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LOCE: un intento de buscar soluciones

por Francisco Torres García

A todos ha sorprendido encontrarse con una nueva sigla en el mundo de las siglas de la Educación, la LOCE. Con ella, se afirma, se trata de corregir el rumbo negativo que ha tomado la educación en España. Durante los próximos años una amplia serie de reformas se van a implantar. La LOCE nos hace preguntarnos, ¿qué aporta esta Ley? ¿Tendrá una efectividad real? ¿Supone su aplicación el fin de la denostada LOGSE? ¿Se cubrirán las expectativas y las demandas de la sociedad?

La LOCE que, para muchos profesionales de la enseñanza, independientemente del signo ideológico particular, se presentaba como una luz al final del túnel a que les había conducido la LOGSE, se ha convertido, pese a la polémica, en una esperanza de cambio real. Lo que no oculta que la Ley presenta tantas luces como sombras.

No ha escapado a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación la tradición de aplicar las reformas de forma tan pausada que, los positivos efectos correctores que de ella pueden derivarse, tardarán tiempo en demostrarse; a ello acompaña, pese a las cifras genéricas que se publican, una insuficiente dotación presupuestaria que permita transformar las buenas intenciones en realidades tangibles.

Hasta el año 2007 no concluirá el proceso de aplicación global de la LOCE, lo que, evidentemente, introduce importantes elementos de incertidumbre en su futuro, ya que las decisiones políticas y la presión demagógica de la oposición podrían introducir variables no deseadas por la cerrada defensa del espíritu de la LOGSE que realizan. Sobre todo si tenemos presente que una buena parte de los decretos que deben desarrollar la LOCE todavía se encuentran en fase de elaboración.

La LOCE no sólo no supone -pese a lo que se dice- la puesta en marcha de un sistema de enseñanza discriminatorio para los alumnos en función de sus capacidades y rendimiento, sino que presenta una solución legal a las posibilidades de continuar estudios que la LOGSE dejaba sin solventar para aquellos alumnos de inferiores resultados. Sin embargo, la ley falla a la hora de asumir y solucionar un problema que ya planteaba la puesta en marcha de la LOGSE, la falta de igualdad de oportunidades reales por la falta de oferta por parte de los centros al no garantizarse la obligatoriedad en los itinerarios de estudios que impone la Ley, que debería ser de obligado cumplimiento en, al menos, todas las localidades. Menor importancia reviste el siempre polémico diseño de los currículos, donde también pesan los intereses corporativos, ya que los defectos de éste pueden ser subsanados por la práctica.

En esa línea otro de los aspectos negativos es la supresión de todo lo referente a los mínimos que debían reunir las instalaciones, los ratios profesor/alumno/aula, etc. que pueden acabar afectando negativamente a la calidad de la enseñanza.

Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Educación también suponen incógnitas, ya que una parte de la aplicación de lo dispuesto queda a expensas de la legislación de las Comunidades y ahí los problemas de financiación podrían acentuar tanto las diferencias como la aplicación y efectividad de las reformas. Algo que afecta, por ejemplo, a la gratuidad de la etapa de tres a seis años en los centros privados concertados. Lo positivo es que la Ley aspira a establecer la gratuidad absoluta desde el nivel más bajo. Igualmente las posibilidades de autonomía que abren para los centros pueden abrir espacios para la discusión al entrar en los aspectos de contratación, aunque también sea positiva a la hora de abrir esos espacios para la investigación.

¿Qué aporta la LOCE?

Desde el punto de vista académico quizás lo más llamativo, por el escándalo y el daño que producía, sea la eliminación de la denominada promoción automática que permitía a los alumnos pasar de curso sin haber superado una sola materia (caso flagrante que sucedía, por ejemplo, en los alumnos que pasaban de primero a segundo de la ESO, suponiendo, en la realidad, elevar un muro infranqueable para el futuro de esos alumnos convirtiéndolos en aspirantes a un fracaso escolar garantizado); también elimina la posibilidad de superar la ESO con importantísimas lagunas de conocimiento, reduciendo a la categoría de excepcionalidad la posibilidad de obtener el título con dos materias no superadas (siempre que no sean Matemáticas y Lengua conjuntamente); se vuelven a establecer las pruebas de recuperación que permitían a muchos alumnos reintegrarse al curso con mayores posibilidades al mantener una continuidad en el esfuerzo.

Mejora también tanto la Educación Preescolar como la Infantil, sobre todo hasta los seis años ya que adelanta el aprendizaje de lectura y escritura, así como de pequeños cálculos a los cuatro años. También incluye, a partir de seis, el aprendizaje de una lengua extranjera, adelantándolo en dos años. Al mismo tiempo amplia en primaria las horas de Matemáticas o Lengua intentando subsanar así las deficiencias que este aspecto presentan muchos alumnos cuando llegan a la secundaria.

Por su parte, la Formación Profesional quizás sea la que menos reformas demandaba. Entre ellas la apertura de posibilidades de continuar los estudios. De ahí que, como en la antigua FP, los Programas de Iniciación Profesional, integrados en el sistema, aseguran al alumno la obtención, al mismo tiempo, en caso de superarlos, el título de ESO.

Mucho más discutible es la creación y aplicación de los itinerarios en la ESO, que, de algún modo, aunque de forma no reglada y con cierto engaño indirecto al alumno, también estaban en la LOGSE. Aunque la elección de un itinerario permite su cambio al curso siguiente, no es menos cierto que la mayoría de los profesionales de la Educación son conscientes de la falta de madurez del alumno en esas edades (trece-quince) y la falta de decisión a la hora de tener pensado que tipo de estudios quieren hacer. Lo lógico sería que el currículo básico de cualquier itinerario de la ESO permitiera continuar estudios en cualquier bachillerato, tal y como sucedía con las materias de su antiguo equivalente, el segundo de Bachillerato Unificado Polivalente. Algo que podría subsanarse con la introducción de optativas en el curso 2005-2006, pero que queda al libre ejercicio de la voluntad.

Los problemas y puntos oscuros de la LOCE que hemos subrayado de forma sintética han quedado o van a quedar sepultados por la polémica que levanta la implantación de la llamaba Prueba General del Bachillerato, la Reválida. Ejercicio que se pondrá en marcha, por vez primera, en el curso 2005-2006, pero cuya forma y tipo se desconoce. Esta prueba sustituirá a la Selectividad y a diferencia de ésta será obligatoria para todos los alumnos que quieran obtener el título de Bachiller. La imposición de la prueba viene, en realidad, determinada por dos razones que, a muchos, parecen incontrovertibles: la primera, que este tipo de prueba existe en los países más importantes de la UE y que, por tanto, es precisa para la correcta convalidación de estudios; segunda, y esta es menos asumible, que sirve para asegurar tanto el nivel medio de los conocimientos impartidos, así como los mínimos exigibles para todos, como para introducir elementos de corrección en las notas que salen de los centros. Pese a su polémica, de todos modos, dados los resultados generales de la Selectividad, con un altísimo porcentaje de aprobados, hada indica que ésta se convierta en un problema para los alumnos difícil de superar.

Con estas medidas se propone introducir en el sistema educativo, otra vez, la denominada cultura del esfuerzo que había sido proscrita por la LOGSE, siendo éste, para muchos, uno de sus grandes males.

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Francisco Torres García

Revista Arbil nº 73

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