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CARTAS

El Debate: Un diario católico en la II República

por Cristina Barreiro Gordillo

Análisis de la posición adoptada por el diario católico El Debate durante los años de la Segunda República. En consonancia con la doctrina papal en materia de sumisión de los católicos a los poderes de hecho, El Debate va a aceptar la "legalidad" republicana y a mantenerse en esta posición hasta su desaparición definitiva en julio de 1936. Fue así mismo, el más prominente diario católico en estos años y actuó como portavoz de la Jerarquía Eclesial.

Como portavoz de la jerarquía eclesial, el periódico de Herrera va a publicar cartas y circulares de las autoridades religiosas en las que se hacía hincapié en el papel de sumisión filial a los poderes constituidos, obediencia a sus disposiciones -mientras estas no se mostrasen en oposición manifiesta a la "Ley de Dios"- respeto y colaboración con las autoridades seculares (5). Ello irritó profundamente al diario alfonsino ABC, incapaz de comprender un transcurrir pacífico en España sin el concurso de la Monarquía. Para el ABC parecía que El Debate renegaba "oportunamente" del término más polémico de su ideario, la Monarquía, para centrarse en la propagación de otros valores propios de su doctrina -Religión, Patria, Orden, Familia y Propiedad- (6). Se hacía necesario prescindir de toda pretensión programática monárquica en virtud del "bien común". Lo que recriminaba El Debate a ABC no era el ser monárquico, sino el incluir la Religión y la Iglesia en la definición de Monarquía. Pero para el diario de Herrera ningún principio podía ser superior a la doctrina de la Iglesia católica: "Harto claro se ve por las palabras de León XIII que la Religión y la Iglesia están por encima de las formas de Gobierno" (7) .

El Debate ante las primeras medidas anticlericales.

Pese a las iniciales manifestaciones del Gobierno Provisional de mantener una actitud no hostil con la Iglesia -y una vez vista la política de acatamiento adoptada por la jerarquía eclesial- el gabinete adoptó las primeras medidas anticlericales. Y como era de esperar, El Debate protestó ante tales determinaciones. Para el periódico se trataba de unos decretos inútiles, "pretenciosamente laicos", que burlaban el Concordato con la Santa Sede de 1851 y que únicamente servirían para restar al Gobierno confianza y simpatía con el sector católico más numeroso del país (8). Además, el diario fue suspendido con motivo de los sucesos que rodearon a la "quema de conventos". En su reaparición manifestaba:

El efecto de los sucesos de mayo indignó a toda la opinión católica y su repercusión fue enorme. El Debate calificó lo ocurrido de "atentado a la Religión, a la propiedad, al arte, a la cultura, a todo lo que afirma el valor espiritual de un pueblo". Pero la consecuencia más inmediata de aquel "espectáculo repulsivo y triste" fue -además de la radicalización de la reforma política iniciada por el Gobierno- una evolución progresiva de las tensiones con el Episcopado: el 22 de mayo el Gobierno declaraba la completa libertad religiosa y desterraba la presencia de imágenes religiosas en las escuelas públicas. La Iglesia Católica perdía su condición de religión oficial. Para El Debate, la adopción de estas medidas era la primera muestra de una política de laicismo "dispuesta a perturbar la vida nacional" (10). Que un Gobierno provisional legislase en materia religiosa significaba no solo una violación del Concordato, sino un claro abuso de las facultades otorgadas a un gabinete no constituido en Cortes. El Debate recordaba cómo la conciencia católica había prestado su asistencia moral a la República confiando en el respeto a los sagrados intereses de la Religión pero señalaba también la imposibilidad moral de asistir una circular "que se resuelve a gusto y placer de un Director General" y que atañe a una cuestión de conciencia individual imposible de regular por decreto (11). En definitiva, se trataba del "despojo violento" de uno de los derechos naturales más inviolables para el ser humano.

Además, las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno empeoraban. El día 13 de mayo, el Cardenal Segura, ante la negativa de las autoridades a garantizar su seguridad personal, abandonaba España y cinco días después el obispo de Vitoria, Mateo Múgica -acusado de actividades antirrepublicanas en su diócesis- era expulsado del país(12). En tales circunstancias, el Vaticano se negó a aceptar las credenciales del nuevo embajador republicano, Luis de Zulueta. Las tensiones entre ambas instituciones se hicieron cada vez más tensas, sobre todo a raíz de que Segura realizase en Roma comentarios sumamente críticos sobre la situación de España. A su regreso, el Gobierno ordenaba su detención en Guadalajara y su posterior deportación(13). El Debate, consideró esta decisión como un "atropello e intromisión" del Gobierno, una violación al Jefe de la Iglesia y a la conciencia católica del país. Solo había hecho falta un mes para que la cuestión religiosa se convirtiese en el problema más amargamente debatido en la política española. La convivencia entre la República y las instituciones católicas comenzaba a desvirtuarse para terminar en una hostilidad abierta.

La intervención en la vida pública: la política de El Debate.

Desde los primeros días republicanos El Debate hizo público llamamiento a las masas de orden conservadoras para agruparse en una organización capaz de amortiguar el choque de la "Revolución" y de preservar las pautas ideológicas del catolicismo social. Estamos ante el nacimiento de Acción Nacional como organismo electoral destinado a coordinar el movimiento católico, en el que tanto tendrá que aportar de El Debate. El propio Gil Robles recuerda cómo Acción Nacional nació en la casa de El Debate por iniciativa de quien entonces era su director, Ángel Herrera, y como la doctrina del movimiento era sustancialmente la misma del periódico "ya que uno y otro bebían en la misma fuente de la doctrina católica" (14). Así, las reuniones entre Herrera y algunos Propagandistas de El Debate se sucedieron y materializaron en la publicación de artículos editoriales. De este modo concluyeron que para paliar los efectos de la república "izquierdista" proclamada en España se hacía necesaria la fundación de un gran movimiento conservador que -dentro del régimen establecido- pudiera llevar a las futuras Cortes una mayoría(15). Así, El Debate iniciaba su particular campaña en pro de la articulación de un amplio frente de derechas, en el que cabrían monárquicos y republicanos. Así, y tras una serie de consultas y sesiones celebradas en el salón Menéndez y Pelayo de El Debate, el periódico publicaba "Un solo objetivo: las Cortes", editorial que puede considerarse como "la escritura fundacional de un nuevo orden de cosas" (16). Dirigido a "todos los elementos de orden no adheridos a la revolución triunfante", aludía a la creación de una organización derechista que coordinase sus esfuerzos en un comité ubicado en Madrid. Su objetivo, sería unificar la acción de todos los elementos antirrevolucionarios para luchar en las próximas elecciones(17). Una semana más tarde, El Debate volvía a referirse a la participación católica en las elecciones, en un editorial que hablaba de la necesidad de "mover los espíritus, conquistar adhesiones, aportar medios económicos y personales" con el único objetivo de alzar una organización y fuerte "bajo una firme dirección" (18). Sólo un día después, El Debate hacía pública la constitución de una organización electoral para agrupar a los elementos de orden. Era el origen de Acción Nacional.

Con las bases de la organización derechista establecidas, El Debate centró sus esfuerzos en los preparativos para la convocatoria electoral. En el diario estaban convencidos de que era esencial la participación activa de los elementos católicos en los comicios puesto que "las futuras Cortes van a legislar sobre todos los problemas fundamentales; la Religión, la enseñanza y la unidad nacional". Pero Acción Nacional solo consiguió presentar 39 candidatos a las elecciones, entre los que se encontraban importantes elementos monárquicos. Los comicios supusieron un relativo fracaso para la agrupación derechista que únicamente obtuvo 6 escaños y se vio obligada a integrarse en las Cortes en la minoría agraria compuesta por 24 diputados(19). A partir de este momento, afirmaba El Debate, su misión en el Parlamento sería preservar los derechos de la Iglesia, llevar a cabo una reforma social de acuerdo con las normas señaladas por los Pontífices y defender la familia y la escuela.

Los artículos laicos de la constitución republicana(20)

Desde la apertura de las Cortes, El Debate pidió la elaboración de una Constitución que tomando como base la realidad nacional, estableciese derechos, deberes y garantías de los españoles El 28 de septiembre se inició en las Cortes un debate constitucional que, por su extremismo en cuanto a política religiosa, culminará en la división de los españoles en dos grupos cada vez más irreconciliables: católicos y anticlericales. El Debate era consciente de que el problema religioso sería el foco de discordia que situaría a los españoles en campos opuestos.

