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Algunas mentiras que han prosperado Indice de Revistas De la polis griega a la civitas christiana (I)

ARBIL, anotaciones de pensamiento y critica

La guerra de los minoritarios .

Las recientes operaciones de ACS sobre Dragados, Sacyr sobre Vallehermoso y Bami sobre Metrovacesa, reabren el debate sobre la ley de OPAs y sobre el papel de los minoritarios en una economía capitalista. El mercado se aleja del criterio democrático para orillarse peligrosamente en la "ley del más fuerte".

"El mercado es una democracia donde cada euro es un voto", me decía un analista financiero de esos que se pasan las horas pendientes de la pantalla para aprovechar los arbritrajes y el tráfico intradía. Pero inmediatamente me reconocía la preminencia de las manos "fuertes" sobre las manos "débiles". ¿Y la CNMV que hace? Proteger a las manos fuertes, porque el objetivo del organismo supervisor es "garantizar la estabilidad del sistema" no la igualdad de oportunidades de los inversores. Con esta premisa resulta difícil que su presidente, Blas Calzada no sea "fuerte con los débiles y débil con los fuertes".

Y con este axioma "conservador" se entiende perfectamente que el presidente de la CNMV no quiera reformar la ley de OPAs ante las fuertes críticas recibidas en las últimas semanas por lo que ha venido en llamarse "La España del 24,9 por ciento". En opinión de Calzada, las primas a las que han accedido sólo algunos accionistas son "primas de control" que revierten sobre los accionistas de la entidad vendedora.

La polémica ha surgido por las plusvalías generadas por el SCH y BBVA por la venta de sus participaciones en Dragados, Vallehermoso y Metrovacesa. En poco más de dos meses, el presidido por don Emilio Botín ha ingresado 813 millones de euros por la desinversión de dos empresas del antiguo BCH: Dragados y Vallehermoso. En el primer caso, la constructora ACS pagó una prima del 60 por ciento por hacerse con el control de Dragados. En el caso de Vallehermoso, Sacyr abonó una prima de control del 31% por hacerse con la dirección de la inmobiliaria.

La última gran operación corporativa del mercado español la ha protagonizado el audaz presidente de Bami, Joaquín Rivero, que ha adquirido el 23,9 por ciento de Metrovacesa propiedad del BBVA por 545 millones de euros, pagando una prima sobre el precio de cotización del 59 por ciento. Una plusvalía tan importante, que supera el valor de capitalización de la propia Bami.

En los tres casos, los accionistas minoritarios de las compañías adquiridas han contemplado el espectáculo desde la barrera sin poderse beneficiar de esas suculentas primas, simplemente por no disfrutar de un porcentaje de control de la sociedad. Si bien es cierto que los valores bursátiles de las tres compañías habían tenido un importante recorrido alcista en las jornadas previas a las operaciones, también lo es que al día siguiente de anunciarse, los títulos de las compradas se desinflaban fuertemente ante la evidencia de que ese 75 por ciento no era deseado.

La razón hay que buscarla en la ley de OPAs que sólo obliga a lanzar una OPA sobre el 100 por cien del capital en aquellas operaciones en las que se supere el 25 por ciento. Por eso todas las compra-ventas se han realizado cuidadosamente por debajo de este porcentaje, en sociedades con un capital muy disperso. De esta forma supuestamente "objetiva" se quedan fuera de las plusvalías las "manos débiles" del mercado.

Algo que no parece escandalizar al presidente de la CNMV, pero que si despierta la sensibilidad del ex presidente del organismo supervisor, Fernández Armesto, que desde las páginas de Expansión abogó por una reforma legislativa. Calzada cree sin embargo, que la reforma -de plantearse- debería estar en consonancia con la directiva comunitaria, que regulará exclusivamente los mecanismos de bloqueo estatutario, contrarios a la libre competencia.

Calzada se reafirma así en la doctrina ya establecida en su día por su antecesor, Luis Carlos Croissier que afirmaba que "la CNMV no es una madre" y que por tanto la única obligación del organismo supervisor consistiría en garantizar la transparencia de la operativa para que todos los inversores gozasen de la misma información. Un principio muy liberal, pero que sin embargo no garantiza la igualdad de oportunidades en un mercado que tampoco es perfectamente transparente.

Más valiente se ha mostrado el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, quien señaló su voluntad de reformar la legislación de OPAs "al margen del consenso europeo, si fuese necesario". Una voluntad que parece trabajar a buen ritmo, ya que podría ver la luz en la Ley Financiera o en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Ya saben, esa mecanismo fraudulento que utilizan todos los políticos para agilizar el trámite parlamentario de determinadas legislaciones...

La "guerra de los minoritarios" se ha convertido en una "pataleta" que probablemente revivamos en nuevas operaciones. A mi juicio, además de una reforma legislativa, urge un movimiento asociativo que revitalice el espíritu de "un euro, un voto". Si los accionistas de Dragados hubiesen estado sindicados, o al menos hubiera asociaciones de accionistas con cierta representatividad, la operación del "Floro de la Novena" jamás se habría planteado en los términos en los que se ha desarrollado. El problema -como en otros muchos órdenes- es de organización, vertebración y tejido social.

Los accionistas no pueden aspirar a una prima de control mientras que sencillamente no ostenten la dirección de la sociedad de la que son legítimos propietarios. Criticamos el déficit democrático, pero no hay mayor déficit de representatividad que el de las sociedades cotizadas. Un déficit que permite que un presidente como Villalonga, con una representación minoritaria en el capital de Telefónica, firmase la compra de Endemol por más de 5000 millones de euros, en contra de los criterios del buen gobierno y del "diligente empresario". ¿Hasta cuándo?
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Luis Losada Pescador referendum@wanadoo.es



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