Son profesionales liberales. Planifican su trabajo y reportan a un jefe un tanto difuso e indefinido. No hablo de los autónomos sino de los inspectores de Trabajo. Un cuerpo del Estado casi desconocido para la mayoría de los españoles. Muchos han conocido a un inspector de Hacienda. Casi nadie ha visto jamás a un inspector de Trabajo. ¿Será que la dotación de recursos humanos marca las prioridades políticas? La Inspección de Trabajo debe de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y la protección de los derechos del trabajador. Unos derechos que parecen preocupar bastante menos que la moderación salarial como supuesto garante del mantenimiento de nuestra competitividad... Sin embargo, da la impresión de que la cacareada competitividad de nuestra economía se construye sobre unas relaciones laborales un tanto desordenadas. Los trabajadores del sector servicios viven momentos de especial desprotección. Los "corbata" no hicieron huelga el 20J, pero acostumbran a alargar su jornada laboral sin remuneración añadida. A quien se le caiga el boli a la hora pactada, sabe que tiene cortadas las alas del progreso profesional. Y así conseguimos colapsar la M30 madrileña a las 10 de la noche, caso insólito entre los países de nuestro entorno. Obviamente la estabilidad familiar se resiente y los niños "con llave" son educados por la televisión. ¿Progreso? Pero hay más. La Asociación de Trabajadores Autónomos denuncia que el 5 por ciento de los trabajadores autónomos son en realidad empleados por cuenta ajena sometidos a la disciplina empresarial. Se trata de mensajeros y comerciales de productos financieros y de seguros cuyas empresas optan por encubrir la relación laboral como mercantil para evadir el impuesto sobre el trabajo (cotización a la Seguridad Social). ¿De verdad que es muy difícil detectar esas enormes bolsas de fraude concentradas en pocos sectores? ¿No será que la competitividad de la banca se vería seriamente reducida si esos "falsos autónomos" entrasen en plantilla? ¿Progreso? Suma y sigue. La mitad de los emigrantes residentes en España trabajan sin papeles. Es decir, cobran menos que el Salario Mínimo Interprofesional y obviamente no cotizan a la Seguridad Social. Un absoluto chollo para empresarios desalmados que aprovechan la necesidad del emigrante para hacer su agosto los 12 meses del año. También aquí el fraude se concentra. Esta vez en la agricultura y la construcción. ¿De verdad que no es posible pedir los TCs a las constructoras y levantar acta en caso de que un edificio haya sido elevado oficialmente por sólo dos empleados en dos meses? ¿De verdad que el campo necesita de mano de obra esclava para sobrevivir y ser competitivo? ¿Qué pasa con el dumping social? Y a todo esto, ¿el PSOE que opina de esto?. ·- ·-· -··· ·· ·-·· Luis Losada Pescador |