En el artículo tercero del proyecto, se establecía la aconfesionalidad del Estado. En el 24 y 25 -que serían el 26 y 27 de la Constitución definitiva- se delimitaban los derechos religiosos de los españoles y la competencia del Poder público en la tutela de tales derechos. Se otorgaba a todas las confesiones religiosas igual trato como asociaciones sometidas a las leyes generales de la nación y se prohibía al Estado auxiliarlas económicamente. Se establecía además la disolución de las órdenes religiosas, la nacionalización de sus bienes y se limitaban las manifestaciones del culto al interior de los templos. Como era de esperar, El Debate protestó enérgicamente contra todas estas determinaciones "laicas" que a su juicio violaban la esencia católica en sentimiento nacional; el matiz revolucionario que presentaba la ley fundamental en este punto no era compatible con la ideología del periódico y a ella se oponía tenazmente. El Debate consideraba que el problema religioso sobrepasaba el límite de lo estrictamente interno y adquiría una dimensión pública en virtud de la cual se establecían normas de conducta para el Estado. Consecuencia de este razonamiento, era para el periódico, que los seres religiosos imprimían carácter a las asociaciones colectivas y al Estado, por lo que éste tenía la obligación de proteger la conciencia religiosa y acomodarla a sus leyes(21). Partiendo de esta premisa y como portavoz de la jerarquía eclesial, El Debate publicó la pastoral remitida por el Episcopado español sobre el proyecto de Constitución, en la que se hacía énfasis en los inconvenientes de una política laica: era necesario resaltar la gravísima situación por la que atravesaría la Iglesia en España y los perniciosos males que acarrearía no sólo para la moral, sino para el orden social y material. A continuación, El Debate inició una campaña en defensa de la religión católica. Establecía que la Iglesia no había invadido el terreno político, sino que la política "había llegado hasta el altar" (22). Recordando que actuarían dentro de la legalidad, defendía su derecho a luchar contra un texto que hacía imposible la más mínima base de concordia:

El Debate recordaba el daño que supondría para la cultura, la educación y la beneficencia nacional la eliminación de las órdenes religiosas. Era preciso oponerse al "intento sectario" de apoderarse de los bienes de la Iglesia en lo que suponía un "quebranto en los derechos de sus representantes" (24). El laicismo del proyecto constitucional significaba un violento ataque a la familia y a la escuela cristiana, un "insensato atentado contra la conciencia religiosa nacional dispuesta a abrir una herida en el corazón mismo del pueblo" (25). Lo establecido en el artículo 25, se convertía en una disposición antipatriótica, antiespañola e ilegal, al limitar conscientemente un derecho natural del hombre; el aniquilamiento de las órdenes religiosas suponía una "vejación" hacia la Iglesia(26).

El debate sobre la cuestión religiosa se inició en las Cortes en el mes de octubre. Al final, por 178 votos contra 59 se aprobaron los artículos 26 y 27 que definían a las confesiones religiosas como "asociaciones sometidas a una ley especial" y establecían que no serían subvencionadas por el Estado. Las órdenes religiosas que dispusieran de un cuarto voto de obediencia "a autoridad distinta de la legítima del Estado" -los Jesuitas- serían disueltas y se sometería a las demás a una ley que les prohibiría adquirir bienes y ejercer la enseñanza. La aprobación de estos artículos produjo una auténtica tormenta política. Para El Debate acababa de declararse la guerra a la religión. Lo referido a las órdenes religiosas significaba una violación de derechos obra del sectarismo y de la pasión; un acto irresponsable de la República que, en los momentos difíciles de consolidación por los que atravesaba, había alzado la bandera contra la Iglesia y la España católica. En consecuencia el diario de Herrera establecía cuál sería su posición en relación con la Constitución republicana: al ser incompatible con sus principios, se situaba oficialmente fuera de ella. El Debate se mostraba dispuesto a aceptar el régimen republicano pero no las "leyes sectarias" que en la Constitución se incluían. El Debate se sumaba pues a la campaña revisionista iniciada por Acción Nacional que tanto determinará la actividad de la "derecha accidentalista" en el Parlamento. Se trataba de hacer desaparecer de la Constitución aquellos artículos "incompatibles con los sentimientos religiosos del país" (27). El rechazo a una Constitución sectaria debía saltar de las Cortes a la calle y lo haría a través de El Debate. La campaña revisionista se centró en convocatorias de grandes concentraciones de protesta contra los postulados laicos de la Constitución y en presiones de la Prensa conservadora. Y El Debate inició una ofensiva periodística contra las intenciones del Gobierno republicano de disolver la Compañía de Jesús(28). Para el periódico, la medida -además de suponer una fuerte ofensiva contra la Iglesia- era anticonstitucional. Al aspecto jurídico de la interpretación arbitraria del artículo 26, añadían contradicciones con otros preceptos constitucionales y una aplicación insidiosa del término "socialización". En definitiva, el proyecto gubernamental constituía un "golpe de Estado" y "consagración de la violencia". El periódico culpaba de las "epidémicas perturbaciones presentes" -recuérdense los sucesos de Castilblanco, Arnedo, huelgas de la C.N.T. ...- a la política del Gobierno incapaz de controlar la propaganda revolucionaria de sus correligionarios socialistas.

En estas circunstancias, el 19 de enero de 1932 el Gobierno decidía la suspensión indefinida de El Debate por haber "menospreciado a las Cortes republicanas". El 20 de marzo, el diario reaparecía reivindicando su derecho a expresarse con libertad. Reafirmaba la trayectoria ideológica de El Debate y advertía que ejercería su libertad de crítica y su propósito de oponerse "a la ley injusta y su perniciosa aplicación" (29). Cinco días después de su reaparición, El Debate dedicaba un número extraordinario a la Compañía de Jesús, disuelta desde el 23 de enero. En el artículo editorial recordaba cómo se había ordenado la suspensión del periódico justo cuatro días antes de la aparición del Decreto y cómo no había sido autorizado hasta que "los comentarios a esta medida han pasado del primer plano de actualidad".

El Debate en la oposición política.

El Debate va a abordar los problemas sociales y políticos más importantes del momento. En el primer bienio dedicó una parte destacada de sus artículos de opinión al análisis de las dos cuestiones por entonces determinante: el Estatuto Catalán y la Reforma Agraria. Pero El Debate no olvidó otras cuestiones candentes en el país: combatió la política presupuestaria, las medidas en relación con las obras públicas, las reformas militares de Azaña y, sobre todo, la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas aprobada el 2 de julio de 1933, en virtud de la cual se decretaba el cierre de los centros de enseñanza de la Iglesia y se reglamentaba el culto público. La medida, que constituía un estatuto regulador de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, era para El Debate una nueva muestra de la política sectaria del Gobierno de la República. El periódico dedicó innumerables artículos editoriales al carácter "persecutorio" de la Ley insistiendo en su talante antirreligioso, el agravio que suponía para la propia Constitución y el derecho de gentes y, especialmente, el abuso de poder parlamentario que había caracterizado su aprobación(30).

Pero El Debate sufrió una nueva suspensión entre el 10 de agosto y el 8 de octubre de 1932, con motivo de los acontecimientos relacionados con la sublevación de Sanjurjo. El día de su reaparición, publicó un editorial en el que condenaba el levantamiento y reafirmaba su doctrina legalista. El artículo proclamaba el desconocimiento que la redacción tenía de la sublevación y exponía la peligrosa situación a la que se habría llevado a España si hubiesen triunfado los elementos contrarrevolucionarios "confabulados". El apartado más interesante del editorial lo constituye la inculpación que se hace a las acciones gubernamentales; para El Debate, los conjurados lo único que querían demostrar era su disconformidad con la política religiosa, la agresión a la propiedad privada y la aplicación partidista de la Constitución(31).

En el último trimestre de 1932, las diferencias internas en el seno de Acción Nacional llegaron a un punto álgido: mientras El Debate reafirmaba la idea de que dentro de la organización podían convivir todas aquellas gentes que -dejando a un lado la cuestión de la forma de gobierno- se agrupasen y movilizasen para la defensa "del sentido cristiano de la vida" (32), muchos monárquicos se reafirmaban en la defensa de la Monarquía como Institución. Finalmente se terminaron de perfilar las dos tendencias existentes en el seno de la derecha católica: una propugnada por Antonio Goicoechea, que concluirá en la constitución de Renovación Española y la otra capitaneada por la derecha "accidentalista" que dará origen a la C.E.D.A(33).

Los postulados federativos de Gil Robles encontraron impulso en la celebración -en noviembre de 1932- de la tercera Asamblea General de la Derecha Regional Valenciana. Luciá y Gil Robles puntualizaron esa necesidad de reunir a las organizaciones regionales derechistas en una confederación que, respetando la autonomía de cada una de ellas, aglutinase el sentimiento católico nacional: acababan de sentarse las bases de la futura C.E.D.A. Esta idea estaba además impulsada por El Debate, que no se cansó de exponer las ventajas que acarrearía para la política nacional una fusión derechista. Gil Robles acordó entonces la celebración de un Congreso Nacional en el que concretar la futura confederación derechista:

Con estas palabras se iniciaba el camino de los actos preparatorios de la nueva organización, de los que El Debate daría puntual información. El sábado 28 de febrero El Debate anunciaba el inicio del Congreso convocado por Acción Popular. Recordando el concepto de Confederación como "unión de agrupaciones derechistas de provincias que dejando a salvo las convenientes y legítimas autonomías regionales hace de lo que antes era suma o conjunto un todo orgánico con unidad de espíritu, de doctrina, de táctica y de jerarquía", El Debate destacaba el pronunciamiento unánime acordado de luchar "contra un régimen social anticristiano; contra la lucha suicida de clases" y a favor no sólo del salario "justo, vital y familiar" sino de la "participación del trabajo en los beneficios" en virtud de las orientaciones sociales de León XIII y Pío XI(35). El 5 de marzo publicaba en primera página una información que titulada "La Confederación de Derechas quedó ayer constituida" daba cuenta de la clausura del Congreso. La C.E.D.A. que tanto había deseado El Debate -y que estaba llamado a ser el más grande partido de masas de la derecha católica española- iniciaba su andadura(36).

