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| Revista Arbil nº 77 | |
Reforma constitucional ya por Pablo Sagarra Renedo Si la unidad de España está en peligro, como denuncia el Gobierno, es porque el marco constitucional permite el desarrollo de estructuras de poder en el Estado que pueden operar políticas antinacionales | |
| ¡Sí!, adelante con la Reforma de la Constitución. Después de 25 años de vida es el momento de reformar nuestra Carta Magna cerrando el sistema de organización territorial del Estado. España se lo merece y lo necesita. Y esa reforma debe eliminar las indeterminaciones del Título VIII, recogiendo de una manera concluyente qué competencias son imprescindibles residenciar en el Estado y cuáles en las Comunidades Autónomas. Avanzando en la transferencia de las últimas que les corresponden a éstas –si existen-, manteniendo las genuinas del Estado Central y revirtiendo en él las que indebidamente han ido a parar a manos de dichas Comunidades Autónomas. Y esa reforma es muy sencilla y radica en el blindaje, sin perjuicio de las modificaciones necesarias de otros preceptos, del artículo 149.1 de la Carta Magna relativo a las Competencias exclusivas del Estado en las 32 materias que contempla, modificando únicamente, a nuestro juicio y por sentido común, el apartado 29 que otorga competencia al Estado sobre seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías autonómicas, suprimiendo esta última posibilidad y precisando algunas competencias más relativas a la legislación civil, la banca que incluya las Cajas de ahorro y similares y el régimen jurídico de todas las Administraciones Públicas y de sus funcionarios uniforme y respetuoso con el principio de igualdad en toda España. Reformemos la Constitución ¡sí!, para corregir sus defectos, no para ahondar en los mismos. Porque no nos engañemos, detrás de las rupturas de la Hacienda general, del régimen económico de la Seguridad Social y del ejercicio del Poder Jurisdiccional que se proponen en la actualidad, vendrán luego más reformas estatutarias para asumir competencias en materia de nacionalidad, inmigración, relaciones exteriores, Fuerzas Armadas, legislación penal y penitenciaria, marina mercante, etc. Y después el caos. ·- ·-· -··· ·· ·-· | |
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Por la responsabilidad penal y patrimonial de los políticos
Las actuaciones administrativas y legislativas de los políticos tienen consecuencias vitales en los ciudadanos que las sufren.
Sus negligencias, torpezas y malicias repercuten fatalmente en personas concretas
¿Cómo pagarán sus culpas y repararán los daños ante las víctimas los legisladores y gobernantes responsables, por ejemplo,
· de la muerte de cientos de miles de españoles asesinados por aborto,
· o los de un código penal que invita al delito, dejando desamparadas a las víctimas,
· o los que despenalizan la droga creando millones de piltrafas humanas
· o los que con sus políticas económicas ocasionan el paro, la precariedad y la explotación laboral, manteniendo en la miseria a millones de españoles,
· o los que con su legislación penal, anmistías, subvenciones, sistemas educativos, ... favorecen el terrorismo que asesina, atemoriza y envia al exilio interior,
· o los que con sus políticas "educativas" condenan al analfabetismo funcional y a la degradación moral a la juventud,
· o los que con en sus politicas "sociales" favorecen la sodomía frente a la familia y subvencionan la contracultura en vez de la natalidad,
· o los que abren una verja para facilitar el contrabando y el fraude fiscal, detrayendo ingresos que podrían convertirse en hospitales, carreteras seguras, servicios sociales, ...
· etc, etc. etc.....?
Hay que tomar conciencia de que todo eso y otros muchos problemas que sufren los espàñoles no son fruto de la fatalidad sino que tienen unos responsables que deben responder, personalmente, no de forma abstracta, por los daños causados a la sociedad y a los individuos concretos.