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El fracaso de la legalización del aborto en el Uruguay: Una victoria pro-vida con sabor amargo por Daniel Iglesias Grèzes, Néstor Martínez y Diác. Jorge Novoa Un descripción y análisis del proceso realizado por los responsables de la revista "Razón y Fe" |
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| Principales antecedentes
La Ley Nº 9.763, vigente en la República Oriental del Uruguay desde 1938, considera siempre al aborto como un delito, aunque
permite al Juez la exención o atenuación de la pena con base en cuatro causales
bastante amplias. Tradicionalmente el Estado uruguayo ha aplicado esa ley con
escasa diligencia. La cantidad anual de personas procesadas judicialmente por
el delito de aborto es muy baja. Generalmente se trata de médicos o parteras;
casi nunca de madres que han abortado.
Desde hace décadas existe en
nuestro país un organismo público (llamado actualmente Comisión Reguladora de
la Interrupción de la Gravidez) que, contrariando la ley vigente, autoriza la
realización de abortos en determinados casos puntuales.
Durante el pasado período de
gobierno (2000-2005), bajo la Presidencia del Dr. Jorge Batlle (del Partido
Colorado), ocurrieron tres hechos de gran importancia en torno a la cuestión de
la penalización del aborto.
El 5 de diciembre de 2003 el
Ministerio de Salud Pública autorizó
la venta de Misoprostol, un fármaco indicado para el
tratamiento de úlceras gastroduodenales, que también puede ser utilizado
(ilegalmente) para producir abortos.
El Misoprostol tiene una alta eficacia abortiva durante los dos primeros
trimestres del embarazo y puede causar graves problemas de salud a las mujeres
que lo utilizan con fines abortivos sin supervisión médica. El uso abortivo de Misoprostol
se ha difundido bastante en Uruguay, mientras las autoridades públicas fingen
ignorarlo.
El día 4 de mayo de 2004 el proyecto
de ley "de Defensa de la Salud Reproductiva", que establecía la legalidad del aborto dentro de las primeras doce semanas de embarazo y que contaba
con media sanción de la Cámara de Representantes, fue rechazado por la Cámara
de Senadores, al obtener 13 votos a favor, 17 votos en contra y una abstención.
En total, alrededor del 90% de los Senadores y Representantes (también llamados
Diputados) del Frente Amplio (una coalición de izquierda, actual partido de
gobierno) votaron a favor del proyecto. Al parecer este dato no fue tenido en
cuenta por muchos ciudadanos católicos en las elecciones nacionales de 2004.
Poco después de esa derrota
legislativa, los sectores pro-abortistas lograron poner en marcha, en el
principal hospital pediátrico de Montevideo (el Pereira Rossell), una
“iniciativa sanitaria contra el aborto en condiciones de riesgo”, que consiste
esencialmente en promover el aborto químico. No se realizan abortos, pero se
atiende a la mujer antes del aborto (poniendo énfasis en el asesoramiento sobre
el uso abortivo de Misoprostol) y después del aborto. Los médicos
tampoco recetan Misoprostol, pero éste puede ser adquirido ilegalmente
en las inmediaciones del Hospital o incluso dentro del mismo.
Una embestida contra la
familia y la vida
El día 26 de mayo de 2006,
poco más de un año después del comienzo del primer gobierno de izquierda de la
historia del Uruguay, el proyecto de ley de “defensa del derecho a la salud
sexual y reproductiva” fue presentado en la Cámara de Senadores con la firma de
12 de los 17 Senadores del partido de gobierno. El núcleo de este proyecto de
ley era muy similar al proyecto rechazado por el Senado en 2004. Sin embargo, se
le había agregado un capítulo programático (el Cap. I), que a la postre sería casi
lo único que subsistiría para convertirse en ley.