El criterio religioso" como único límite de la unión.

Desde antes de que se convocasen elecciones generales, El Debate venía clamando por su celebración. Este periódico hizo un llamamiento a la unión de todas las fuerzas católicas en lucha con el socialismo imperante; una alianza necesaria para el triunfo de los elementos del orden que, si bien no incluiría exclusivamente a los sectores formalmente denominados como "derechistas", sí anhelaba la cohesión de las fuerzas "guiadas por la lucha contra el laicismo". El Debate no escatimó esfuerzos para hacer públicas "ciertas normas permanentes" que debían convertirse en cuestión básicas para las alianzas: el punto fundamental de la unión y el concepto de "derecha". No obstante, ambas consideraciones convergían en un criterio unitario; el criterio religioso:

Partiendo de esta premisa El Debate se mostró partidario de ensanchar las alianzas en pro del "mayor bien posible", o lo que era lo mismo "la lucha contra el socialismo". De modo que al contrario que los monárquicos ABC, La Época, La Nación y El Siglo Futuro -defensores de una limitada alianza contrarrevolucionaria- este diario abogó por aplicar un criterio flexible para el triunfo. El Debate se convirtió en guía de un sector de la derecha ávido por seguir unas directrices determinadas y enfocó las elecciones como una lucha entre el catolicismo y el laicismo, el triunfo y la ruina, la felicidad y la desesperación. Era necesario concienciar a las masas de la necesidad de "rectificar" las medidas adoptadas por los elementos gobernantes y actuar en política en función de las doctrina social emanada de la Iglesia de Roma.

El martes 21 de noviembre, El Debate abrió su edición con un gran titular en el que se hacía mención al "arrollador triunfo de las derechas en toda España". La Unión de Derechas obtuvo la victoria definitiva en las urnas con 204 diputados entre la primera y segunda vuelta, de los que 115 pertenecían a la C.E.D.A. Se integraron en el Parlamento como Minoría Popular Agraria(38). Para El Debate estos resultados representaban la repulsa a la política sectaria del primer bienio y a la política socialista aplicada en todas las reformas llevadas a efecto, "una protesta contra la arbitrariedad, la crueldad y el despotismo con que en el ya aludido periodo se ha fomentado el desgobierno" (39). Pero la composición de las futuras Cortes no admitía una mayoría ideológica y obligaba a pactos amplios para asegurar la gobernabilidad. Por este motivo El Debate abogó por la formación de un Gobierno de centro que, con la colaboración de los elementos de carácter antimarxista y especialmente derechistas, garantizase la estabilidad parlamentaria(40). El periódico quería la formación de un Gobierno de centro presidido por Lerroux, en el que entrasen con los conservadores de Maura algunos elementos agrarios robustecidos por "la benevolencia de las derechas, minoría la más numerosa de la Cámara" (41). La posición de la C.E.D.A. no debía de ser más que la de otorgar facilidades para la formación del equipo gubernamental. Esto no significa que se estuviese pidiendo el poder para el Partido Radical -que carecía de suficiente representación parlamentaria- sino que constituía sólo una etapa en la evolución de la política nacional. El Gobierno, eso sí, tendría la obligación de restaurar el orden público y "la paz material", la pacificación espiritual y la justicia(42). Y efectivamente, el 16 de diciembre, Alejandro Lerroux asumía la presidencia del Gobierno.

El Debate estaba satisfecho con el papel de la C.E.D.A en su apoyo gubernamental. Estimaba que debía continuarse por esta senda para ir preparando el camino a una futura gobernabilidad. De este modo, en el editorial del 14 de abril de 1934, al conmemorarse el cuarto año de la proclamación de la República, puede leerse:

Y siguiendo con esta línea, cuando los elementos posibilistas creyeron haber llegado al momento de iniciar la segunda fase de su estrategia de conquista del poder, restaron apoyo al Gabinete. Definitivamente había llegado la hora de conseguir un Gobierno de sustentación propia, un Gobierno que respondiese a lo salido de las urnas y que contase con la participación de la C.E.D.A..

El Debate y la "revolución de octubre".

En las páginas de El Debate se advertía de una más que posible amenaza revolucionaria. El diario estaba convencido de que socialistas y centrales sindicales obreras estaban preparando un proceso revolucionario destinado a instaurar la "dictadura del proletariado". En un editorial publicado a finales de septiembre de 1934 manifestaba:

En efecto, las predicciones de El Debate no distaban mucho de la realidad: el viernes 5 de octubre, coincidiendo con la formación de un nuevo Gobierno en el que entraban tres cedistas, daba noticia del estallido de un "monstruoso complot" destinado a derribar la sociedad nacional:

El Debate sólo mencionaba una "huelga contra las libertades articulada por los enemigos de la libertad y de la Patria". Pero un día después relataba el alcance del auténtico conflicto. El Debate estaba convencido de que los grupos antinacionales habían constituido un frente en guerra abierta contra el orden constituido en rebeldía contra las altas instituciones de el Estado. Socialismo, separatismo, sindicalismo obrero y ciertos sectores republicanos, se habían aliado contra el avance derechista con objeto de conseguir el Poder y proclamar la república de trabajadores. Finalmente la situación fue controlada en toda España, aunque como afirma Gil Peccharromán Octubre significó para la derecha una "confirmación de sus vaticinios sobre las potencialidades revolucionarias de una izquierda obrera en la que sólo veía designios bolchevizantes" (45).

Una vez aplastada la Revolución comenzaron los juicios contra los implicados. Desde octubre de 1934 hasta la caída del primer Gobierno de coalición radical-cedista en marzo de 1935, el principal problema fue la represión de Octubre. La Prensa derechista -sometida a previa censura y con la ley marcial proclamada- relata los horrores revolucionarios y culpa a los elementos subversivos de cuantas atrocidades y destrozos pudieran imaginarse. En toda la Prensa se produjo un arduo debate entorno al castigo que se había de imponer a los instigadores. El Debate suscribió el punto de vista del Gobierno de que los revolucionarios serían tratados sin "crueldad ni impunidad" aunque recalcó que había que utilizar la Ley para castigar a los culpables a fin de que no "sintiesen la tentación" de repetir el intento de apoderarse del poder. Volvieron a actuar los tribunales militares y se restableció la pena de muerte. Pero mientras que Alcalá Zamora se las ingenió para forzar a Lerroux a aprobar la conmutación de la pena de muerte al comandante Pérez Farrás, los elementos cedistas del gabinete mostraron su disconformidad con el indulto. No estaban dispuestos a tolerar "una amenaza incumplida de justicia" (46). El Debate adoptó también esta posición intransigente contra los jefes revolucionarios y afirmó que debía aplicarse la pena máxima a cuantos líderes marxistas se habían visto envueltos en delitos de sangre. No obstante a raíz de esta polémica se produjo una discrepancia entre los elementos cedistas del Gobierno y El Debate. Así, cuando al plantearse la concesión del indulto al generalísimo de las fuerzas revolucionarias en Asturias, Gil Robles amenazó con provocar una crisis de Gobierno, El Debate publicó un artículo de condena a la decisión del líder cedista recomendando a los ministros que permanecieran en el gabinete para poder evitar males mayores. Aunque resaltaba la "injusticia" que se cometía con la conmutación -que consideraba "una burla de la ley, un escarnio de las víctimas inocentes de la revolución de octubre, un estímulo innegable para los enemigos del orden social que no se han rendido"- advertía de las consecuencias negativas que para la política española podía acarrear la ruptura del bloque gubernamental. El Debate se pronunciaba contra la crisis para evitar a España perjuicios mayores; no era ni solución ni remedio a la situación planteada. A ojos del periódico los ministros tenían que sacrificarse en interés del "servicio estricto de la Patria" sin dejarse llevar por el impulso de la popularidad ni el amor propio(47). Una vez más quedaba confirmada la independencia "de facto" existente entre la C.E.D.A. y El Debate.

