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ARBIL, anotaciones de pensamiento y critica

Terremoto político a cuenta de las cuentas secretas del BBVA.

El escándalo de las cuentas secretas no ha removido ni un milimetro la confianza ciudadana en el sistema. En una época en la que hemos dejado de creer en Dios, la gente sigue manteniendo su fe en el dinero

El "affaire" de las cuentas secretas en paraisos fiscales del BBVA ha sido calificado como el mayor escándalo financiero de la democracia española. Sin embargo, el pasado 1 de noviembre, el Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo señalaba en sede parlamentaria su preocupación sobre el elevado volumen de negocio que las entidades financieras tenían refernciado en paraísos fiscales. Una comparecencia, por cierto, calcada a la realizada exactamente un año antes.

En realidad, todo país necesita su paraíso fiscal. Y si no lo tiene, debería de crearlo. Es lo que hizo Europa tras la Segunda Guerra Mundial con esos micro-estados de escasa viabilidad política si no fuera por su especial estatus fiscal: Mónaco, Andorra, Lienchestein, y en menor medida, Luxemburgo. Por su parte Estados Unidos no es ajena a esta práctica y mantiene importantes inversiones deslocalizadas fuera del país, en concreto en las islas del paradisíaco mar Caribe.

Los paraísos fiscales son territorios que garantizan al depositante opacidad y buen trato fiscal. Un serio revulsivo para unos estados que mantienen aprisionados a sus ciudadanos con cargas fiscales desorbitadas para mantener el edificio de la economía pública que practica un efecto expulsión de la iniciativa privada absolutamente inmoral. Paradojicamente, esos mismos estados "confiscatorios" son los que han promovido la existencia de paraísos fiscales como válvula de espace del sistema. "Todo país debe de tener su paraíso fiscal si no quiere que el dinero negro se le escape al paraíso del vecino", viene a ser el axioma del moderno maquiavelismo financiero.

En este entorno, que el BBV haya "deslocalizado" 37.000 millones de pesetas en las islas Jersey no deja de ser una anécdota si no fuera porque detrás de la información se mezclan complejos intereses corporativos, personales y políticos que nada tienen que ver con la lógica financiera. Más que nada porque a diferencia con el caso Gescartera, en el affaire BBV, el problema es que había "de más", no que hubiera de menos. O sea, que los vascos, como siempre, "iban sobraos".

El escándalo de las cuentas secretas no ha removido ni un milimetro la confianza ciudadana en el sistema. En una época en la que hemos dejado de creer en Dios, la gente -afortunadamente- sigue manteniendo su fe en el dinero... Y de esta forma, la inicial desconfianza producida por el escándalo entre los fondos de pensiones internacionales ha retornado a calma. Y aunque el BBVA muestre su preocupación sobre el impacto de la crisis en las cuentas de resultados del segundo trimestre, la realidad es que no se ha producido retirada masiva de depósitos ni migración de clientela a las entidades de la competencia.

¿Cuáles son las consecuencias entonces de este "destape"? Empecemos por las políticas. En primer lugar parece evidente la relación entre el "golpe de Estado" protagonizado por el actual presidente único del BBVA, Francisco González, y la existencia de las citadas cuentas. Por otra parte, el "affaire" que precipitó la salida de Emilio Ybarra de la presidencia del banco, ha provocado la salida también de los consejos en los que representaba los intereses de la entidad. Le sustituye el consejero delegado Jose Ignacio Goirigolzarri, un vasco de ocho apellidos, pero de escaso espíritu nacionalista, más que nada porque más que un Neguri, es un "casero". "Goiri" además aparece limpio de las investigaciones del Banco de España y Garzón, aunque ya hay quien se ha encargado de recordar que Goirigolzarri también hizo las américas: fue director de operaciones del banco en América Latina.

Además, la posible salida del hermano de Emilio del consejo del BBVA supondría el abandono del apellido Ybarra del organo del administración del "banco de Neguri". Un serio revés para la oligarquía financiera vasca acostumbrada a heredar un puesto en los consejos como si de un cortijo se tratara. Una mafia que ha estado demasiados años manteniendo una estructura empresarial y económica absolutamente artificial.