Dejando de lado el Capítulo I, que
analizaremos luego, cabe destacar que el nuevo proyecto de ley:
* autorizaba el aborto por la sola voluntad de
la mujer hasta las doce semanas de gravidez; * autorizaba el “aborto terapéutico” y el “aborto eugenésico” en cualquier momento; * desestimaba absolutamente la voluntad del padre (el varón); * establecía el aborto como “acto médico”; * limitaba arbitrariamente y violaba el derecho a la objeción de conciencia; * obligaba a todas las instituciones de asistencia médica a realizar abortos; * obligaba a los Jueces a autorizar abortos. Como cabía esperar, durante el actual período de gobierno (2005-2010) la gran mayoría de los legisladores frenteamplistas ha impulsado una amplia ofensiva contra la familia y la vida. Además del nuevo intento de legalización del aborto, que comentaremos ampliamente, dicha ofensiva incluyó, entre otras, las siguientes iniciativas: * el reconocimiento legal de las uniones concubinarias heterosexuales u homosexuales (logrado por medio de la Ley Nº 18.246); * el intento de legalización de algunas formas de eutanasia pasiva (a través del proyecto de ley de “voluntad anticipada”); * la puesta en marcha de un programa de educación sexual de sesgo relativista en la Administración Nacional de Educación Pública; * un proyecto de ley que otorgaría a las parejas homosexuales el derecho a la adopción; * un proyecto de ley que permitiría el cambio de “identidad de género” en el Registro Civil; * un proyecto de ley de “reproducción humana asistida” que atenta contra el orden moral objetivo de varias maneras. Desprecio de la ley En mayo de 2007, en un momento en que el trámite parlamentario del proyecto de ley de “defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva” parecía estancado, los pro-abortistas recurrieron a una estrategia muy singular, que revela su desprecio de la ley vigente en nuestro país. El procesamiento sin prisión de una mujer que cometió un aborto reavivó la polémica sobre la legalización del aborto. Los partidarios de la legalización sacaron a relucir un nuevo argumento, según el cual los médicos que denuncian un aborto violan el secreto médico, incurriendo en una grave falta contra la ética de su profesión. Resulta paradójico que se acuse de falta de ética a los médicos que cumplen su deber moral de denunciar un delito conocido, mientras se pasa por alto la gravísima falta ética de los médicos que realizan abortos o recomiendan cómo hacerse un aborto supuestamente “seguro” (para la madre, claro está). Poco después, un grupo de más de 8.000 personas, entre las cuales figuraban varios ministros y legisladores del partido de gobierno y muchas personas conocidas e influyentes, publicó en Internet una declaración en la que, solidarizándose con dicha mujer procesada, cada uno de ellos manifiesta haber violado la Ley Nº 9.763. Esta estratagema parecía provenir de un sentimiento de frustración por no haber logrado aún, por la vía parlamentaria, la legalización del aborto a petición. De este modo se agravó la división de los uruguayos acerca del aborto, ya que se puso en cuestión, no sólo una ley determinada, sino la actitud misma de respeto a la ley vigente que debe inspirar a los ciudadanos de cualquier Estado de derecho. Da la impresión de que se pretendió proclamar una especie de derogación de facto de una ley. Esa declaración parecía un desafío arrogante, como diciendo: “Veamos si hay algún fiscal que se anime a abrir un expediente judicial para indagar sobre la legalidad de un manifiesto firmado por tantas y tan prestigiosas personas como nosotros”. Como si en el Uruguay no hubiera un ordenamiento jurídico en el cual nadie es más que nadie, una ley vigente que todos por igual debemos respetar, nos guste o no nos guste. Un trámite parlamentario muy irregular La Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva viola el orden jurídico de nuestra República, no sólo por atentar gravemente contra los derechos humanos, sino también por su irregular trámite legislativo. Las irregularidades denunciadas por el movimiento pro-vida son básicamente tres: * A principios de 2007, la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores discutió y votó en