Sin embargo Gil Robles -una vez que se aprobó el indulto- anunció la ruptura del bloque centro-derechista. Y ahora había que formar un Gobierno en el que Gil Robles ina a exigir mayor representación. Indudablemente El Debate impulsó la formación de un gobierno con más miembros de la derecha y se esforzó por conseguir una participación exacta en la distribución de las carteras. Para El Debate, había llegado la hora de que las fuerzas cedistas se viesen representadas en el Gobierno y "conseguir la concordia nacional". Por ello el periódico se mostró satisfecho con la constitución en mayo de 1935, de un gabinete que contaba con la participación de cinco ministros pertenecientes a la C.E.D.A.. El Gobierno debía ahora acelerar la tarea rectificadora del primer bienio: contener la sustitución de la enseñanza religiosa y dar libertad a la Iglesia para su actuación, regir la situación de Cataluña, llevar a cabo el saneamiento -dentro de la ley- de las Fuerzas Armadas, modificar las pautas de la Reforma Agraria y decretar una Ley de Prensa que delimitase el marco legal entre la empresa periodística y el Estado. No obstante, la nueva coalición gubernamental perdió fuerza a raíz de los escándalos que a partir de octubre de 1935 rodearon al Partido Radical de Lerroux y a la imposibilidad del gabinete de aprobar una política presupuestaria.

En estas circunstancias, el Presidente de la República encargó formar gobierno a Chapaprieta. El líder de la C.E.D.A. aprovechó la oposición de la derecha a los proyectos de reforma fiscal, para retirar el apoyo al jefe de Gobierno. El poder, manifestaba El Debate, tenía que entregarse ahora a Gil Robles. Las derechas habían servido con ejemplaridad al país y se habían hecho merecedoras de esta concesión; Alcalá Zamora debía dejar paso a Gil Robles y facilitar su acceso al poder "legítimamente conquistado" (48). Frente a una Prensa izquierdista que clamaba por la convocatoria de elecciones, El Debate consideraba que el Presidente de la República estaba en deber de entregar la dirección del país a Gil Robles. Era necesaria la formación de un Gobierno constituido sobre la base de la minoría más numerosa de la Cámara, un Gobierno robusto nacido del Parlamento, sin sensación de interinidad. Sin embargo, Alcalá Zamora se negó a amparar la toma de control por parte de la C.E.D.A. y encargó la formación de Gobierno a Portela Valladares. Para El Debate, la adopción de esa decisión constituía una nueva intromisión de Alcalá Zamora en los asuntos políticos. Pero el desenlace de la crisis no era a juicio de El Debate más que el último episodio de la lucha de la revolución contra las Cortes; ésta –afirmaban- temerosa ante la posibilidad de reforma de la Constitución, había exigido la eliminación de la C.E.D.A. del poder. El nuevo Gobierno no tendría pues más tarea que presidir unas elecciones generales: la lucha definitiva entre revolución y contrarrevolución había comenzado.

Convocatoria electoral o "cruzada espiritual"

Lo que se jugaba España era su propio destino como nación civilizada, su salvación o su ruina: contrarrevolución frente a la revolución. Se abría un periodo de batalla en el que se enfrentaba el orden a la anarquía, el bien contra el mal. En definitiva, se acercaba el desenlace de "una gran cruzada espiritual". El Debate consideró el decreto de disolución del 7 de enero como un triunfo de Gil Robles: un Gobierno sin apoyo parlamentario únicamente podía disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Para El Debate era necesaria la articulación de un frente común en el que militasen todas las fuerzas de signo positivo del país, es decir, aquellas que estuviesen contra "la revolución y sus cómplices". Ello sólo era posible si se dejaban atrás cuestiones accidentales en beneficio del bien común; para El Debate, los grupos que convergiesen en la unión no tenían que renegar de ninguno de sus principios políticos, sino que lo que debían buscar era el punto de unión común a todos ellos. La unión sería muy amplia y no estaría sometida a ninguna condición que no fuese la de ser "ante todo y sobre todo antirrevolucionaria". El nexo era exclusivamente la supervivencia de España frente al movimiento marxista, "la lucha CONTRA LA REVOLUCIÓN" (49). Las diferencias, los matices de separación y de discrepancia pasaban a un lugar secundario si lo que se trataba era de vencer a un enemigo poderoso. En consecuencia, el Frente Contrarrevolucionario debía empezar dónde acabase "el contubernio con la anarquía" (50). El Debate abogaba por unas alianzas sin compromisos postelectorales para que, una vez reorganizado el panorama político, cada una de las fuerzas aliadas recobrasen su independencia para obrar según sus principios. Concebir de otro modo la unión electoral era hacer el juego a la revolución. Sin embargo El Debate consideraba que Acción Popular tenía que ser el eje del movimiento nacional contrarrevolucionario (51). Lógicamente, este criterio le acarrearía a la C.E.D.A. y a El Debate, la enemistad del resto de la Prensa coligada que no aceptaba ninguna de esas condiciones para la unión. La falta de solidez del bloque final logrado, derivará en parte, de todas estas discrepancias internas.

El Debate impulsó una campaña electoral cuya principal consigna fue la lucha contra Octubre. Octubre representaba la negación de España, la destrucción de todo espíritu de civilización y el ataque brutal a la sociedad en sus propios fundamentos. Octubre era la anarquía frente a los más elementales principios de la Religión, del orden social, la depredación y la ruina, la negación de la familia y el grito de rebeldía contra la Patria; significaba la realización práctica de los postulados marxistas en su intento decidido de imponer la dictadura del proletariado(52). Cuantos deseasen la Religión respetada, el orden social firmemente mantenido, la Patria intangible, la legítima propiedad de la familia y, en definitiva, la justicia social, debían presentarse firmes y unidos frente a la revolución. Una vez aplastado el Frente Popular había que formar un gabinete encabezado por Gil Robles con el que atender de manera inaplazable a los graves problemas urgentes de la Patria. Como indudablemente la C.E.D.A. constituía la fuerza más numerosa y representativa de la derecha española, El Debate pedía al resto de los elementos bloquistas su apoyo a Gil Robles y a sus planes de gobierno. Este diario centró sus esfuerzos electorales en la publicidad informativa de los actos públicos desarrollados por Acción Popular y el resto de los partidos coligados a la C.E.D.A. (53). Desde El Debate se entendió el voto como un deber electoral de los católicos, en el sentido de que era la "conciencia religiosa" el principio contrarrevolucionario que sintetizaba a todos los demás(54). El clima electoral era realmente vibrante.

Los primeros sondeos electorales tras las elecciones no se hicieron esperar. Inicialmente se apuntó a la imprecisión de los datos, aunque pronto se dio por certera la victoria del Frente Popular. Y El Debate –en virtud de su doctrina legalista- manifestó su disposición de aceptar cualquier gobierno en el que se aplicase una política verdaderamente nacional(55). Este hecho es sumamente importante en cuanto contrastaba con la no aceptación de la derrota de la "otra" Prensa derechista que desde este momento intensificó el camino de la subversión. La Cámara quedaba dividida en dos grandes agrupaciones políticas casi equivalentes: una constituida por el Frente Popular y otra por los grupos de derecha y de centro. Para El Debate, la C.E.D.A. se convertía en el elemento polarizador de mayor fuerza; era una garantía de seguridad y estabilidad para el régimen, una poderosa realidad nacional que contaba para todos, frente a todos y ante todos. Pero además, El Debate extrapolaba una realidad determinante: en las elecciones de febrero de 1936, no hubo ni vencedores ni vencidos. El Frente Popular obtenía el mayor número de diputados aunque existía una equivalencia en el Parlamento entre las fuerzas de izquierda y las de centro-derecha.

El Debate dio cuenta de la designación de Manuel Azaña como jefe de Gobierno. Y sorprende la posición adoptada por este diario que, aunque reconoce la rapidez y prontitud en la tramitación de la crisis, no encuentra motivo para mayor dilación(56). Para El Debate, la misión principal del nuevo gabinete consistía en el mantenimiento del orden y la imposición del respeto a la ley. Sólo de este modo -y con la ayuda de todos los partidos y órganos del régimen- podría hablarse de un Gobierno legítimo. Ahora bien, El Debate se permitía la licencia de recordar al gabinete que tenía frente a sí a "la otra mitad de los españoles" que también habían llevado a las Cortes su representación legal y a la que era preciso respetar y considerar. Tras la vuelta de Azaña al poder, la política de Gil Robles consistió en estimular al Gobierno a resistir el desorden y a aspirar a que la C.E.D.A. desempeñase el papel de una oposición constitucional normal dentro de las Cortes. El Debate, estaba dispuesto a ayudarle y así se puede afirmar que mantuvo hasta el final una actitud que más que de "oposición" podría calificarse incluso de "adhesión respetuosa" respecto al Gobierno; la derrota electoral supuso para El Debate la renovación del "colaboracionismo" y la actuación "con lealtad" en la crítica al gobierno.

