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El nacionalismo vasco en marcha por la independencia.
Con la aprobación del denominado "dictamen de autogobierno", sucesivamente, por el Gobierno de Vitoria y el Parlamento vasco, los días 9 y 12 de julio, se materializa la mayor crisis sufrida por la nación española en las últimas décadas de historia común.
El dictamen de autogobierno, del
día 12 de julio, del Parlamento vasco.
Determinados analistas y tertulianos lo temían; algunos
políticos, caso de Jaime Mayor Oreja, lo esperaban: finalmente,
a lo largo de los días 9 y 12 de julio, se escenificó el primer
gran movimiento de la estrategia rupturista diseñada por el
conjunto del nacionalismo vasco. El llamado "dictamen de
autogobierno" no significa otra cosa, en definitiva,
que la reedición del Pacto de Lizarra, sin luz ni taquígrafos y
sin la condición previa del cese de la "lucha
armada" por ETA; ejecutándose en los ámbitos
institucionales controlados por los nacionalistas vascos.
Constituye, en cualquier caso, un gravísimo reto planteado
contra la común historia de la nación española.
En unas significativas declaraciones efectuadas por Javier
Arzallus, pocos días antes, a los diarios del Grupo Z, afirmó
que al nacionalismo vasco, a su juicio, no le quedaba otra
solución que la "guerra política", siendo
necesario pasar a la acción pues "defendiendo siempre
se pierden posiciones". Además, entendía que la
existencia de ETA no es un impedimento para el desarrollo de su
estrategia. La independencia, en definitiva, sería su gran
objetivo, estando contemplada desde 1949 por el PNV. Este es el
contexto y el sentido del dictamen para el PNV.
Este reto es un hecho y el PNV ya no puede echarse atrás, bajo
pena de que Batasuna retome el liderazgo del nacionalismo. De
seguir adelante, cosa que harán de una u otra forma, tendrán
enfrente a un Estado español cargado de recursos y al que ya no
le resta espacio para negociar. ¿Qué harán los nacionalistas
vascos a continuación?: ¿una consulta popular por la
autodeterminación? ¿resistirán con alguna fórmula
jurídico-administrativa la ilegalización de Batasuna?
¿dotarán estructuras para la asunción unilateral de las
competencias pendientes, a su juicio, de transferencia?
El artículo 155 de
la Constitución española.
"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las
obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o
actuare de forma que atente gravemente al interés general de
España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la
Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la
aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las
medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento
forzoso de dichas obligaciones o para la protección del
mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado
anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las
autoridades de las comunidades Autónomas".
Es el concreto contenido del, tantas veces mencionado, artículo
155 de la Constitución española, instrumento legal operativo
máximo de la legitimidad del Estado, que proporciona al Gobierno
nacional unos recursos nunca empleados y que admiten una
graduación, dependiendo de los pasos que adopte inmediatamente
el nacionalismo vasco.
Ante este desafío deberá, además, jugar una doble batalla
fundamental, tanto exterior como interior: la de la opinión
pública, las razones y los sentimientos. Es en este terreno,
antaño ámbito de las técnicas de la "agit-prop",
donde los nacionalistas vascos han demostrado una particular
habilidad desde hace muchos años, jugando las bazas del
victimismo y del general desconocimiento de la "cuestión
vasca" (lo que denunciamos en nuestro artículo Los
falsos mitos del "conflicto vasco", número 39
de esta publicación digital, noviembre de 2000).
La situación es por completo novedosa, salvo que nos remontemos
a la IIª República española. No hay paralelismo alguno con la
vivida en los años de la "transición española a la
democracia". Entonces existía la expectativa de poder
alcanzar un marco jurídico común (la Constitución española
del 78) y una vía particular que explorar y agotar (el Estatuto
vasco).
Es un salto al vacío el que se está realizando el PNV y sus
socios del tripartito, ahora, empujados por Batasuna, formación
de la que -les guste o no- son rehenes. El PNV queda, en todo
caso, en una delicada situación: de fracasar asume, casi en
solitario, los mayores riesgos, al ser el partido soporte del
actual Gobierno vasco, más habiendo alcanzado el acuerdo con la
abstención de Batasuna en el parlamento; una agrupación que no
participa en el tripartito y cuyas conexiones con el terrorismo
empiezan a ser conocidas en todo el mundo. Y de triunfar, será
el responsable del colapso social inicial producto de la fractura
humana y moral del país que dice defender.