particular el proyecto de ley, sin antes discutirlo y aprobarlo en general, como correspondía. * A fines del mismo año, el Senado rechazó el proyecto; pero algunas semanas después, de un modo antirreglamentario, volvió a someterlo a votación y lo aprobó. * En 2008, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes pasó el proyecto de ley al Plenario de la misma Cámara con dos informes en minoría (¡?) cuando, según el Reglamento, al haber dos miembros de la Comisión a favor y dos en contra, el proyecto debió ser archivado. Analizaremos con más detalle la más grave de esas irregularidades (la segunda), resumiendo la exposición que el Dr. Carlos María Freira, representante del Instituto Americano de Defensa de los Derechos Humanos, realizó el día 3/09/2008 ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Por medio del Repartido Nº 551/07, la Comisión de Salud del Senado remitió al Plenario de la Cámara de Senadores dos proyectos de ley diferentes: * El primero, que es el que luego envió el Senado a la Cámara de Representantes, como si hubiera sido aprobado, era denominado “Proyecto de Ley” y figuraba a fs. 19 del Repartido. El día 17/10/2007, en la Sesión Extraordinaria Nº 40, fue rechazado en la votación en general (por 15 votos en 30). * El segundo era denominado “Proyecto de ley sustitutivo” y figuraba a fs. 5 del Repartido. En la misma Sesión Extraordinaria fue aprobado en general en votación unánime (31 votos en 31). En consecuencia, debía ser votado en particular en una sesión posterior. El día 6/11/2007, en la Sesión Extraordinaria Nº 42, fue tratado como único punto del orden del día. Como varios Senadores habían variado de posición, se pidió la reconsideración de la votación en general de este proyecto, la que fue aprobada (por 30 votos en 31). De inmediato se pasó a votar nuevamente en general el “Proyecto de ley sustitutivo”, y esta vez resultó rechazado (por 13 votos en 30). Por lo tanto los dos proyectos presentados por la Comisión de Salud fueron rechazados en forma legítima e irrevocable por el Senado. El rechazo de un proyecto de ley por una de las Cámaras tiene varios efectos: a) en primer lugar, un proyecto de ley sólo puede ser pasado a la otra Cámara cuando ha sido previa y debidamente aprobado por la Cámara de origen (art. 137 de la Constitución); b) a partir del rechazo, deja de existir como proyecto de ley, excepto que se haya solicitado su reconsideración en la misma sesión o en la siguiente y que la misma sea aprobada; c) una vez firme el rechazo, un proyecto que ha sido rechazado por cualquiera de las Cámaras o por la Asamblea General no puede ser presentado nuevamente hasta la siguiente legislatura. Cuando en la Sesión del día 6/11/2007 el Presidente de la Cámara sometió nuevamente a votación el proyecto de fs. 19 (rechazado por la misma Cámara el día 17/10/2007), se violó el Reglamento de la Cámara: ese proyecto no estaba en el orden del día (art. 61), no se pidió su inclusión en el orden del día (art. 66) y ya no podía ser reconsiderado porque su rechazo había quedado firme (art. 105). Por lo tanto, la aprobación de ese proyecto carece de valor alguno. A pesar de esto, el Senado envió dicho proyecto a la Cámara de Representantes, como si fuera un proyecto de ley debidamente aprobado. Tan claro es todo esto que ninguna de las dos abogadas que asumieron la representación de la Cámara de Representantes en los juicios de nulidad tramitados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se animó a controvertir ninguno de los hechos relacionados en las demandas y tampoco la irregularidad e improcedencia de los mismos. En una palabra, en dichos juicios de nulidad no existen hechos controvertidos, puesto que todos los hechos referidos fueron reconocidos por el Poder Legislativo. Las dos votaciones del año 2007 en el Senado El 17 de octubre de 2007 el Senado rechazó el proyecto de ley de “defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva”, por 15 votos a favor y 15 en contra. El mismo día los Senadores aprobaron por unanimidad en general un proyecto de ley igual al citado, pero excluyendo el Capítulo II, que trataba directamente acerca de la legalización del aborto. El nuevo proyecto, sin