La economía vasca se ha basado en el mantenimiento de unas sedes sociales irreales y de unos contratos de suministro más políticos que empresariales. A pesar de que FG afirmara rotundamente que no pensaba modificar la sede social del banco, la verdad es que el debate ha quedado abierto tras la polémica del abono de los impuestos de Terra y el dictamen de la Junta Arbitral en la que señala como criterio "la sede social efectiva del negocio".

Más interesante resulta el entramado empresarial organizado alrededor de los grandes grupos "vascos" para suministrarles diferentes productos y servicios. ¿Qué pasaría si esos grandes grupos empresariales comenzarán a tomar decisiones de compra y aprovisionamiento con criterios de eficacia? ¿Existe viabilidad para esa "gran iniciativa empresarial" de la que presumen los responsables políticos vascos? Por vez primera las empresas vascas empiezan a salir del "zulo" en las que les tenían "secuestradas" las mafias del Neguri de Bilbao que condenaban la violencia, pero en el fondo vivían de ella. ¿Será una casualidad que ETA haya comenzado a actuar contra el empresariado vasco tras la presidencia de FG?

Obviamente, el PSOE ha encontrado en el caso BBV un nuevo frente para ejercer su oposición. Las fundadas sospechas -tras el testimonio del testigo protegido de Garzón dado a conocer por La Vanguardia- de que el Secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga hubiera redactado el manual de productos financieros de BBVA Privanza, resultan una tentadora pieza para que la oposición política busque el desgaste del Gobierno. Un ejecutivo que sin embargo no parece querer llegar hasta el final "caiga quien caiga" y veta una comisión de investigación que seriviría para esclarecer los hechos de un asunto de interés general. ¿No es este un motivo suficiente para constituir una comisión de investigación? ¿No debe la mujer del César no sólo ser honrada, sino parecerlo? ¿No podía imaginarse el Gobierno que un escádalo similar podría saltar toda vez que Ponga había diseñado la "planificación" fiscal internacional de Repsol y CajaMadrid?

La estrategia del PP sin embargo es la misma que la ejercida con Gescartera: "Parar el golpe y poner en marcha el ventilador". Un ventilador fácil de activar toda vez que las cuentas cifradas están fechadas en 1987, momento en el que el actual jefe de auditoría interna del BBVA, José Pérez, ocupaba el cargo de director de supervisión del Banco de España. Y el PSOE, ¿también se enteró de este affaire por la prensa?

Por otra parte, ¿por qué el Banco de España tarda tanto tiempo en comenzar sus investigaciones? ¿Por qué la auditora Arthur Andersen tampoco se redactó una nota en su informe correspondiente a las cuentas del 2000, ejercicio en el que el BBV regularizó sus partidas "off shore"? ¿Por qué Rodrigo Rato exculpa a la auditora de toda responsabilidad? Y si los citados fondos sirvieron para finaciar las campañas electorales de Chavez y Fujimori, ¿es que fue el BBVA el único banco de pagó "coimas" como contraprestación para tomar posiciones estratégicas en el Continente de la Esperanza?

Al margen de estas preguntas sobre las que probablemente jamás alcancemos respuesta, sobre el asunto BBV subyace un enfrentamiento personal entre el amigo de Jose María Aznar, Emilio Ybarra y el amigo de Rodrigo Rato, Francisco González. El otro amigo del vicepresidente, Alfonso Cortina, ya ha renunciado a su presencia en el consejo del BBVA, pero busca blindar su presidencia en la petrolera protegida por el gobierno con la acción de oro. Y como a río revuelto, ganancia de pescadores, el Bilbao ha aprovechado para sacar a la luz que el Vizcaya llegó a adquirir un 8,13 por ciento de autocartera para elevar hasta un 25 por ciento el valor de sus títulos en los días previos a la fusión. Por último, el caso BBV está permitiendo que diversas asociaciones de consumidores de dudosa moralidad se personen como acusación particular accediendo de esta forma al secreto de sumario. Y ya se sabe, la información es poder...

Luis Losada Pescador.



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