La Editorial Católica se funda en 1911, en pleno ambiente de movilización católica ante la política sectaria de Canalejas y resultado de las negociaciones entorno a la creación de un gran diario católico independiente. Era una sociedad anónima por acciones nominativas, de cuya primera Junta General de accionistas salió una Junta de Gobierno que renovaba por sí misma las vacantes (1). Impulsada por la A.C.de P., presidida por Ángel Herrera, disponía a la altura de 1936 -meses antes de iniciarse la Guerra Civil- de los diarios madrileños El Debate (2) y Ya (3), además de El Ideal Gallego (4), La Verdad (5), Ideal (6) y Hoy (7) de Badajoz, la Biblioteca Pax y el semanario infantil Jeromín, amén de otras publicaciones semanales de menor importancia y una agencia de noticias propia, Logos (8). Durante los años de la Segunda República, los diarios más importantes de La Editorial Católica y fundamentalmente El Debate, adoptaron una política de acatamiento activo de las formas de gobierno legalmente establecidas en consonancia con la doctrina de León XIII, el Papa Social. Esta línea editorial va a suponer un punto de ruptura entre los propios miembros del Consejo de Administración de la Empresa y supondrá así mismo, la causa más evidente del recelo de las autoridades franquistas hacia los dirigentes accidentalistas destacados de la empresa, el motivo para la desaparición definitiva de El Debate y la motivación última del dirigismo al que desde el final de la contienda civil, hubieron de someterse todas las publicaciones de la sociedad editorial y especialmente el Ya, claro sucesor de la política social impulsada por los propagandistas. Cuando comienza la Guerra Civil, no todos los miembros del Consejo de Administración de La Editorial Católica están conformes con la política legalista que propugnaba El Debate y el sector más influyente de los Consejeros, aquellos que continuaban la línea fundacional de la Editorial (9). Frente a ellos, se encontraba un sector claramente partífipe en los preparativos del 18 de julio, de fuertes convicciones monárquicas y cercano a las posiciones de Acción Española. Este grupo estaba capitaneado por Pedro Sainz Rodríguez, y lo integraban aristócratas como los marqueses de Larios y de Pelayo o políticos como Lequerica y Juan José Pradera. Entre ellos se encontraba también, Francisco Herrera Oria -hermano del primer presidente de la A.C. de P.- que había sido destituido de su puesto como Consejero, precisamente por la fuerte oposición que venía realizando a la línea doctrinal mantenida por el grueso de La Editorial (10). Los órganos rectores de La Editorial eran la Junta de Gobierno y el Consejo de Administración y en ellos los legalistas constituían un grupo importante; la mayoría de las acciones se encontraban en manos de quienes aceptaban la línea de Ángel Herrera en cuanto al acatamiento activo de las formas de gobierno. El sector monárquico tenía la otra parte de las acciones aunque no disponía del control de la sociedad (11). En este ambiente de hostilidad, 19 de julio de 1936 vio la luz el último número de El Debate (12). A través de los micrófonos de Unión Radio, el Gobierno transmitió la siguiente nota: Los periódicos Ya, El Debate, Informaciones, El Siglo Futuro y ABC han sido incautados por el Gobierno, pasando a ser propiedad del Estado. Se ha encargado de la dirección y redacción de dichos periódicos a periodistas de reconocida filiación republicana. El pueblo debe respetar dicha propiedad, que ha dejado de ser particular. Los periódicos serán publicados en todo conforme al régimen republicano (13). Los talleres de El Debate ubicados en la calle Alfonso XI, 4 y compartidos con el suspendido Ya fueron ocupados por elementos afectos al Frente Popular. En ellos pasaron a editarse los diarios Mundo Obrero y Política. Directivos y redactores fueron víctimas de persecución, muchos consiguieron salir de una capital desatada a la anarquía mientras que otros hubieron de esconderse o embarcarse en rocambolescas huidas desesperadas. Comenzaba también otra lucha, una lucha interna en el seno de La Editorial Católica, una lucha por hacerse con la propiedad del principal instrumento de acción del catolicismo oficial con respecto a la sociedad española. Una