embargo, incluía aspectos muy negativos, como por ejemplo la adhesión oficial a la ideología de la “perspectiva de género”, la imposición por ley de falsos principios éticos, graves amenazas contra la libertad de expresión y la patria potestad y la extensión a todos los centros de salud del país de una iniciativa que en los hechos equivale a promover el aborto farmacológico. Quince Senadores del Frente Amplio votaron a favor de la legalización del aborto, mientras que otros dos votaron en contra. Además votaron en contra los once Senadores del Partido Nacional y dos Senadores del Partido Colorado. El restante Senador colorado se retiró de sala en el momento de la votación. Los 31 Senadores apoyaron con su voto el citado proyecto alternativo. Lamentablemente, el 6 de noviembre de 2007 la Cámara de Senadores volvió a tratar el proyecto de ley rechazado veinte días antes, aprobándolo en esa ocasión por 18 votos sobre 31. Votaron a favor 16 Senadores del Frente Amplio, un Senador del Partido Nacional y un Senador del Partido Colorado. Los cambios con respecto a la votación anterior fueron los siguientes: el Senador frenteamplista Alberto Cid, que había votado en contra del proyecto en octubre, votó a favor del mismo esta vez; el Senador nacionalista Julio Lara, cuyo suplente había votado en octubre contra la legalización del aborto, votó a favor en noviembre; el Senador colorado Julio María Sanguinetti, cuyo suplente se había retirado de sala durante la votación de octubre, votó a favor de la legalización del aborto en esta segunda instancia. El proyecto de ley aprobado por el Senado pasó a consideración de la Cámara de Representantes. El desenlace: un veto parcial muy anunciado En una larga sesión, que se extendió del martes 4 al miércoles 5 de noviembre de 2008, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. La votación del proyecto en general arrojó 49 votos a favor y 48 votos en contra. Todos los votos a favor provinieron de Diputados del Frente Amplio. Votaron en contra los 46 Diputados presentes de la oposición (integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente) y dos Diputados del Frente Amplio. Dicha aprobación sólo fue posible porque, bajo una intensa presión de la mayoría de sus compañeros de bancada, otros dos Diputados del Frente Amplio que habían anunciado su intención de votar en contra del proyecto terminaron votando a favor del mismo. Uno de ellos, sin embargo, votó contra el Artículo 2º del proyecto, que instituía a los “derechos sexuales y reproductivos” como “derechos humanos universales”. Así, ese artículo fue rechazado, por lo cual el proyecto de ley tuvo que volver al Senado. Cabe mencionar que dos Diputados titulares del Frente Amplio, de conocida posición anti-abortista, no participaron de esta sesión de la Cámara de Representantes. Según informes de prensa, esto se debió a maniobras de su propio sector político, Asamblea Uruguay (cuyo líder, el Senador Danilo Astori, es uno de los precandidatos del Frente Amplio a la Presidencia de la República). Asamblea Uruguay se había comprometido a hacer los esfuerzos necesarios para asegurar que se alcanzarían los votos requeridos para aprobar ese proyecto de ley en la Cámara Baja. El martes 11 de noviembre de 2008 el proyecto en cuestión -con la modificación hecha por la Cámara de Representantes- fue aprobado por la Cámara de Senadores, por 17 votos contra 13. Votaron a favor los 17 Senadores del Frente Amplio. En contra votaron los once Senadores del Partido Nacional y dos de los tres Senadores del Partido Colorado. El restante Senador colorado (el Dr. Julio María Sanguinetti, quien fue dos veces Presidente de la República) se ausentó de sala en el momento de la votación. Habiendo sido aprobado por ambas Cámaras, el proyecto de ley pasó a consideración del Poder Ejecutivo. El jueves 13 de noviembre de 2008, en un hecho que tuvo resonancia mundial, el Poder Ejecutivo, ejercido en ese caso por el Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República, y la Dra. María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública, vetó los Capítulos II, III y IV del proyecto de ley. Esos tres Capítulos trataban directamente acerca de la legalización del