportadas por la fiscalía se referían a telegramas de agrupaciones locales del FP, que definían arbitrariamente a los acusados de reaccionarios por ser miembros cedistas, ciervistas, monárquicos, exsocialistas o por supuestas actuaciones “peligrosas”.

[lxxxvii] Nuestra Lucha, Murcia, 10 de septiembre de 1936. Este periódico recogió la declaración del exsocialista condenado, dónde afirmaba que no pertenecía a ningún partido político.

[lxxxviii] Nuestra Lucha, núm. 19, Murcia, Jueves 10 de Septiembre de 1936.

[lxxxix] “A la opinión antifascista”, El Liberal, Murcia, 24 de diciembre de 1936. Comunicado de la Casa del pueblo socialista dónde de defendía la necesidad de cumplir la sentencia ante la posibilidad de disturbios “populares”, o de tener que reprimir al propio pueblo republicano si decidían tomarse la justicia por su mano.

[xc] Nuestra Lucha, núm. 26, Murcia, 18 de septiembre de 1936.

[xci] Unidad, Murcia, 2 de octubre de 1937.

[xcii] El Liberal, Murcia, 10 de septiembre de 1936.

[xciii] Nuestra Lucha, Murcia, 8 de diciembre de 1936.

[xciv] Nuestra Lucha, núm. 217, Murcia, 20 de abril de 1937.

[xcv] Nuestra Lucha, núm. 221, Murcia, 24 de abril de 1937.

[xcvi] El Liberal, núm. 11.387, Murcia, Viernes 1 de enero de 1937, pág. 3.

[xcvii] BERMEJO, Carmen, AYUSO, Mar y MARCOS, Javier: “El tribunal popular de Cartagena”, en ARCHIVO HISTORICO NACIONAL: Justicia en Guerra, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990, pp 110-114.



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