La victoria del Frente Popular vino acompañado de disturbios y alteraciones del orden. El mismo 18 de febrero, El Debate abre su página dedicada a las provincias con un titular en el que se lee: "Incidentes y atropellos de toda clase". Solo un día después, se habla de registros, quemas de iglesias, asaltos a periódicos derechistas ... todo tipo de desmanes que vinieron a enturbiar lo que podía haberse convertido "en un tránsito tranquilo de poderes" (57). El Debate se esforzaba en recordar al Gobierno su obligación de garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, pronto se hizo patente que el nuevo gabinete no tenía capacidad para controlar a sus aliados extremistas. Correspondía –afirmaba El Debate- al Ministro de Gobernación establecer la diferencia entre las "manifestaciones públicas" y los "propósitos de agitación": las primeras eran factibles siempre que se produjesen dentro de la legalidad, pero las segundas sólo tenían el propósito de coaccionar al Gobierno para acelerar "hasta el quebranto de la ley" el cumplimiento de lo pactado(58). El Gobierno tenía a su lado a la mayoría de los españoles en la tarea de restablecer el imperio de la ley (59). Desde El Debate se optó por dar un inicial margen de confianza a unas Cortes orientadas a legislar y a garantizar la seguridad del país. Siempre que se actuase dentro de la legalidad y respetando la expresión de la voluntad popular puesta de manifiesto en los comicios, El Debate mostraría su apoyo y defensa a una Cámara que todavía podía salvar al país de la catástrofe. Sin embargo, pronto se hizo patente que el Gobierno no era ecuánime en la aplicación de la ley y El Debate denunció su disconformidad con la aplicación arbitraria que se estaba haciendo de la censura. El diario va a acentuar sus críticas a un Azaña incapaz de poner fin a los desmanes y poco a poco va perdiendo la confianza en el restablecimiento de la normalidad. Porque las iniciales "manifestaciones de júbilo" derivaron en un estado de inestabilidad social que caracterizó el mes de marzo y se prolongó hasta el inicio de la Guerra Civil. El Debate intentó dar a conocer al público el alcance de la situación, pero la existencia de la "censura draconiana" de Prensa va a impedir al lector el conocimiento de los atentados, tiroteos y enfrentamientos callejeros que protagonizaron la vida social de España a partir del triunfo del Frente Popular(60).

El mantenimiento del orden público se había convertido en misión prioritaria. Sin embargo, El Debate entendía que además del Gobierno -en quien radicaba la principal responsabilidad- el Parlamento tenía una relación directa con la paz social. Las Cortes se habían convertido en el instrumento para aquietar los espíritus y sólo con su colaboración, se podría alcanzar el España el completo equilibrio entre la calle y el poder. Porque en esta tercera legislatura iba a ponerse a prueba "de modo público y palmario" la capacidad de España para el ejercicio de las instituciones democráticas (61). La "táctica del terror" ensayada por todo el territorio nacional no podía hacer efecto en el Parlamento; cuantos se habían declarado defensores o adictos a las instituciones democráticas debían ahora velar por su prestigio. Sin embargo, ni Gobierno ni Parlamento van a cumplir con la misión asignada.

En vista de la pasividad de las autoridades, la C.E.D.A. decidió llevar a las Cortes el tema del orden público. El debate tuvo lugar el 15 de abril. El clima era de beligerancia y desesperación. Tras la intervención de José Calvo Sotelo, tomó la palabra el líder de la C.E.D.A. Entre gritos y gran alboroto, Gil Robles reiteró su apoyo al Gobierno aunque manifestó no poder consentir las persecuciones y encarcelamientos de los que eran víctimas sus partidarios. Advirtió en contra del sectario concepto de tratar de gobernar sólo para la mitad de España y manifestó que "una masa considerable de la opinión española que, por lo menos, es la mitad de la nación, no se resiste a morir" (62). Terminó sus palabras en tono desafiante "no aceptaremos la eliminación cobarde (...) es preferible saber morir en la calle a ser atropellado por cobardía". Como era de esperar, El Debate resaltó el discurso del líder de la C.E.D.A. destacando la "voz clara y serena" y los "fervorosos aplausos" recibidos. Pero además, para El Debate nadie como Gil Robles sabía "llevar a las masas afines hasta las cumbres del entusiasmo", nadie como él "logra el silencio de los adversarios sin atenuar el pensamiento ni la dureza de la expresión" (63).

Prensa y elección de un nuevo presidente de la república.

El viernes 3 de abril, los socialistas presentaban en las Cortes la proposición acerca del artículo 81 de la Constitución con la que pretendían abordar la destitución del Presidente de la República(64). En opinión de El Debate, la declaración presentada por Prieto resultaba enteramente "improcedente"; además de la dificultad previa que entrañaba su aplicación era absurdo admitir que la disolución del 7 de enero equivalía a "esa segunda disolución" a la que se refería el artículo constitucional. Así las cosas, los "intereses socialistas" siguieron su curso y se fijó el debate entorno a la prerrogativa presidencial para el 8 de abril. Aunque C.E.D.A., agrarios, Lliga, Liberales Demócratas y algunos elementos independientes se abstuvieron; las Cortes dieron la mayoría a la proposición socialista y se acordaba la destitución de Alcalá-Zamora (65). ¿Cuál fue la postura de El Debate?. El diario reiteró su criterio contrario al alcance que se le había dado al artículo 81. Tratando de argumentar su posición, expuso -como consecuencia lógica de la "sinrazón de la disolución las Cortes anteriores"- la "nulidad" de la actual Cámara. Para El Debate, los diputados de izquierda no se atenían más que a la razón política tal cual ellos tenían a bien interpretarla; únicamente se guiaban por "la razón del partido, del gremio o del grupo". Conforme a los preceptos constitucionales, el nuevo Jefe de Estado debía elegirse tras unas elecciones previas de compromisarios que acordaron celebrarse el domingo 26 de abril. Gil Robles, condicionó la participación de su minoría a la existencia de garantías suficientes -orden público y libertad- para el día señalado y El Debate apoyó al líder de la C.E.D.A. en su decisión. Sin embargo, ante la persistencia de la inestabilidad social la C.E.D.A. predicó la abstención en la elección presidencial. Por su parte y frente al propio Gil Robles, El Debate hizo pública su recomendación de votar aquellas candidaturas que asegurasen el mayor número de compromisarios no marxistas (66). El Debate, volvía a insistir en el deber del ciudadano de influir en la vida de la nación; cuando se atravesaban tiempos difíciles, cuando se hacía necesario "detener el avance de mayores males" era exigible la práctica del voto.

No obstante la recomendación de votar de El Debate no fue tenida en cuenta por los lectores pues apenas se registró una participación mayor a la tercera parte del censo. Lo que había revelado la jornada electoral era "la actitud indiferente del público" (67). El hecho constituía un grave indicativo de la opinión nacional; un enorme sector del país se "había eliminado de un acto de ciudadanía de primera magnitud" en el que se trataba de designar al cabeza del Estado. Suspendidas las garantías, hecha imposible la propaganda y censurada la Prensa, ¿Cómo era posible que las elecciones fueran acogidas por entusiasmo o interés?. La lección debía de se suficientemente fecunda. Pero, desde el momento en que se hizo pública la designación de los compromisarios, se dio también por segura la elevación de Manuel Azaña al la presidencia de la República. Para El Debate, Azaña iba a convertirse en la más representativa autoridad nacional y en consecuencia, se merecía el margen de confianza que las altas prerrogativas constitucionales le otorgaban. España tenía un nuevo Jefe de Estado y -por encima de cualquier otra consideración- se imponía "lo que esa magistratura entraña y significa" (68). Azaña se había convertido en el Poder en quien se personificaba la nación y -aunque mediaba entre su persona y El Debate un abismo de convicciones- había que desplazar lo personal y conceder un margen de espera a los hechos. Azaña ya no era un jefe de gobierno sostenido por grupos políticos; desde el momento en que había aceptado la presidencia del Estado se había convertido en el representante de todos: esa era su tarea y no la de representar a "ningún Frente Popular". De él dependía el destino de España.

El 13 de mayo El Debate daba cuenta de la formación de un gabinete encabezado por Casares Quiroga. El periódico expuso cómo los cambios registrados en el Gobierno no le parecían estar al nivel de las grandes cuestiones nacionales planteadas "ya que -más que a la solución de estas cuestiones- se había atendido a soluciones políticas"; los marxistas habían conseguido que prevaleciesen aspiraciones suyas en la constitución del gabinete y ahora apremiarían para que su modo y ritmo se impusiese (69). Una de las primeras disposiciones adoptadas por el Gobierno Casares consistió en prorrogar de nuevo el estado de excepción. La crisis del orden público volvía a convertirse en la protagonista de la vida política y El Debate retomó su clásica posición de que, si los desmanes o "contagios revolucionarios" continuaban se debía a una falta de ejemplaridad y energía por parte del Gobierno (70). El Debate no dejaba de recordar al gabinete su obligación en el mantenimiento de la estabilidad social y la imperiosa necesidad de aplicar medidas con las que poner fin al periodo de agitación "sin sentido" promovido por los marxistas españoles. ¿Cuál era para El Debate la verdadera causa del desbordamiento que se vivía en España?. Sin duda, el comunismo o lo que era lo mismo "la lucha de la barbarie contra la civilización". El comunismo estaba intentando deliberadamente crear un clima de subversión en España para poder conseguir su asalto al poder y el posterior mantenimiento del "régimen soviético por la violencia"(71). Gracias a la influencia de los socialistas en el Gobierno -que permitía los desmanes- el comunismo había conseguido difundirse peligrosamente por España; el país atravesaba una etapa perfectamente señalada y marcada de la revolución en la que sí tenían explicación los incidentes, huelgas, violencias y desmanes. El Gobierno de Casares -afirmaba El Debate- tenía que tomar conciencia de su responsabilidad, tenía la obligación de establecer el orden y de devolver al país unas condiciones de seguridad de vida. Sin embargo, Casares actuó en la misma línea política que Azaña durante su mandato y el Gobierno se mostró incapaz de poner fin a una anarquía que terminó desbordando la situación nacional.

