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por Francisco Torres García. El Nuevo Estatuto de Cataluña ha provocado la aparición de aparentes posturas políticas que no admiten el consenso. Sin embargo, el estatuto catalán no es el eje de un debate que no se está dando ni en la vida política ni en la vida social; un debate hurtado a una sociedad que se enfrenta a una problemática artificialmente creada. Al contrario, el radicalismo del Nuevo Estatuto de Cataluña viene a proscribir el necesario debate sobre el Estado de las Autonomías y la relación dialéctica Estado/Autonomías. Frente a la aparente oposición, por el empleo de determinadas palabras y por la inconstitucionalidad de los planteamientos, subyace el consenso para abrir un proceso de reformas estatutarias cuyo único horizonte es la elevación de los techos competenciales. Una vuelta a comenzar tras lo que aparentemente parecía ser un punto y final con la transferencia masiva de competencias realizada por los gobiernos populares. | |||||
| Las reformas de los estatutos que están abordando numerosas Comunidades Autónomas, obligadas a seguir la estela de las pretendidas reformas de los estatutos del País Vasco y Cataluña, impulsadas artificialmente por los grupos políticos, están poniendo de manifiesto la debilidad de un entramado constitucional que permite que proyectos claramente ilegales sean objeto de debate en el Parlamento. Así aconteció con el denominado Plan Ibarreche, y así acontece con el Nuevo Estatuto de Cataluña. Tienen razón los juristas que afirman que es imposible, constitucionalmente, aplicar una decisión de urgencia del Tribunal Constitucional a un proyecto de estas características. Ante esta obviedad es a los políticos a quienes corresponde dirimir si deben o no deben debatir sobre una propuesta que no sólo es claramente inconstitucional, sino que su aplicación derivaría en la desintegración del modelo constitucional; porque, legalmente, el Nuevo Estatuto sólo puede ser considerado como un borrador y la inconstitucionalidad sólo podría aplicarse por sentencia del Tribunal Constitucional una vez que éste fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado. El debate en el Parlamento del denominado Plan Ibarreche sentó un peligroso precedente del que ahora es necesario lamentarse. En esa ocasión existió consenso entre las dos fuerzas a la hora de debatir el texto en el Congreso y rechazarlo. En esta ocasión, ante un texto mucho más problemático, porque en realidad no es un Estatuto sino una Constitución, no ha existido dicho consenso por la oposición popular a la hora de debatirlo, corrigiendo así su posición anterior. El Nuevo Estatuto de Cataluña, la constitución encubierta de Cataluña, va a llegar al Parlamento, va a ser admitido y se va a abrir un tiempo de negociación para acomodarlo al marco constitucional. El gobierno espera lograrlo mediante nuevas cesiones en materia financiera. A pesar de todo va a resultar una acomodación difícil, porque el Nuevo Estatuto es un todo que obedece a un modelo constitucional mucho más intervencionista, radical y laicista que el modelo constitucional de 1978; estableciendo, incluso, claras diferencias en materia de derechos. El Nuevo Estatuto de Cataluña (“Constitución de Cataluña”) por su radicalidad, por su planteamiento exclusivamente nacionalista, por el hecho cierto de que su aplicación engendraría la desintegración de España y la aparición, como mucho de una fórmula confederal enormemente débil, ha hecho desaparecer, de la política española, el otro debate, el debate general, el que obliga a replantear el denominado Estado de las Autonomías que ha acabado configurándose, en la realidad, como un Estado federal encubierto, con importantes tendencias divergentes, en vez de convergentes, en su seno. En sus más de veinticinco años de recorrido la Constitución de 1978 no ha hecho sino confirmar los problemas que, desde el punto de vista de la concepción de España, de su organización territorial, desde la cohesión y la integridad, planteaba desde el principio. La falta de claridad constitucional, la falta de precisión en la relación Estado/Autonomías, ha acabado configurando una realidad federal que, además no ha sido considerada como punto de llegada final