aborto. De este modo, el Dr. Vázquez (médico oncólogo de reconocido prestigio profesional) cumplió su reiterado compromiso público de vetar dichas disposiciones. Recomendamos la lectura del documento por medio del cual el Poder Ejecutivo interpuso ese veto parcial y explicó los fundamentos del mismo (el documento está disponible en: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/proyectos/2008/11/s511__00001.PDF). Diversos comentaristas, tanto en el Uruguay como en otros países, han destacado la fuerte coincidencia entre las razones esgrimidas en este documento y muchos de los principales argumentos del movimiento pro-vida. El jueves 20 de noviembre de 2008 se reunió la Asamblea General (integrada por todos los miembros de ambas Cámaras parlamentarias) para considerar el veto presidencial. Para levantar el veto se requería un mínimo de tres quintos de los votos de los miembros presentes de cada Cámara. Votaron negativamente (es decir, en contra del veto presidencial) 15 de los 29 Senadores presentes y 46 de los 90 Diputados presentes. De los 61 votos negativos, 60 fueron de legisladores del partido de gobierno. El restante voto negativo fue el del ya mencionado Dr. Sanguinetti. Al principio la sesión fue presidida por el Senador José Mujica (un ex guerrillero tupamaro, otro precandidato del Frente Amplio a la Presidencia de la República), quien sin embargo se retiró antes de la votación. Dado que no se alcanzaron las mayorías especiales requeridas, el veto quedó firme. Por consiguiente, del proyecto original fueron aprobados únicamente el Capítulo I (sin el Artículo 2º) y el Capítulo V. Los hechos de los últimos dos años galvanizaron al movimiento pro-vida en el Uruguay. Esto se puso de relieve en varios actos públicos realizados en 2007 y 2008, sobre todo en la gran manifestación del lunes 3 de noviembre de 2008, que contó con unos 3.000 participantes, que marcharon por la principal avenida de Montevideo. Pese a sus escasos recursos, la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida, organismo que convocó estos actos, consolidó su liderazgo en esta temática dentro de la sociedad civil. Nuestra valoración del desenlace Los hechos reseñados en el numeral anterior contienen aspectos positivos y aspectos negativos. Por una parte, celebramos el gran triunfo alcanzado por la “cultura de la vida” al ser rechazadas las disposiciones legislativas que habrían convertido al Uruguay en el primer país de América Latina (excepto Cuba) en introducir la legalización del aborto por la sola voluntad de la madre, bajo condiciones muy amplias. Una vez más, con la ayuda de Dios, el pequeño David ha vencido al gigante Goliat. Felicitamos, entonces, a todos los legisladores, gobernantes y ciudadanos uruguayos que defendieron el derecho humano a la vida. Destacamos el coraje manifestado por el Presidente de la República al mantenerse fiel a profundas convicciones éticas, pese a la existencia de fortísimas presiones contrarias. No es nada común que un importante líder político actúe en contra de la firme voluntad de casi todos sus seguidores y de sus propios intereses electorales, para seguir el dictado de su conciencia. Con la misma claridad lamentamos los aspectos negativos de estos acontecimientos. Como veremos en detalle más adelante, la ley promulgada contiene muchas disposiciones inadmisibles. Por otra parte, subrayamos que, en el mismo momento en que se difundió la noticia del veto parcial, el sitio web de la Presidencia de la República emitió un comunicado que abre las puertas para una eventual legalización del “aborto terapéutico” y el “aborto eugenésico”. En resumen, corresponde que el movimiento pro-vida siga trabajando a fin de lograr la derogación total de la nueva ley, en el momento oportuno, y siga promoviendo alternativas positivas al aborto. El Artículo 2º El Artículo 2º, finalmente rechazado por el Parlamento, definía como los “principios” de la ley. Originalmente se los denominó “principios rectores” y “principios éticos”, pero luego se abandonaron los dos adjetivos para contemplar (sólo en las formas) la posición de quienes sostenían que no correspondía establecer nuevos “principios éticos” por ley. El Art. 2º establecía