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Sobre Salud reproductiva para no procrear.
Dentro de este término algunas organizaciones internacionales ,al servicio de poderosos intereses económicos, pretenden coartar la libertad y el crecimiento, social y político, de poblaciones enteras, especialmente en los países pobres.
Nuevamente los legisladores arremeten con
Proyectos de Ley que subvierten nuestro ordenamiento jurídico,
haciéndose eco tal vez de las pretensiones antinatalistas del
Primer Mundo.
El sistema jurídico argentino presupone la responsabilidad
individual, no lo contrario. La irresponsabilidad es la
excepción y debe estar expresamente establecida en la ley (por
edad, enfermedad, situaciones particulares de imposibilidad de
dirigir las acciones, o de comprender la criminalidad del acto,
legítima defensa, estado de necesidad, etc.).En el tema de la
procreación, es imposible delimitar un "deber
jurídico" a cargo del Estado o de particulares, sin caer en
algún tipo de totalitarismo. Cualquier participación del Estado
en la determinación o calificación de la
"responsabilidad" en la procreación humana alentaría
la discriminacin social y la violación de garantías
individuales.
Lo que sí el Estado puede y debe hacer, es educar para valorar y
rejerarquizar la vida, educar para el respeto y tratamiento digno
de las personas, facilitar información objetiva. A la gente se
la ayuda a decidir con educación y no decidiendo por ellos.
Generalmente cuando los legisladores hablan de "procreación
responsable" no se refieren a una educación para una mejor
vida de relación entre las personas, con miras a la formación
responsable de una familia, a través de la detección de
conductas relacionales patológicas en edad temprana, ni al
ejercicio de una sexualidad y procreación responsables, ni al
conocimiento de los ciclos fértiles, sino que sólo se refieren
al fomento de una "relación meramente genital entre las
personas", aludiendo a la existencia de "derechos
sexuales", de dudosa entidad jurídica y filosófica.
Ninguna Ley puede ayudar a los habitantes a decidir y ejercer sus
pautas procreativas libre y responsablemente, a riesgo de
pretender decidir por ellos.
Como peligroso antecedente, el Anexo del Proyecto de Ley de
Procreación Responsable aprobado por la H.C.D. de la Nación el
1 de noviembre de 1995, que contenía 90 páginas, y que más
tarde se aseguró que no integraría el texto legal, sino sólo a
efectos ilustrativos, describía prolijamente las técnicas que
deberían aplicar los agentes de la salud para CONVENCER a las
pacientes, de iniciar programas de anticoncepción y de cómo los
embarazos en general no son deseados.
El Anexo hablaba de observar grupos de enfoque, concientizar a la
población sobre la existencia de un problema de salud, motivar
actitudes individuales, familiares y comunitarias favorables a la
aceptación de las conductas propuestas, neutralizar todo lo que
pudiera actuar negativamente, cuidar la metacomunicación o
formas que no armonicen con el mensaje, luchar contra el olvido a
fuerza de repetición, etc...
¿Dónde está la libertad? Esto es orientación, captación y
manipulación.
Tomando en cuenta que nuestro país està subpoblado, resulta
ridículo avalar iniciativas legislativas que intenten dar
prioridad a engañosos Programas de Procreación Responsable,
más aún, cuando existe una cuenta pendiente con la
"protección integral del embarazo y del neonato".
Se organizaría un gigantesco sistema de recursos materiales y
humanos, para no concebir niños, en tanto que las mujeres que
desearan tener hijos, seguirían peregrinando por los pasillos de
los hospitales esperando que un turno para ser atendidas, o
compartiendo la cama, o reclamando ecografías y vacunas antiRH,
sin entender por qué para no tener hijos existe tanto apoyo, y
para tenerlos, no.
Estos Proyectos invierten las prioridades y discriminan
gravemente a los hombres y mujeres de nuestro país que desean
tener hijos y formar familias, privilegiando una forma de vida
egoísta, irresponsable y hedonista, promovida desde el Primer
Mundo, con el solo objeto de controlar nuestro crecimiento
demográfico, la preservación de nuestros recursos naturales y
el cobro de sus créditos.
No veo cómo estos Programas disminuirían la morbimortalidad
materno infantil. Más bien, evitarían embarazos y nacimientos.