A medida que pasaban los días la censura de Prensa se hizo más estricta. El Debate hubo de conformarse con publicar solo editoriales y sueltos -intervenidos por el lápiz rojo- en los que juzgaba, sin entrar en consideraciones particulares, el problema del orden público. La imposibilidad de la Prensa de describir la auténtica situación del país, llevó a los periódicos a convertir los debates parlamentarios en el principal exponente de su información. El Debate utilizó todos los medios periodísticos a su alcance para transmitir al lector las quejas en materia de orden público expuestas por los jefes de derechas en las Cortes y los reiterados intentos por tratar de dar lugar a una situación parlamentaria en la que se volviese a plantear la situación social (72). Finalmente, el 16 de junio tuvo lugar en el Parlamento el segundo de los grandes debates sobre el orden público. Durante su transcurso Gil Robles "la voz de más dominio de las Cortes" -como le llamaba El Debate- manifestó:

Efectivamente, jamás gobierno alguno había podido contar con el apoyo que la C.E.D.A. había ofrecido al Frente Popular . Además, Gil Robles expuso una estadística de los actos de violencia registrados entre el 16 de febrero y el 15 de junio. Las cifras eran escalofriantes (74). El Debate se esforzó por destacar estas palabras pero ya no se hacía ilusiones: consideraba que el Gobierno no iba a cambiar su política "ni en la Cámara ni en la calle" (75). El Gobierno, que reconocía la existencia del estado subversivo, desoía las quejas de millones de españoles víctimas de la perturbación arbitraria, sistemática, calculada y general. Las derechas se habían convertido en las únicas defensoras de la justicia y los intereses vitales del país. Por ello El Debate continuaba tratando de poner orden a las ideas y justicia a las obras, aunque en el fondo sabía que toda esperanza estaba perdida ya. A los tres meses de existencia, la Cámara presentaba los rasgos característicos de un organismo "decrépito" (76). Su fracaso era evidente.

El 14 de julio El Debate refería en primera plana el "secuestro y muerte" de Calvo Sotelo. Obligado por la censura, en ningún momento hizo referencia a la condición de los asaltantes (77):

Incluía también una extensa información acerca del modo en que se había perpetrado la detención, las primeras pesquisas, el descubrimiento del cadáver, la situación de la familia y los individuos detenidos. Publicaba además una completa reseña bibliográfica del político difunto. Un día después, dedicaba la mayor parte de su portada al entierro de Calvo Sotelo y a la "gran multitud" que había acompañado al féretro en sus horas finales. Reproducía también las últimas declaraciones del político, al diario La Nación de Buenos Aires.

El final de El Debate

La situación política y social era extrema. Las Cortes se suspendieron y se reunió la Diputación Permanente para tratar de acallar los espíritus. Gil Robles -en tono exaltado- se dispuso a plantear una vez más la cuestión del orden público. En la que fue la última de sus estadísticas, denunció más de sesenta y un muertos en sucesos de fondo político entre el 16 de junio y el 13 de julio.

El último número de El Debate ve la luz el 19 de julio de 1936, fuertemente censurado y con informaciones acerca del la sublevación militar (79). Sus talleres -compartidos con el suspendido Ya- fueron incautados por elementos afectos al Frente Popular y en ellos pasaron a editarse los diarios Mundo Obrero y Política. Desaparecía así un diario que había hecho de la defensa del principio de legalidad uno de los lemas de su ideario y, sobre todo, había servido a los intereses de la Iglesia Católica como fiel portavoz de la Jerarquía Eclesial. Todos los intentos por relanzarlo después de la Guerra fracasaron. Pero sería éste un tema a tratar de manera mucho más extensa.

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Cristina Barreiro Gordillo

Notas

1) El Debate: Diario que aparece en Madrid en 1911. Es, junto al alfonsino ABC, la principal publicación de la derecha española en el periodo republicano. Durante la campaña electoral de abril de 1931 apoyó las candidaturas de la coalición monárquica. Sobre El Debate se ha escrito importante bibliografía, destacando la antología del profesor GARCÍA ESCUDERO, José María: El pensamiento de El Debate, un diario católico en la crisis de España, 1911-1936. Madrid, B.A.C., 1936 y la tesis doctoral de CÁCERES SEVILLA, Adela: El Debate como empresa social católica. Salamanca, Universidad, 1979; ambas obras fundamentales para esta investigación.

2) El Debate (15 abril 1931).

3) Sobre este tema puede verse la antología, GARCÍA ESCUDERO, José María: El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y social. Madrid, Editorial Católica, 1987 y ORDOVAS MUÑOZ, José Manuel: Historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. De la dictadura a la Segunda República (1923-1936). Tomo 1. Pamplona, Eunsa, 1993.

4) Vid: MONTERO, José Ramón: La C.E.D.A., el catolicismo social y político en la II República. Madrid, Revista de Trabajo, 1977. vol 1. p.101. Esta obra constituye el estudio más interesante que se ha hecho de la derecha católica "accidentalista" durante el periodo republicano. Apoyado en un gran análisis documental, examina el catolicismo social y sindical, su estructura organizativa y su naturaleza ideológica. No obstante, el autor identifica el "accidentalismo" de El Debate con un posible "oportunismo" que no se ha comprobado en la consulta hemerográfica de la publicación. Como se verá, El Debate apoyó hasta los últimos momentos republicanos el régimen establecido y aportó todos los mecanismos a su alcance para su consolidación.

5) Destaca la pastoral del Arzobispo de Toledo -Don Pedro Segura y Sáenz- primer pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica bajo el nuevo régimen En la carta, fechada el 1 de mayo, aunque publicada en El Debate el día 7, el Cardenal Segura afirmaba que la Iglesia no estaba comprometida con ninguna forma específica de Gobierno, aunque agradecía a la Monarquía el respeto y apoyo que había desarrollado hacia la religión católica. Manifestaba que la Iglesia se mostraba dispuesta a colaborar con quienes ejercían la autoridad civil recordando a los católicos el deber "de tributar a los Gobiernos constituidos de hecho respeto y obediencia para el mantenimiento del orden y del bien común". Al producirse el cambio de régimen, el Vaticano dio instrucciones a los obispos españoles, a través del nuncio Tedeschini, para que aceptasen a los nuevos poderes constituidos. La actitud de los eclesiásticos fue en general prudente y publicaron pastorales acatando la República. Véase; El Debate (19 abril 1931), Circular del Arzobispo de Valencia y circular del Obispo de Barcelona y El Debate (28 abril 1931), Palabras del Dean de Toledo, doctor Benito Polo. Pero no puede olvidarse que la mayoría de los obispos habían sido propuestos por el Rey, predominando en ellos simpatías hacia la monarquía. Véase; GARRIGA ALEMANY, Ramón: El Cardenal Segura y el nacional-catolicismo. Barcelona, Planeta, 1977. pp. 154-170 y 171-191.

6) El Debate (22 abril 1931). Editorial "Nada más que lo indispensable". En el seno de la Prensa católica se abrió un interesante debate acerca de la naturaleza del pulso político adecuado para el país.

7) El Debate (8 mayo 1936). Lo del día "Por encima de las formas de Gobierno".

8) El Debate (10 mayo 1931). Editorial "Un desahogo del sectarismo".

9) El Debate (20 mayo 1931). Editorial "La suspensión de EL DEBATE".

10) El Debate (23 mayo 1931). Lo del día "Nuestra protesta".

11) Véase; El Debate (29 mayo 1931). Editorial "La verdadera libertad de conciencia" y El Debate (2 junio 1931). Editorial "Las órdenes religiosas y el Concordato".

12) Véase; GARCÍA ESCUDERO, José María: Historia política de las dos Españas. Madrid, Editora Nacional, 1976. pp. 1021-1037, nota 39 y CARCEL ORTÍ, Vicente: La persecución religiosa en España durante la segunda república, 1931-1939. Madrid, Rialp, 1990. pp. 40-46

13) El Debate (27 mayo 1931). "Informe del Cardenal Segura al Pontífice sobre los últimos acontecimientos españoles". El Debate (14 junio 1931). "Sobre el regreso del Cardenal Segura a España" y El Debate (19 junio 1931). "Es expulsado de España el Cardenal Primado".