que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables. El literal a) establecía que la protección de esos derechos incluye: “la promoción de la equidad en términos de género”, introduciendo así la peligrosa noción de “género” en nuestro orden jurídico. Más adelante, el mismo artículo determinaba que: “En materia de sexualidad humana se reconocerá tanto la función biológica vinculada a la procreación como el carácter placentero de la comunicación interpersonal.” Este “principio” contradice la ley moral natural tal como ésta es expuesta por la Iglesia Católica, la que enseña que -desde el punto de vista ético- la relación sexual tiene dos finalidades o significados inseparables: el significado unitivo (la unión de los cónyuges) y el significado procreativo (la apertura al don de los hijos). El texto en cuestión admite la disociación de ambos significados y no respeta el significado unitivo, puesto que en ningún momento enmarca el ejercicio de la sexualidad dentro de la unión matrimonial. Dentro del concepto de “comunicación interpersonal”, destaca sólo su carácter placentero, no su carácter de expresión del amor conyugal. Se manifestaba así una fuerte tendencia a una ética individualista, subjetivista y hedonista. También corresponde destacar los siguientes literales: · “f) reconocer el derecho de toda persona a procurar su satisfacción sexual según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten respetados los derechos de terceros.” Este “principio”, desarrollado con coherencia, conduciría a extremos evidentemente inhumanos, como el sado-masoquismo, la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia y un largo etcétera. Según este literal, los “derechos sexuales” incluyen un supuesto derecho al placer sexual, procurado sin ningún tipo de barreras éticas, salvo el caso del daño directo a otros. Aquí se evidenciaba un individualismo radical. En la exposición de motivos
de la ley se encuentra otra muestra notable de esta antropología
individualista: “Por otro lado, una de cada cuatro mujeres nunca ha
consultado al ginecólogo por motivos vinculados a su autocuidado, sin mediación
de su rol materno. […] Las mujeres que completan 12 años de estudio,
muestran un mayor nivel de autocuidado. Se manifiesta así el estereotipo de
género de “ser para los demás”, “cuidar de los otros”, en detrimento de “ser
para sí”, “cuidarse a sí misma”, que sólo parece debilitarse con el acceso a
estudios superiores.” Por lo tanto, según la filosofía que inspira esta ley,
“ser para los demás” no es una virtud moral, sino un “estereotipo de género”
que habría que erradicar, y “ser para sí” no es la inmoralidad por excelencia
(el egoísmo), sino una actitud apropiada, que todo el aparato del Estado deberá
promover. “a) difundir y proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva; (…) f) garantizar el acceso universal a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables; g) incluir la ligadura tubaria y la vasectomía con consentimiento informado de la mujer y del hombre, respectivamente;” El Artículo 4º (ex 5°) establece las funciones que asume el Ministerio de Salud Pública para el cumplimiento de los objetivos antes definidos. Cabe destacar su numeral 2:“Implementar en todo el territorio nacional la normativa sanitaria vigente (Ordenanza 369/04, de 6/8/2004 del MSP) a cerca de la atención integral en los casos de embarazo no deseado-no aceptado, denominada “Asesoramiento para la maternidad segura, medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”;” Esto equivale a implantar en todo el país el programa de “asesoramiento para la maternidad segura” que hoy funciona en el Hospital Pereira Rossell de Montevideo, programa que consiste esencialmente en promover el aborto farmacológico basado en el Misoprostol; El Artículo 5º (ex 6°) encomienda al Ministerio de Salud Pública tareas de coordinación con todos los demás organismos del Estado. El Artículo 6º (ex 7°) establece la universalidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. El Capítulo II (ex V), titulado “Disposiciones finales”, en su Artículo 7º (ex 22) establece lo siguiente:“Incorpórase al Código de la Niñez y la Adolescencia el siguiente artículo: “ARTICULO 11 bis. (Información y acceso a los servicios de salud).- Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inclusive los referidos a la salud sexual y reproductiva, debiendo los profesionales actuantes respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecerle las mejores formas de atención y tratamiento cuando corresponda. De acuerdo a la edad del niño, niña o adolescente se propenderá a que las decisiones sobre métodos de prevención de la salud sexual u otros tratamientos médicos que pudieran corresponder, se adopten en concurrencia con sus padres u otros referentes adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la autonomía progresiva de los adolescentes. En caso de existir riesgo grave para la salud del niño, niña o adolescente y no pudiera llegarse a un acuerdo con éste o con sus padres o responsables del mismo en cuanto al tratamiento a seguir, el profesional podrá solicitar el aval del Juez competente en materia de derechos vulnerados o amenazados de niños, niñas y adolescentes, quien a tales efectos deberá recabar la opinión del niño, niña o adolescente, siempre que sea posible.”” Aquí se viola gravemente la patria potestad, dado que se establece que en el ejercicio de los supuestos “derechos sexuales y reproductivos” y la recepción de “servicios de salud reproductiva” por parte de niños o adolescentes, es posible en ciertos casos ignorar las convicciones y la voluntad de sus padres. Más aún, debido al carácter confidencial que se asigna a esos servicios médicos, en muchos casos los padres ni siquiera podrán enterarse de lo que se hace en esta materia con sus hijos menores de edad. Consideraciones estratégicas Se equivoca absolutamente quien piense que los pocos artículos de la ley promulgada son irrelevantes porque no se refieren directamente a la legalización del aborto. Como lo hemos mostrado más arriba, esos artículos constituían el núcleo ideológico del proyecto, del cual se desprendían luego (en los tres Capítulos vetados) sus disposiciones concretas. Puede parecer sorprendente que un texto legal que violenta tan profundamente la mentalidad y las costumbres de amplios sectores del pueblo uruguayo haya sido aprobado por unanimidad por siete Senadores pertenecientes a los tres mayores partidos políticos del país. Esto es un indicio más de la gran desproporción existente entre la importancia histórica y social de la religión mayoritaria del Uruguay (es decir, la católica) y la notoria debilidad política de los católicos. Sin embargo, no es hora de quejarse ni de lamentarse. Si hemos llegado hasta esta situación es porque -muy a menudo y durante largo tiempo- muchos católicos dejaron de lado (prácticamente) parte de sus convicciones morales más profundas cuando les tocó actuar en el ámbito público o político. Tanto le hemos hecho el juego al secularismo, tanto ha calado éste dentro de nosotros mismos, que a veces sentimos que estamos haciendo algo incorrecto al profesar nuestros principios cristianos en esos ámbitos, cuando en realidad sólo estamos haciendo uso de nuestros inalienables derechos. Resulta urgente, pues, que los católicos uruguayos despertemos de nuestro actual letargo y pasividad y rápidamente nos organicemos y movilicemos para defender, junto con las personas no católicas que reconocen la ley moral natural, el derecho humano fundamental a la vida y la recta concepción del hombre, el matrimonio, la familia y la sociedad. Además, hemos de tomar nota cuidadosamente de las actuaciones de cada legislador y de cada político en estos asuntos y tenerlas muy presentes en cada ocasión en que seamos convocados a las urnas. En esta nueva fase de la embestida contra la familia y la vida en el Uruguay, exhortamos a los católicos uruguayos que aún no hayan hecho nada al respecto a movilizarse y sumarse a los grupos pro-vida y pro-familia. Dejemos de lado ya la apatía y la resignación en torno a asuntos de los que depende en gran parte la calidad moral de nuestra República. Creemos que, ante hechos tan graves como éstos, los católicos uruguayos debemos salir de nuestra actual y masiva pasividad, y movilizarnos para procurar -por todos los medios lícitos- que en nuestro país el derecho fundamental a la vida