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Derechos reales y formales
No es en la ocasión excepcional sino en el día a día, en lo cotidiano, donde el ciudadano disfruta o padece el régimen jurídico que ampara o transgrede esos derechos y libertades.
"Dime de lo que presumes y te diré de lo
que careces" Este refrán, que recoge la experiencia de la
sabiduría popular, es especialmente apropiado al comportamiento
de la clase política dominante en nuestra nación, que se llena
la boca hablando de derechos abstractos y substrae las libertades
reales y los derechos inherentes a la dignidad de los ciudadanos
de la calle.
No es en la ocasión excepcional sino en el día a día, en lo
cotidiano, donde el ciudadano disfruta o padece el régimen
jurídico que ampara o transgrede esos derechos y libertades.
Sin embargo la presión de "cultura dominante del
sistema", con la connivencia de los mass media, nos impide
ser conscientes de la constante vulneración de nuestros
derechos, de nuestra dignidad, de nuestra prerrogativa a la
intimidad...
Al ciudadano no le sirven las grandes declaraciones de derechos,
si luego se quedan en el papel, sino el desarrollo diario de los
mismos en las actividades cotidianas. Y es ahí donde los
españoles somos constantemente zaheridos.
Uno de los fundamentos de un Estado de Derecho (liberal o no) es
la presunción de inocencia, que implica que al ciudadano, por
principio, no se le supone mala fe ni culpable de ningún delito,
por lo que no tiene que ir demostrando su honradez.
Parece que es elemental el respeto a este principio y que la
gente sería consciente de su conculcación. Sin embargo es
vulnerado diariamente, sin grandes escándalos pero produciendo
continuos trastornos en el devenir diario.
Así, como muestra, la gente ve con normalidad (¡!) la
prohibición de aparcar delante de edificios públicos, "por
razones de seguridad" se alega. Esto supone la
consideración general de que cualquier conductor de ese
automóvil es un presunto terrorista que va a colocar un coche
bomba;
En los edificios de la administración pública guardias privados
contratados (mientras guardias civiles y municipales, pagados con
fondos públicos sirven de guardaespaldas a cantantes y famosos
en conciertos o actividades que reportan beneficios a empresas
privadas), sin ser siguiera agentes de la autoridad, vulneran
nuestra intimidad hurgando nuestras carteras y bolsos y cacheando
nuestros cuerpos.
Los actos en que intervienen autoridades producen un estado de
excepción, con cortes de circulación, prohibición de accesos,
controles ciudadanos, etc... que paralizan la actividad cotidiana
de los ciudadanos del lugar.
Los ciudadanos pierden su derecho a la libre circulación en
determinadas zonas y horarios, por su inseguridad, y si alguien
es asaltado en ellas todavía es visto como un temerario
imprudente, mientras las autoridades, que debieran garantizar la
seguridad de los españoles en todo el territorio nacional, usan
los medios, que pagan los contribuyentes, en asegurar de forma
privilegiada a la clase dominante.
Mientras los auténticos terroristas editan diarios con
publicidad de empresas públicas (cuyos directivos nombra el
gobierno), mantienen asociaciones, sindicatos y partidos que
reciben subvenciones de las administraciones públicas, son
absueltos por tecnicismos legales en la obtención de pruebas que
son concluyentes de su culpabilidad, etc...
Y los delincuentes, convictos y confesos disfrutan de reducciones
de penas, medidas de reinserción, y demás subterfugios legales
que hacen que vuelvan a estar en la calle cuando las víctimas de
sus delitos todavía no se han repuesto de los mismos.
No entramos, puesto que haría interminable la descripción, ni
en el campo del trabajo donde los asalariados ven perder todas
sus conquistas sociales de generaciones, sus derechos laborales y
el trabajo mismo, mientras los sindicatos y sus dirigentes,
auténticos parásitos sociales, en componenda continua y al
margen de los intereses sociales, viven a costa de los
presupuestos, ni en las relaciones de prepotencia de la
Administración sobre el administrado (que sin embargo es quien
sostiene a la primera y a quien debiera servir), donde el abuso y
el menosprecio son moneda corriente.
Y todo ello (tanto los abusos sobre los ciudadanos decentes, como
los prerrogativas que disfrutan los delincuentes y terroristas)
no por la fatalidad, sino en función de unas leyes, reglamentos
y derroteros establecidos por unos políticos que pontifican
sobre derechos pero que tiranizan a los ciudadanos mientras les
engañan con la complicidad de los medios creadores de opinión
publica.
Por lo menos, por dignidad, no debemos aceptar que lo corriente,
lo que sucede repetidamente, nos parezca normal, de acuerdo al
principio, y ser plenamente conscientes, de que a pesar de la
reiteración, la mentira sigue siendo mentira, y que nuestros
derechos, los reales y cotidianos, son constantemente vulnerados.
I. Yañez *
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"ARBIL,
Anotaciones de Pensamiento y Crítica", es editado por el
Foro Arbil
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