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La imposición de la economía financiera sobre la economía real Indice de Revistas Cristianos en tierras del Islam.

ARBIL, anotaciones de pensamiento y critica

El carácter totalitario de la nueva Ley de Partidos.

Esta ley no va dirigida tan sólo a perseguir los partidos violentos o cooperadores del terrorismo tal como dicen sus partidarios, sino que con ella se puede perseguir a quien pretenda cambiar el Sistema, que es liberal-relativista, y que el actual Vicario de Cristo y sus predecesores han calificado de totalitario y absolutista, y que, por tanto, desde un punto de vista cristiano es inaceptable.

Juan Pablo II no deja de insistir, una y otra vez, en el peligro de que los regímenes democráticos se conviertan en totalitarismos más o menos encubiertos.

Desgraciadamente, el Santo Padre no se refiere a casos hipotéticos y abstractos.

No ha transcurrido todavía un año desde que, so pretexto de preservar los fundamentos de la democracia, el Partido del Bienestar, un partido que, respetando escrupulosamente los mecanismos democráticos establecidos en su país, venía obteniendo resultados electorales que le convertirían en el más votado de Turquía, fue prohibido por el Gobierno con el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En España, el Gobierno del Partido Popular, con la excusa de ilegalizar a las asociaciones políticas que colaboren con bandas terroristas, pretende sacar adelante una nueva ley de partidos.

Ciertamente, si el texto de la proyectada ley se limitara a posibilitar tal propósito, nada habría que objetar, sino todo lo contrario. Pero, lamentablemente, la realidad es muy distinta, porque tal como inicialmente ha sido redactada la ley, cualquier partido que albergue la intención de cambiar el actual Sistema por otro fundamentado en principios diferentes, podría ser arbitrariamente prohibido.

El Proyecto de Ley dice, entre otras cosas que "un partido político será declarado ilegal cuando persiga de deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático"; "vulnerar sistemáticamente o promover, defender o exculpar la vulneración de las libertades y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución" o "perseguir la imposición de pretensiones políticas procurando, por sí o junto a otros grupos y sujetos, la desaparición de las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas"; "tanto cuando ello se realice mediante el empleo de métodos incompatibles con el normal funcionamiento de las instituciones y los procedimientos democráticos, como cuando se utilicen éstos para contribuir activamente a la deslegítimación de los mismos, a la impugnación generalizada de la legalidad o a la eliminación de la capacidad del sistema democrático para resolver los problemas políticos por los cauces establecidos en la Constitución".

Es importante recalcar que la ley habla de ilegalizar los partidos contrarios a la Constitución, aunque respeten y utilicen los procedimientos democráticos establecidos por el sistema. Luego, es evidente, que no va dirigida tan sólo a los partidos violentos o cooperadores del terrorismo tal como dicen los partidos partidarios de tal ley.

Es importante asimismo tener en cuenta que cuando la ley habla de democracia no se refiere a cualquier procedimiento de elección o designación de los gobernantes por el pueblo, sino a un modelo muy concreto de democracia: la democracia moderna, liberal, relativista, hoy vigente en España y en casi todo el mundo. Esa democracia que el actual Vicario de Cristo y sus predecesores han calificado de totalitaria y absolutista, y que, por tanto, desde un punto de vista cristiano es inaceptable.

Es evidente, pues, que dicha ley, si sale definitivamente adelante conforme a su primera redacción, puede ser aplicada a cualquier asociación política que aspire a la instauración cristiana del orden temporal, a impregnar las sociedades -también la comunidad política- con el mensaje del Evangelio, a lograr la inspiración cristiana de las leyes.

La interpretación católica de la vida no admite los falsos dogmas democrático-liberales de la infalibilidad de la voluntad general y la omnipotencia de la soberanía popular.

Ambos dogmas son consustanciales al sistema democrático-liberal imperante en nuestros días, y cada vez se pone más de manifiesto que el sistema no va a tolerar -aun cuando, paradójicamente, tenga que contradecir dichos dogmas- disidencias políticas en ese sentido.

¿Cuándo se darán cuenta los católicos optimistas y colaboracionistas con el Sistema que dentro de éste no hay cabida para la libre y coherente acción política de los católicos, ni para el Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo?


José María Permuy



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