humana sea respetado. Despertemos ya, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo enfrentar esta ofensiva anti-vida y anti-familia? Nos parece que deberíamos tomar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios básicos:1) Los fieles cristianos laicos deben actuar en plena comunión con la Jerarquía de la Iglesia. Es importante que los católicos laicos ejerciten la “libertad de los hijos de Dios” (Romanos 8,21), pero dentro de un orden justo, bajo la guía del Magisterio eclesial. A su vez pensamos que en el tiempo presente, tan caracterizado por la confusión doctrinal, los laicos necesitan y anhelan escuchar la voz de sus Pastores. 2) Los cristianos deberían evitar dos errores contrapuestos: el irenismo y el moralismo. a) Según la clásica definición de San Agustín, la paz es la “tranquilidad en el orden”. Por lo tanto, no podemos sentirnos totalmente en paz en medio de la injusticia. Rechazando las promesas de los falsos profetas que anuncian una “paz” meramente exterior (cf. Jeremías 6,14), debemos comprometernos con la búsqueda pacífica de una armonía social integral, basada en la obediencia a la voluntad de Dios sobre el hombre. b) El cristianismo no empieza ni termina en la moral natural, sino en el encuentro personal con Dios en Cristo. En medio de la lucha, a menudo enconada, a escala planetaria, de dos cosmovisiones (la cristiana y la secularista) en torno a los derechos de la familia, no es ocioso recordarnos y recordar a los demás que nuestro “no” al aborto, la eutanasia, el mal llamado “matrimonio homosexual”, etc. es la consecuencia lógica de un “sí” a la verdad sobre Dios, que es Amor, y a la verdad sobre el hombre, creado para amar y llamado a participar del Amor divino. Un silogismo para católicos en tiempos electorales El año 2009 será en Uruguay un año electoral: en junio tendremos las elecciones internas de los partidos políticos, en octubre la elección nacional y en noviembre la eventual segunda vuelta, si ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República reúne la mayoría absoluta en octubre. En ese contexto, concluiremos este artículo presentando un silogismo que busca orientar el voto de los ciudadanos católicos. Partimos de la siguiente premisa mayor: “Un ciudadano cristiano no puede lícitamente votar a favor de un candidato, sector o partido que promueve la legalización del aborto”. Nos referimos aquí a la licitud moral del voto, no a su licitud jurídica. Esta premisa mayor puede ser demostrada tanto filosóficamente (es decir, apelando a la razón humana natural) como teológicamente (es decir, apelando a la razón iluminada por la fe sobrenatural). Para mayor brevedad, nos atendremos aquí a la vía teológica, apelando a la autoridad del Magisterio de la Iglesia Católica: “Cuando en ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que «la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral».” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 570). De esta doctrina católica se deduce fácilmente la premisa mayor referida. Nuestro silogismo continúa con la siguiente premisa menor: “El candidato, sector o partido X promueve la legalización del aborto”. Esta premisa puede ser demostrada con base en hechos públicos y notorios, como por ejemplo el voto de cada candidato, sector o partido en las diversas instancias del trámite parlamentario de la Ley de “Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva”. Evidentemente, el silogismo termina en la siguiente conclusión: “Un ciudadano cristiano no puede lícitamente votar a favor de X”. Para evitar esta conclusión, es preciso rechazar una doctrina católica (lo cual no debe hacer ningún católico), o bien rechazar hechos públicos y notorios (lo cual no debe hacer ningún ciudadano informado), o bien rechazar las leyes de la lógica (lo cual no debe hacer ningún ser racional). Nótese que, aunque en general los Pastores de la Iglesia se limitan a enseñar la premisa mayor, ellos suponen que los fieles católicos están suficientemente capacitados para informarse acerca de los hechos que fundamentan la premisa menor y para deducir por sí mismos la necesaria conclusión.·- ·-· -······-·
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