La morbimortalidad se reduce facilitando el acceso a mejores
condiciones de salud integral (y no fragmentada en salud
reproductiva solamente), transporte, vivienda, y trabajo. No se
reduce evitando que nazca gente.
Estos Proyectos violan la autoridad de los padres en los temas de
educación sexual y procreación, aludiendo irrespetuosamente,
como la había hecho el Anexo más arriba citado en su página l3
que: LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CONSTITUYEN UN MATERIAL AL QUE
TODAVIA NO ALCANZA LOS CONDICIONAMIENTOS NEGATIVOS DE LOS ADULTOS
QUE ORIGINAN RESISTENCIA AL CAMBIO.
Los niños y adolescentes son sujetos de derecho, que deben estar
bajo la autoridad paterna hasta que la mayoría de edad, y cuando
no hay padres, el Estado debe facilitarles el acceso a otra
familia o proveer a su cuidado.
La Convención de los Derechos del Niño, en las condiciones de
su vigencia, por expresa reserva, deja al ámbito familiar, la
educación sexual de los hijos. Ninguna autoridad estatal podría
interferir en este tema.
En cuanto a la "planificación familiar voluntaria".
Por imperio de la citada Convención de los Derechos del Niño,
la planificacin familiar es voluntaria y queda reservada a la
familia, quien decide el espaciamiento y número de hijos que
desea tener. Y en cuanto a "responsable", ¿puede un
Gobierno determinar cuándo la planificación familiar es
responsable o no? ¿Cuáles serán los parámetros para
evaluarla? ¿Qué funcionario determinará quién debe y quién
no debe tener hijos? ¿A quién y con qué métodos se les
recomendará no procrear? ¿Se comenzará con los pobres, se
seguirá con aquellos que tienen posibilidad de transmitir
enfermedades, con aquellos de diferente raza o color, religión,
nacionalidad, etc.?
Se alude engañosamente al hecho de prevenir las enfermedades de
transmisión sexual, a través del suministro de anticonceptivos.
Por más anticonceptivos que use una persona, si su conducta
relacional no es ejercida responsablemente, igualmente se
contagiará enfermedades. La prevención necesita educación.
Ninguna educación puede funcionar alejada del valor de la vida y
de la familia. ¿Pensará el legislador que con la entrega de un
preservativo o de una caja de anticonceptivos ya cumplió con su
función preventiva?.
Con anticonceptivos a discreción y una conducta sexual
irresponsable, el porcentaje de enfermos de SIDA y otras ETS se
duplicará en poco tiempo.
No entiendo cómo se fomenta la idea de una decisión procreativa
libre cuando las autoridades sanitarias deberán "realizar
el seguimiento y cumplimiento efectivo de los Programas" a
través de la confección de rigurosas Historias Clínicas.
Confeccionarla solamente, tomaría más de 3 horas. Recordemos
que a muchos pacientes con diversas patologías, se los atiende
en menos de 7 minutos.
Este modelo de Historia Clínica violaría el derecho a la
intimidad de los pacientes, ya que, tal como lo había previsto
el mentado Anexo, debería ir a un Registro Central de Control,
donde se centralizaría toda la información sobre
anticoncepción de las diferentes zonas del país. El paciente
debería proveer su domicilio de residencia, su domicilio postal,
su teléfono, estado civil, escolaridad, ocupación, riesgos
sociales (adicción, madre sola, violencia familiar, etc.),
antecedentes familiares, generales patológicos, obstétricos,
ginecológicos, menstruación, frecuencia del coito, métodos
anticonceptivos anteriores, resultado del exámen
clínico-ginecológico, etc.).
¿Los aludidos riesgos sociales serían minimizados?. ¿O se
seguiría atacando al paciente en lugar de la patología?
Desearía que todos estos controles se realizaran en mujeres que
desean embarazarse, neonatos y escolares, para asegurar su
efectivo derecho a la salud.
Muchas madres salen con sus bebés en brazos de los hospitales,
sin vacunas, sin identificación, sin documentos, sin ropa, y
nadie se ocupa más de ellas, salvo para que no tengan más
hijos.
Seguramente deberían consignarse en la Historia Clínica las
causas del abandono de los Programas, y evaluar la satisfacción
del usuario. ¿A quién le preguntan, al salir de un centro de
salud público, si lo atendieron bien y si se vá conforme?.
