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En plena batalla sobre el IBI reforzado y la función social de la propiedad, la Caixa del Llobregat propone las "juntas participativas" como modelo de organización societaria que respete los derechos de la propiedad frente a la gerencia. Una realidad mucho más ambiciosa y realista que la pomposa "responsabilidad social corporativa".
El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha provocado un apasionante debate sobre la función social de la propiedad. Su propuesta "non nata" de IBI reforzado para las viviendas vacías se justificaba en la necesidad de incentivar -aunque fuese negativamente- la salida de viviendas al mercado de alquileres. Una medida de difícil aplicación práctica y de escasa eficacia si no fuese acompañada de incentivos positivos para que el propietario se animase a percibir algo tan apetecible como una renta...
Sin embargo, lo que subyace tras la justificación del IBI reforzado es una visión del derecho de propiedad como limitado por las necesidades sociales. O sea, lo que algunos acertadamente denominan "hipoteca social" de la propiedad inmobiliaria. Término que solivianta a los espíritus liberales que en el mundo son, practicantes de una fé según la cuál, los egoísmos particulares puestos en comunidad procuran el Bien Común. Es decir, la famosa "mano invisible", que resulta tan poderosa que convierte al mal en bien. Y luego dicen que España es un estado laico...
Pero al margen del debate sobre la función de la propiedad, el mundo empresarial sigue inmerso en el debate sobre el buen gobierno societario. Todas las empresas cotizadas tratan de hacer los deberes en las directrices marcadas por el Código Olivencia. Tener el marchamo de "buen gobierno" se ha convertido en algo tan necesario como la ISO 9000: todo un sello de calidad, de valor añadido más que dudoso...
La última moda es la "responsabilidad social corporativa" y ya hay quien se ha lanzado a tratar de autentificar dicho ejercicio de responsabilidad. ¡Será por auditorías!... La patronal CEOE -como siempre- se niega a aceptar la obligatoriedad del sello e incluso su misma existencia. Argumentan -con razón- que quien es socialmente responsable no necesita expresarlo públicamente y mucho menos que un tercero se lo certifique.
Lo que pretende la patronal es evitar la avalancha de controles de todo tipo que encorseten a la compañía e impidan el desarrollo de la creatividad, innovación, etc. Aunque obviamente también tratan de evitar que los sellos se terminen por imponer incrementando los costes de estructura de las compañías.
Al margen del debate sobre la autentificación, la moda de "responsabilidad social corporativa" pone sobre la mesa la necesidad de que las compañías se impliquen con el entorno del que obtienen sus beneficios. Es decir, se trata de que las labores de promoción cultural, educativa, y medioambiental sean asumidas por los entes privados más que por la administración. Algo parecido a lo que ya practican las cajas de ahorros y que en entornos culturales como el norteamericano se encuentra ampliamente extendido. Aplausos.
Sin embargo, no conviene olvidar que la empresa se debe prioritariamente a sus clientes, trabajadores y proveedores. Predicar responsabilidad social y no velar por la calidad del producto y/o servicio resultaría un contrasentido. Por eso hay que felicitarse por la detención del FBI de 48 gestores financieros que habían utilizado deslealmente los medios de su compañía para realizar operaciones que necesariamente provocarían pérdidas para sus clientes. Unos linces del mercado...
Queda sin resolver el gran reto del divorcio entre capital y gestión en las grandes sociedades cotizadas. La propiedad de que la que hablábamos al principio, queda diluida, y desprotegida frente a la burocracia de la gerencia. Y así, esa misma propiedad observa impotente como su patrimonio se ve reducido por las alegres jubilaciones con cargo a reservas, por las indemnizaciones millonarias o los gastos suntuarios de los directivos.
Urge recuperar los derechos de los cuota-propietarios de las empresas, para que asuman la responsabilidad de su dirección. Pero las Juntas de Accionistas han demostrado ser un instrumento tan inútil para medir la voluntad de la propiedad como las elecciones para medir la soberanía popular...
Avanzar en la participación es una obligación moral para quien cree que compartir la capacidad real de todos, aporta valor social en la construcción de los objetivos comunes. Por eso, la iniciativa de la Caixa del Llobregat resulta apasionante. Su director, Isidre Segura, se encuentra inmerso en las negociaciones para hacerse con los despojos de Eurobank, entre los que se encuentra el "pequeño detalle" de la ficha bancaria...
Pues bien, el Banco Comarcal -que así se llamaría la entidad financiera resultante- convocaría juntas participativas comarcales en las que la gerencia mantendría reuniones comarcales con 15 miembros como máximo. De esta forma, los pequeños propietarios -actualmente cooperativistas- podrían aportar al negocio no sólo su capacidad de riesgo, sino también su visión del negocio, su inteligencia, contactos, sinergias, etc. De esta forma, se construiría una verdadera comunidad de personas que aportando capital e inteligencia, procurarían generar servicio, aportar valor y obtener retornos suficientes. O sea, el espíritu del castellet... Todo un ejemplo de que la participación no es incompatible con el capitalismo, sino más bien la perfección del sistema..
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La precariedad laboral que genera las leyes vigentes tiene unas consecuencias de orden económico, social y moral muy importantes, así es que los trabajadores, en especial los más jóvenes carecen de una autonomía económica real, fundan cada vez más tarde su propio núcleo familiar, tardan cada vez más en tener hijos, y cuando los tienen son menos numerosos, con el consecuente descenso de la natalidad, que será más acusado en el futuro, con un desequilibrio mayor entre generaciones y trayendo graves consecuencias en los sevicios sociales y poniendo en grave peligro el futuro de la nación