14) GIL ROBLES, José María: No fue posible. Barcelona, Ariel, 1968.p. 35 y pp. 83-84.

15) El Debate (18 abril 1931). Editorial "Los católicos y la República". Debe recordarse que la A.C.N. de P. no es una Asociación política aunque sus miembros –a título individual- pueden y deben participar en la vida pública. Durante la II República nos encontramos con propagandistas políticamente tan dispares como José Antonio Aguirre, Onésimo Redondo y Federico Salmón

16) MONTERO, José Ramón: La C.E.D.A. vol I. pp. 116-117. Para conocer el origen de Acción Nacional como plataforma electoral es indispensable el estudio; MONGE Y BERNAL, José: Acción Popular (Estudios de biología política). Madrid, Imprenta "Sáez Hermanos", 1936. En él, se especifican los contactos mantenidos entre Herrera, los Propagandistas y demás elementos derechistas entorno a la fundación del movimiento.

17) El Debate (21 abril 1931). Editorial "Un solo objetivo: las Cortes".

18) El Debate (28 abril 1931). Editorial "Un gran sacrificio colectivo". El 26 de abril tuvo lugar en la redacción de El Debate una reunión en la que se acordó la reglamentación de la organización así como el nombre que se le debía dar. Según la versión de MONGE Y BERNAL, José: Acción Popular. p.128-129; se tomó el nombre del movimiento político belga de L´Action Nacionale de Pierre Nothomb, partido antidemocrático y antisocialista fundado en 1924, que agrupaba a diferentes tendencias políticas

19) Archivo Histórico Nacional. Fondos Gobernación. Serie A. Leg.30. exp.15. El propio Herrera se presentó como candidato de Acción Nacional en la candidatura por Madrid por lo que -y para evitar que El Debate quedase "adscrito" a una organización política por muy grandes que fuesen sus afinidades ideológicas- renunció temporalmente a la dirección del periódico. Herrera confirmó a José María Gil Robles -que ya figuraba en el Consejo de Administración- como subdirector. Sin embargo, Herrera no resultó elegido diputado y sí lo fue Gil Robles por la circunscripción de Salamanca, motivo por el que abandona el periodismo activo para dedicarse a la política. Herrera regresa a la dirección efectiva de El Debate. Puede verse; TUSELL GÓMEZ, Javier: Las constituyentes de 1931: unas elecciones de transición. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982. Tomando como principal referencia fuentes hemerográficas, el autor determina la participación real de los elementos de Acción Nacional en los comicios, sus resultados electorales y sus intervenciones parlamentarias.

20) Sobre la cuestión religiosa en la Constitución republicana de 1931 puede verse; ARBELOA Y MURU, Víctor Manuel: La semana trágica de la Iglesia en España (octubre 1931). Barcelona, Galba, 1976 y MEER, Fernando de: La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la segunda república española. Pamplona, Universidad de Navarra, 1975. Para conocer detenidamente la posición adoptada por El Debate ante el problema planteado por la Constitución véase; CÁCERES SEVILLA, Adela: El Debate como empresa social católica. vol 1. pp. 325-340.

21) El Debate (21 julio 1931). Editorial "La cuestión religiosa".

22) El Debate (18 agosto 1931). Editorial "En legítima defensa" y El Debate (6 octubre 1931). Editorial "La Constitución, fórmula de convivencia".

23) Ibídem

24) El Debate (20 agosto). Lo del día "El Gobierno y los católicos" y "Las Órdenes religiosas".

25) El Debate (30 agosto) Editorial "Impopular y antipatriótico".

26) El Debate (7 octubre 1931). Editorial "Contra una excepción injusta". Archivo Histórico Nacional. Fondos Gobernación. Serie A. Leg. 15. exps 11-17, incluye circulares de Acción Popular al Ministro de Gobernación en vísperas de la discusión de los artículos referidos a la cuestión religiosa, reclamando un régimen de concordia entre la Iglesia y el Estado

27) El Debate (8 noviembre 1931). Editorial "Por Dios y por nuestro derecho". Sobre la articulación de la campaña revisionista puede verse; CONTRERAS, Manuel y MONTERO, José Ramón: "Una constitución frágil: revisionismo y reforma constitucional en la segunda república española". Revista de derecho político. nº12, 1981-1982. pp. 23-64 y GIL ROBLES, José María: No fue posible. pp. 65-66.

28) Véase; MEER, Fernando: La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la segunda república. pp. 131-135.

29) El Debate (20 marzo 1932).

30) El Debate (4 diciembre 1932). Editorial "El proyecto de Congregaciones ante la Constitución"; El Debate (7 febrero 1933). Editorial "Contra el derecho de gentes" y El Debate (10 marzo 1933). Editorial "Contra el abuso, la resistencia".

31) El Debate (8 octubre 1932). Editorial "Reafirmación de un credo y una conducta".

32) El Debate (21 octubre 1932). Editorial "La Asamblea de Acción Popular". Para intentar solucionar lo referido a la definición política de Acción Nacional se celebró una Asamblea que inició sus sesiones el 22 de octubre. Las discrepancias más acusadas se remitieron a la aceptación del término "acatamiento" y su interpretación. El Debate resaltó el carácter regionalista que había caracterizado la Asamblea y anunció la posibilidad de crear una organización política de carácter confederal.

33) Sobre la configuración de la C.E.D.A. puede verse; MONTERO, José Ramón: La C.E.D.A. pp. 271-304.; GIL ROBLES, José María: No fue posible. pp. 84-85 y 809 y TUSELL GÓMEZ, Javier: Historia de la democracia cristiana en España 1. Los antecedentes. La C.E.D.A. y la Segunda República. Madrid, Sarpe, 1986. pp. 139-360.

34) El Debate (23 diciembre 1932).

35) El Debate (1 marzo 1933). Lo del día "El Congreso de la C.E.D.A." .

36) No es objetivo de este artículo determinar la difícil orientación ideológica de la C.E.D.A. aunque sí resulta interesante acercarnos a las interpretaciones que -desde su ubicación como partido católico- se le han dado. TUSELL, Javier: Historia de la democracia cristiana en España. Madrid, vol 1, pp. 195-209; mantiene que la Confederación respondía en su origen a una "reacción defensiva" y que predominaba en ella un fondo social-católico próximo a las democracias cristianas europeas. PRESTON; Paul: La destrucción de la democracia en España. Madrid, Alianza, 1987, cap.6, coincide con esta visión aunque concede importancia capital al componente conservador clásico y al proceso de radicalización de sus bases inducido por la extrema derecha y la propia evolución de la República; opinión en la que incide MONTERO, José Ramón: La C.E.D.A. vol.2 cap.8, al revalorizar el papel de radicalización de las juventudes en la evolución ideológica de la Confederación.

37) Ibídem

38) GIL PECHARROMÁN, Julio: La Segunda República Española (1931-1936). Madrid, U.N.E.D., 1995. pp. 200-202. TUÑÓN DE LARA, M: La Segunda República. Barcelona, Cuadernos de Historia 16, 1985, vol 2, pp. 26-27, atribuye un total de 3.365.700 votos a la derecha, de los que 1.603.000 corresponderían a las candidaturas de la C.E.D.A. con los monárquicos y 775.000 a las de la C.E.D.A. con los agrarios. El centro habría conseguido 2.051.000 votos, de los que 703.000 habrían sido para las candidaturas de los radicales en solitario y otros 984.000 para los radicales aliados a la C.E.D.A. y a otras formaciones de la derecha. Resultan también interesantes las estadísticas publicadas en El Debate el 5 diciembre de 1933 al finalizar la segunda vuelta electoral

39) El Debate (21 noviembre 1933). Editorial "El significado de las elecciones".

40) El Debate se estaba refiriendo a la C.E.D.A y al proyecto de tres etapas anunciado por Gil Robles en virtud del cual se pasaría de un apoyo parlamentario a gobiernos minoritarios basados en el Partido Radical, a la entrada en el Gobierno y posterior conversión de la Confederación en la fuerza hegemónica de la coalición gubernamental en condiciones de exigir al Jefe del Estado la entrega del poder a un Gabinete de mayoría conservadora. GIL ROBLES, José María: No fue posible. pp. 105-107

41) El Debate (25 noviembre 1933). Editorial "La responsabilidad de las derechas".

42) El Debate (6 diciembre 1933). Editorial "Situación difícil, pero clara".

43) Ibídem.

44) El Debate (5 octubre 1934). Artículo titulado "Serán derrotados".

45) GIL PECHARROMÁN, Julio: La segunda república española. p.242

46) GIL ROBLES, José María: No fue posible. pp. 141-145 y PAYNE, Stanley: La primera democracia española. pp. 259-266

47) La publicación de este artículo provocó un revuelo político considerable. Quienes consideraban que El Debate no era más que el órgano oficioso de la C.E.D.A, quisieron ver en su publicación una rectificación de la conducta intransigente de Gil Robles quien no tardó en mostrar su descontento y hacer público su desconocimiento del editorial hasta haberlo visto publicado en el periódico. El Debate recordaba su independencia respecto a la confederación y mantenía su postura sobre la crisis

48) El Debate (6 diciembre 1935) y (13 diciembre 1935).