Buena parte del dictamen de autogobierno es un fuego de
artificio: ni Navarra ni Iparralde (el País Vasco francés)
están por la labor. Pero recoge las pretensiones mínimas de
Batasuna y ETA: la denominación de Euskal Herria, un nuevo marco
jurídico apenas dibujado y el derecho a la autodeterminación;
una prueba más del radicalismo emprendido y de la existencia de
algún tipo de acuerdo previo. No en vano, Batasuna y ETA no se
han movido; por lo que es el PNV el que ha cambiado
ostentosamente de táctica (criterio que mantenemos en esta
revista desde hace años; véase nuestro artículo El PNV
y su estrategia hacia la independencia de Euskal Herria,
número 34, junio de 2000).
Las semanas que restan hasta el término del ultimátum son
fundamentales: el Gobierno deberá tomar una decisión firme,
intentando anticiparse, además, a los posibles movimientos que
desarrollará, en cualquier caso, el conjunto del nacionalismo.
Lo que no puede hacer es no reaccionar: la amenaza y el chantaje
recogidos en el dictamen de autogobierno son el mayor desafío
sufrido por este Estado de derecho. Y como señalaba lúcidamente
Libertad Digital el pasado 9 de julio, "a la democracia
española ya no le queda nada por conceder y muy poco por
padecer".
El peso de ETA.
La organización terrorista ETA se encuentra, operativamente, en
muy mal momento. Podrá golpear, pero ya no tiene la capacidad
material de trastornar y condicionar la actual situación. Pero,
paradójicamente, en el momento de mayor debilidad orgánica,
obtiene mayor respaldo que nunca al núcleo de sus propuestas. Y
ello, precisamente, cuando la acción judicial de Baltasar
Garzón, y los mecanismos derivados de la Ley de Partidos,
amenazaban con ahogar -también- a la expresión política de ETA
creando un nuevo escenario. ¿Qué hubiera sucedido de haberse
adoptado estas medidas hace 20 años?
El día 24 de julio, coincidiendo con la noticia de la marcha del
País Vasco del catedrático universitario Francisco Llera
(director del Euskobarómetro), se ha comentado en la prensa
diaria el comunicado de ETA publicado en el último número de su
portavoz Zutabe. La cabeza del MLNV afirma que el proyecto
soberanista del PNV y sus aliados es impreciso, asegurando que
hay que romper amarras con España sin pedir permiso y pidiendo,
en definitiva, una aceleración y radicalización del proceso.
Más allá de algunas afirmaciones retóricas, es evidente que
ETA persiste en el papel que más le gusta: tutelar desde la
sombra el nuevo proceso. Y piden a los demás nacionalistas que
garanticen la presencia de su brazo político, Batasuna, en las
instituciones: es el precio que deberá pagar el PNV por la
abstención de Batasuna en el Parlamento vasco y que permitió
prosperar el dictamen de autogobierno.
El nacionalismo vasco, en el entorno de las instituciones, puede
-y lo hará- tensar aun más la situación, buscando concretas
fórmulas, aunque sea saliendo "por la tangente"
como dice Arzallus, para "avanzar" en la "construcción
estatal vasca". En este contexto, una aplicación del
artículo155, que debe modularse al máximo, incluso restringida
puede ser nefasta si no se emplean a fondo los recursos de
opinión pública en juego, tal como nos lo ha recordado un
clarividente Pío Moa.
El Gobierno del Partido Popular cuenta con los apoyos necesarios:
el Parlamento, la Constitución, los recursos legales y
materiales de ella derivados, la inmensa mayoría de la opinión
pública española; y con el concurso de casi toda la oposición.
Es significativa la progresiva toma de posición de un PSOE que,
aunque precisa de una línea y un espacio propios en el País
vasco y Navarra, viene reafirmándose en una visión de Estado,
producto de la conciencia del reto histórico presente. Prueba
dramática de ello constituye las dramáticas declaraciones de
Ramón Jaúregui al pedir que no se celebren elecciones
municipales allí donde, por presión, no se puedan presentar
listas del PSOE-PSE y del PP.
Esta crisis política también está planteada a nivel mediático
y jurisdiccional (con el previsible recurso de
inconstitucionalidad que presentará el Gobierno español). Y no
podemos descartar alguna iniciativa en instancias
internacionales, entorno en el que se mueven "como pez
en agua", aunque su asociación a Batasuna les puede
perjudicar en extremo.
Al tomar posesión de su nuevo cargo como Ministro de
Administraciones Públicas, el día 10 de julio, Javier Arenas
proclamó la voluntad del Gobierno y su responsabilidad política
en el mantenimiento de la Constitución en su integridad, pero
sin concretar qué medidas contempla de materializarse las
amenazas nacionalistas. Pero éstas no se quedarán en meras
declaraciones, por lo que ha llegado el momento de la acción.
·- ·-· -··· ·· ·-··
José Basaburua.
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"ARBIL,
Anotaciones de Pensamiento y Crítica", es editado por el
Foro Arbil
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