De una vez para siempre el viejo Aristóteles estableció en los Analíticos la distinción entre tesis e hipótesis. La primera es una proposición que se sostiene con razonamientos coherentes, "aquello que está puesto o planteado como fundamento de la demostración" , mientras que la segunda, es la premisa provisional que sirve de base para sacar una consecuencia. Acá nosotros no plateamos una hipótesis sino una tesis que pretendemos sostener con un razonamiento coherente para lograr el convencimiento de aquellos que nos leen y la persuasión de aquellos que piensan en contrario. El Estado de bienestar y su continuador el régimen socialdemócrata han dejado en el mundo o al menos en las democracias occidentales, luego de medio siglo de existencia, una cantidad tan grande de derechos adquiridos, que el Estado mínimo del neoliberalismo de los 90 no pudo satisfacer ni respetarlos. Esta tenaza que aprisiona al Estado actual- múltiplicidad de derechos e incapacidad de recursos- hace que el gobierno se bascule entre suprimir los derechos, ignorándolos, o reasignar fondos lo son irrisorios como los seguros de desempleo, con lo cual transfiere la responsabilidad social del no-trabajo al desocupado. La culpa es entonces de la víctima, y no ya, a una falta de política de empleo por parte del Estado. Durante el Proceso militar (76-83) donde la injusticia se entronizó por doquier, la culpa siempre fue de la víctima. La famosa muletilla ante la desaparición de personas: "por algo será", no encerró otra cosa que la proposición: la culpa es de la víctima. Hoy el progresismo político a través de los denominados garantistas velan más por los derechos de los delincuentes que de las víctimas. El Código Penal y el de procedimiento impiden, de hecho, la captura y condena de los culpables. La idea de no sanción en una sociedad amorfa, bajo el régimen de una democracia discursiva como pretenden los ideólogos del progresismo, termina acusando a la víctima de sus padecimientos. Los referentes emblemáticos de esta teoría- J.P.Cafiero, ministro de seguridad, R.Bielsa, canciller y E.Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema no dejan pasar la ocasión para reafirmar que: "antes que nada están los derechos de los delincuentes y después el de las víctimas", y ello porque la causa fundante es social, como piensan, por principio, los socialdemócratas y no está en la falta o carencia de virtud cívica y moral de la persona, como sostiene desde siempre la filosofía perenne, que es lo mismo que decir el sentido común de los pueblos. Así pues, dos posiciones antagónicas, el totalitarismo y el progresismo político, convergen en un punto: Inculpar a la víctima por sus desgracias. Los primeros por defecto, el delincuente, el terrorista no tiene derechos, sólo puede ser sujeto de castigo. Está de alguna manera fuera de la humanidad, porque los "derechos y humanos" son ellos y no los otros. En el caso de los progresistas políticos por exceso. Son tantos los derechos incumplibles que otorgan a los ciudadanos, que ante la mínima falencia la culpa es de la víctima, porque no supo hacerlos respetar. Y esta es la trampa, la impostura del progresismo, como no puede satisfacer los derechos que promete y se obliga a respetar, transfiere al perjudicado la responsabilidad de su cumplimiento. Hoy la sociedad argentina padece el fenómeno piquetero, movimiento que por metodología levanta piquetes en las rutas impidiendo el paso de los transeúntes, y el gobierno que utiliza la vanguardia como método lo intenta solucionar con un subsidio al desempleo, con lo cual no soluciona nada sino que dilata las resoluciones, dejando a las partes- piqueteros vs. sociedad civil- libradas a una suerte de fuerza de la cosas que, hablando, de ahí lo de democracia discursiva, se acomodarán con el tiempo. La solución no es una aproximación ideológica al problema a través del remedio discursivo, como propone la Escuela de Frankfurt. Hay que dejar de "conversarlos" para, en lugar de ello, crear las condiciones de posibilidad para que adquieran una institucionalización dentro de la sociedad civil. La historia social de nuestro país nos ofrece, al menos, tres ejemplos claros de cómo integrar las fuerzas disolventes de la sociedad civil. El primero es el de Sarmiento y la creación del Colegio Militar para contener las fuerzas militares remanentes de la guerra civil; el segundo es el de Yrigoyen con respeto a los inmigrantes y su instrucción obligatoria en la escuela pública y el servicio militar, y el tercero es el de Perón, cuando desde la secretaría de Trabajo crea las condiciones de posibilidad para la contención y desarrollo de un sindicalismo nacional y popular que en la época era europeo, anarquizante y socialista. Fíjese bien el lector que decimos, crea las condiciones de posibilidad y no que los crea desde el Estado como en el fascismo. La sana filosofía, esto es, aquella que se planteó y se plantea en profundidad las cuestiones sobre el mundo, el hombre y sus problemas, hace rato que se resolvió a favor de "la proporcionalidad de las penas y las culpas". No existe ni existió una sociedad que pueda vivir armónicamente, que es lo máximo que el humano saber puede producir, sin una relación efectiva de culpa-pena. Esparta, Atenas, Roma se disolvieron cuando se rompió la relación proporcional, ¿pero cómo se disolvieron?. Comenzaron a establecerse sistemas de castas y privilegios cada vez más marcados, hoy diríamos sociedades de dos velocidades- unos pocos cada vez más ricos y unos muchos cada vez más pobres. Los oligarcas rusos, aquellos que se privilegiaron con las privatizaciones de Yelsin, son el ejemplos actual de la disolución social soviética. Nosotros en Argentina también tenemos a estos "señores dueños de feudos", como los Menem en La Rioja, Romero en Salta, Marín en La Pampa, Duhalde en Buenos Aires, Sobich en Neuquén, Rodríguez Saá en San Luis, para los cuales la relación entre la culpa y la pena carece de sentido y por ende el Estado-Nación soberano y autónomo. El Estado para ellos es la contraparte de un negocio donde ellos son la otra. Eso es todo y nada más.. ·- ·-· -··· ·· ·-·· Alberto Buela |