No funciona aún un Registro Centralizado para identificar
recién nacidos y evitar su tráfico, pero para implementar
Programas de Procreación Responsable, dispondríamos del más
avanzado software provisto por Estados Unidos.
Una democracia y un país donde no hay gente, no se conciben con
una planificación familiar "recomendada en estos
términos", casi obligatoria y compulsiva.
¿Serían los pobres el pato de la boda? ¿Se obligaría a
través de "asesoramientos intencionados" evitar que
los pobres tengan hijos? ¿De qué libertad estamos hablando?
¿Qué papel jugarìan los INFORMANTES CLAVES de la comunidad en
las encuestas que se hagan en honor a estos Programas?
La mujer argentina reclama ser tratada con dignidad, y necesita
leyes para asegurar el disfrute del embarazo, para ayudar a la
que quiere tener hijos y debe trabajar, a la que debe atender
hijos discapacitados, a la madre discapacitada que debe trabajar
y atender su hogar, a la anciana que necesita cuidados
especiales, a la madre abandonada o carenciada, a la que no
reniega de su condición de madre y esposa y del placer de formar
una familia.
La madre argentina pide acceso irrestricto a los servicios de
salud integral (y no sólo reproductiva), antes, durante y
después del parto, para ella y para su familia; pide reducción
en el precio de pañales, leche, medicamentos, escolaridad, pide
documentación gratuita, etc.
Pide mayor calidad y humanidad en la atención de los partos,
donde lamentablemente muchas mujeres siguen padeciendo la falta
de sensibilidad médica.
Proyectos como stos sólo tratan de introducir en la legislación
local, las propuestas antinatalistas del Primer Mundo, a través
de los organismos y agencias internacionales, tales como: la
Federación Internacional de Planificación Familiar, la Family
Care, la John Hopkins University, el Hasting Center, la OMS, el
Fondo de Población de Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros
tantos que pretenden imponernos la disminución del crecimiento
demográfico en forma compulsiva, en atención de sus propios
intereses recaudatorios.
En el "primer mundo" la natalidad disminuyó debido al
mejoramiento de la "calidad de vida". El desarrollo
económico inclinó a la gente a no tener niños. La gente
entonces prefirió disfrutar de la vida sin el compromiso de los
hijos. En los países en desarrollo y subdesarrollados (la parte
pobre de la humanidad) se pretende reducir los nacimientos sin
promover el desarrollo, porque el dinero para el desarrollo no
llega nunca. Sólo se ofrece ayuda para suministrar
anticonceptivos, abortar o esterilizar, porque en el gran mapa
demográfico mundial, somos, junto con muchos otros países,
ciudadanos de segunda, a los que hay que acabar, lenta, pero
decididamente.
Algunas organizaciones no gubernamentales trabajan en conjunto
con estos organismos internacionales desarrollando planes de
"maternidad sin riesgo", cuyo único objetivo es
disminuír los nacimientos, no asegurar el derecho a la salud de
las mujeres y niños. Estas ONGs promueven la sanción de leyes
como las que estamos tratando.
El sistema sanitario argentino no puede ponerse a disposición de
tratar como una patología al estado saludable de las personas,
que es la fertilidad. La mujer necesita ovular todos los meses.
Suministrándole anticonceptivos, vive en una forma patológica.
Esto trae consecuencias inimaginables en la salud fsica y
síquica de las personas.
La infertilidad es la patología, y no lo contrario. No pueden
desviarse fondos necesarios para atender y promover la salud,
orientándolos a evitar embarazos, nacimientos y enfermar a la
gente y la familia, cuyas enfermedades, después el mismo Estado
no atiende.
¿Quién resarcirá los daños y perjuicios en la salud de las
personas que accedan a métodos anticonceptivos suministrados por
el Estado "gratuitamente" (que pagamos todos) y los
juicios de mala praxis? EL PUEBLO ARGENTINO.
Necesitamos leyes que permitan nuestro desarrollo, sin hipotecar
la familia, ni los hijos, leyes que permitan crecer a nuestro
país. Confío en que la reflexión sobre este penoso tema se
haga un lugar en los ámbitos legislativos.
Dra. Liliana A.Matozzo de Romualdi .
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"ARBIL,
Anotaciones de Pensamiento y Crítica", es editado por el
Foro Arbil
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