49) El Debate (3 enero 1936). Editorial "El Frente Contrarrevolucionario"

50) El Debate (24 enero 1936), Editorial "Triunfar y gobernar para España". Para conocer el modo en el que se llevó a cabo la alianza contrarrevolucionaria, los problemas, las diferencias y la debilidad final puede verse; GIL ROBLES, José María: No fue posible. pp. 403-460, MONTERO; J.R.: La C.E.D.A., el catolicismo social y político en la II República. vol. 2. pp. 311-336 y TUSELL, Javier: Historia de la Democracia Cristiana en España 1. Madrid, Sarpe, 1986. pp. 317-329.

51) El Debate (11 enero 1936). Editorial "Para una empresa común". Sobre la primacía de la C.E.D.A. en la coordinación del Frente Contrarrevolucionario puede verse; GIL ROBLES, José María: No fue posible. pp. 403-406 y GIL PECHARROMÁN, Julio: Conservadores subversivos. pp. 232-241.

52) El Debate (10 enero 1936). Editorial "Frente a las elecciones".

53) El Debate publicó suplementos electorales extraordinarios los días 2 y 9 de febrero. Representan el principal esfuerzo propagandístico en materia de Prensa desempeñado por El Debate. En ellos, por medio de cortos cuadros estadísticos y de expresivos dibujos, trataron de demostrar la eficacia de la C.E.D.A. y la ineptitud de sus enemigos en el desarrollo de las tareas políticas.

54) El Debate (16 febrero 1936). Editorial "Para salvar a España".

55) El Debate (17 febrero 1936). "No hay datos completos" y "Las elecciones". Para conocer las elecciones celebradas en febrero de 1936, su alcance numérico e interpretativo es fundamental la obra; TUSELL GÓMEZ, Javier: Las elecciones del Frente Popular en España. Madrid, Edicusa, 1971. El autor coincide con El Debate en que los resultados electorales significan un "empate". Aunque la victoria del Frente Popular es indudable, ello no quiere decir que la mayoría de los españoles se inclinase hacia la izquierda. Puede verse; TUÑÓN DE LARA, Manuel: La Segunda República. Barcelona, Cuadernos de España 16, 1985. p. 27 y LINZ, J y MIGUEL, J.M de: "Hacia un análisis regional de las elecciones de 1936 en España". Revista Española de la Opinión Pública, 48, abril-junio, 1977. pp. 27-67.

56) El Debate (20 febrero 1936). Editorial "La primera y primordial obligación".

57) El Debate (18 febrero 1936). p. 3. Al menos los siguientes periódicos próximos a la política de Gil Robles fueron víctimas de los desmanes de la celebración: El día 20, en Alicante es incendiado y destruido el diario Más, que no volverá a publicarse; ese mismo día, en Murcia, los elementos callejeros destrozan las máquinas de La Verdad y provocan un incendio con pérdidas calculadas en 250.000 pesetas; las instalaciones de Levante Agrario sufren enormes destrozos que motivan la suspensión definitiva de la publicación; el Diario de Pontevedra es apedreado y un numeroso grupo de manifestantes intenta prender fuego al granadino Ideal, perteneciente a la Editorial Católica. El 21 de febrero en Alcoy es atacada La Gaceta de Levante que sufre cuantiosos daños y no consigue reaparecer hasta varios días después. GÓMEZ APARICIO, Pedro: Historia del periodismo español. pp. 455-457

58) El Debate (3 marzo 1936). Editorial "Enseñanzas para todos".

59) El Debate (5 marzo 1936).

60) De la lectura de editoriales censurados, sección "Lo del día", notas políticas o informaciones de sucesos, podemos hacernos idea de la verdadera situación del país. El Debate se mantuvo acorde con la política de actuación de Gil Robles en materia de orden público. El periódico mostró su apoyo al Gobierno en el mantenimiento de la estabilidad social, ahora bien no estaba dispuesto a tolerar pasividad e inhibición en la aplicación de los resortes legales para impedir la violencia. El Debate se mantuvo impune en su condena a todos los atentados -ya fuesen cometidos por elementos extremistas próximos al socialismo o al fascismo- y en su defensa de la Fuerza Pública como modelo de "abnegación y lealtad". Importantes referencias sobre las alteraciones sociales y la violencia vivida en España desde el triunfo del Frente Popular se encuentran recogidas en; PLA, José: Historia de la segunda república española. Barcelona, Destino, 1941, tomo IV. pp. 484-489 y RAMOS OLIVEIRA, Antonio: Historia de España. México, Compañía General de Ediciones, 1952. Tomo III. pp. 240-247

61) El Debate (21 marzo 1936). Editorial "¿Va a ser esto el Parlamento?".

62) Diario de Sesiones a Cortes (15 abril 1936).

63) El Debate (16 abril 1936). "Gil Robles se hace escuchar".

64) La relación completa de los problemas constitucionales que implicaba la aplicación del artículo 81 aparecen recogidos en; VILLARROYA, Joaquín Tomás: La destitución de Alcalá Zamora. Madrid, Fundación Universitaria San Pablo, 1987. pp. 85-106.

65) Sobre la C.E.D.A. en el proceso de destitución de Alcalá Zamora véase; GIL ROBLES, José María: No fue posible. pp. 583-587

66) El Debate (24 abril 19369. Editorial "El Deber de votar".

67) El Debate (28 abril 1936). Editorial "La lección del domingo".

68) El Debate (12 mayo 1936). Editorial "Ante el nuevo Presidente".

69) El Debate (14 mayo 1936).

70) El Debate (15 mayo 1936) y Ya (14 mayo 1936). Editorial "La Constitución no sirve".

71) El Debate (21 mayo 1936). Editorial "Un grave desbordamiento".

72) El Debate (12 junio 1936). "Ahora piden orden".

73) El Debate (17 junio 1936). Página 2 "El discurso de Gil Robles" y Ya (17 junio 1936). Páginas 4 y 5. El Debate decía de Gil Robles: "Se le oye bien porque habla fuerte y claro y porque va ordenando los razonamientos con una arrolladora progresión. Sus discursos son siempre obra de fábrica, robusta en los cimientos y vertical en los muros, y terminan en puntas de platino que desafían tormentas".

74) El Debate (17 junio 1936). Página 2 "El discurso de Gil Robles" y Ya (17 junio 1936). Estas estadísticas estaban elaboradas en la redacción de El Debate mediante el cuidadoso examen de los telegramas que, íntegramente tachados por la censura, eran enviados por los corresponsales del periódico. Pero, con todo, -y siguiendo a Gómez Aparicio- es posible que no fueran completas. GÓMEZ APARICIO, Pedro: Historia del periodismo. p.467. Aunque Gil Robles centró el contenido de su exposición en la enumeración de los desórdenes, aprovecho la ocasión para exponer un cambio importante en su política: ya no tenía esperanzas en la desintegración del Frente Popular. Además "como el fracaso es evidente, como vais a llevar a la ruina al país, como vuestra caída va a ser estrepitosa" a la C.E.D.A. le interesaba que únicamente el Frente Popular fuera el responsable del desastre. Así concluía; "Un país puede vivir en Monarquía o en República, en sistema parlamentario o en sistema presidencialista, en sovietismo o en fascismo; como únicamente no vive es en anarquía, y España, hoy, por desgracia, vive en anarquía" El Debate (17 junio 1936). Página 2.

75) El Debate (17 junio 1936). Lo del día "Sin enmienda".

76) Vid: GIL ROBLES, José María: No fue posible. p.664

77) Recuérdese como un día antes había sido suspendido el también católico, Ya por la publicación de noticias referidas al asesinato del líder monárquico.

78) El Debate (14 julio 1936). "El señor Calvo Sotelo fue secuestrado y muerto en la madrugada de ayer".

79) Los números correspondientes al 18 y 19 de julio no se conservan ni en la Hemeroteca Nacional ni en la Hemeroteca Municipal de Madrid, Barcelona y Sevilla. En las redacciones de los diarios de La Editorial Católica, Ideal de Granada, Hoy, Ideal Gallego y La Verdad tampoco se guarda la colección completa. Quizá se encuentre en alguna colección particular aunque nos ha resultado imposible localizar alguna hasta el momento. Por estos motivos, estos dos ejemplares -que hubieran sido determinantes a la hora de analizar la evolución final del diario El Debate- no se han podido consultar. Cáceres Sevilla, tuvo la oportunidad de ver estos números para la elaboración de su tesis doctoral cuando todavía se conservaba el archivo del Ya. Con este desaparecido, se pierde una fuente hemerográfica fundamental. Vid: CÁCERES SEVILLA, Adela: El Debate como empresa social católica. vol 1. pp. 376.

Revista Arbil nº 71-72

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