sino como punto de continuación de una relación dialéctica en la que las Autonomías tratan, arrastradas unas por otras, impulsadas por los intereses partidistas, de imponerse al Estado buscando su reducción a la mínima expresión: lo que nos retrotraería a una estructura medievalizante y amoderna. Desde 1978, el problema autonómico, ha sido, en gran medida, un problema falso, fruto de las decisiones políticas y no de una hipotética e inexistente presión social. No ha existido, porque no la han contemplado como tal, una clara política en esta materia por parte de las dos grandes opciones políticas; al entender que, en determinados momentos, podrían necesitar, para mantenerse en el poder o llegar a él, los votos nacionalistas. No ha existido una clara política en esta materia porque, a través de los regímenes autonómicos, las grandes fuerzas políticas, han buscado asegurar clientelas políticas y nuevas parcelas de poder independientes del gobierno de la nación. De ahí que, en las dos últimas décadas, si algo ha caracterizado, a la política autonómica ha sido la cesión constante en materia de competencias. Ambos partidos, en especial el Partido Popular, con clara aquiescencia de su actual presidente, entonces en Administraciones Públicas, aprovecharon la posibilidad que ofrecía la indefinición constitucional en materia de competencias para reducir las del Estado y ampliar las de las Autonomías hasta cotas que han permitido superar el modelo federal; produciéndose, por ejemplo, la ruptura de la igualdad en materias tan fundamentales como educación o sanidad. Los programas políticos de los dos partidos mayoritarios contemplaban, antes de las últimas elecciones, la apertura de un proceso de reforma estatutaria, bajo la figura de la “elevación de los techos competenciales”; fórmula que, por la indefinición constitucional, es viable ya que las competencias compartidas ofrecen un amplio margen de maniobra. Ambos partidos objetivaban esta propuesta con la mirada puesta en una serie de comunidades que pesan mucho a la hora de desequilibrar la situación electoral (Galicia, País Vasco, Cataluña…). Ambos partidos entendían que con esa propuesta de “más autonomía” podrían detraer votos al nacionalismo y contener la aparición de partidos regionalistas (primera fase del nacionalismo) en otras Comunidades. El modelo de elevación de techos competenciales a través de fórmulas dialécticas es el ya aprobado Estatuto de la Comunidad Autónoma de Valencia. El Nuevo Estatuto de Cataluña, en su radical redacción final, producto de una apuesta política de CiU, para desbancar al socialismo aplicándole la misma fórmula que Maragall empleó, ha provocado una ruptura momentánea en un proceso que se consideraba controlable. El maximalismo del planteamiento ha llevado a un rechazo abierto por lo que conlleva de final del modelo constitucional de 1978 y una seria advertencia institucional. Ahora bien, también ha contribuido a cubrir, por su violencia, el debate real que las fuerzas políticas deben afrontar con respecto al Estado de las Autonomías. Un debate que no se fundamenta en la inclusión de una u otra palabra en un texto, aceptando toda la carga que las palabras poseen. Un debate que se tiene que fundamentar en la relación dialéctica Estado/Autonomías y en la clarificación de las fuerzas políticas con respecto a este tema. Parece evidente que el Nuevo Estatuto de Cataluña no prosperará. El Estatuto que estaba llamado a ser el nuevo modelo estatutario consensuado (cabe recordar la participación favorable de Piqué y del PP catalán en gran parte de los trabajos previos en el parlamento catalán), por las presiones radicales y nacionalistas, ha acabado trasformándose en un elemento de división. El problema real no es tanto el Nuevo Estatuto de Cataluña como la reforma estatutaria en sí. Esta reforma, querida y apoyada por los dos grandes partidos, sólo tiene un horizonte posible, la elevación de los techos competenciales y la aparición de transmisiones encubiertas de soberanía. Una reforma que no será -es suficiente con mirar atrás- un punto de llegada sino un nuevo punto de salida; una vuelta a empezar. Eso es lo verdaderamente preocupante. •- •-• -••• •••-• | |||||
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