batalla interna que solo consiguió solventarse al fin de la Guerra y en circunstancias muy particulares. La Editorial Católica en los años de guerra: la maniobra El 18 de julio quedaron en zona republicana la mayoría de los componentes de los órganos rectores de La Editorial Católica: en Madrid se encontraba, José Larraz, Presidente del Consejo de Administración; Alberto Martín Artajo, Vicesecretario de la Junta de Gobierno y Francisco de Luis, Director de El Debate; en Santander, estaba Fernando Martín-Sánchez, Secretario de la Junta de Gobierno y Presidente de la A.C. de P. Por su parte, muchos de los Consejeros de inclinaciones monárquicas que habían mantenido discrepancias con Ángel Herrera entorno a la política que debían de seguir las publicaciones de La Editorial, permanecía ya en zona nacional. Esta camarilla monárquica se mostró partidaria de lo que el profesor García Escudero denomina redención de la Editorial para la causa nacional e inició una serie de gestiones entorno a Nicolás Franco, recientemente nombrado Secretario General del nuevo Estado, para hacerse con la propiedad de La Editorial Católica y dotarla del signo ideológico que ellos consideraban legítimo (14). Cuando en los primeros días de noviembre las tropas de Franco acecha Madrid y parece inminente la toma de la capital, las fuerzas predominantes en la España nacional -carlistas y falangistas- procedieron a la distribución de los edificios y periódicos de la ciudad. En el documento donde los vencedores componían el reparto, Mundo Obrero quedaba en manos de Falange Española de las J.O.N.S. y Política pasaba a la Comunión Tradicionalista (15). La Editorial Católica iba a ser repartida entre las fuerzas emergentes del Nuevo Estado y por lo tanto al término de la Guerra -según lo previsiblemente a estipular- no sería devuelta al Consejo de Accionistas de 1936. A comienzos de noviembre de 1937 tuvo lugar una maniobra que frenó este reparto pero que, a su vez, trajo consecuencias muy negativas para la idiosincrasia de La Editorial Católica. Lo que hemos llamado camarilla monárquica -muy influyente en la nueva España nacional- consiguió de Franco una Orden comunicada de la Secretaría General del Estado con fecha de 7 de noviembre de 1936, mediante la cual garantizaba la entrega de los bienes de La Editorial Católica a la camarilla monárquica. Esta Orden, reproducida por Felix de Luis en el libro biográfico sobre su padre, dice así: Por orden de S.E. el Jefe del Estado, fecha 6 de los corrientes, se ha regulado con carácter provisional, el funcionamiento en Madrid de los distintos órganos de prensa de propiedad privada de sus respectivas empresas editoriales. En lo que concierne a la Editorial Católica se estipula en aquella disposición que los órganos de Prensa pertenecientes a la misma se devolverán a sus accionistas con obligación de someter a la aprobación del Estado la lista de sus directores, redactores y colaboradores. A los efectos de que pueda cumplirse esta prescripción y, ante la imposibilidad, dadas las circunstancias actuales, de reunir conforme a Estatutos la Junta General de Accionistas, se designa una comisión de los mismos, entre los que poseen mayor número de acciones, compuesta de los siguientes señores: Marqués de Larios, marqués de Pelayo, García Blanco, marqués de la Vega de Anzó, Francisco Herrera, Francisco Rodríguez Gómez y García Jove. La comisión de referencia será responsable del exacto cumplimiento de las disposiciones que regulan el funcionamiento de la prensa por lo que a la Editorial Católica, y en cuanto las circunstancias lo permitan, convocará la Junta General de Accionistas, a la que rendirá cuentas de su gestión Salamanca, 7 noviembre de 1936 De orden de S.E. el Jefe del Estado, El secretario general, Nicolás Franco (16) Se trató de una Orden comunicada que no fue publicada en el Boletín del Estado y una Orden que, en definitiva, primaba al sector monárquico. Dadas las potestades que le confería esta disposición -y aunque no debe olvidarse el carácter de provisionalidad que se cita- se constituyó en Comisión Gestora de la Editorial. De los componentes de esta Comisión, formaban parte del Consejo de Administración que regía la empresa antes de la Guerra, Daniel García Jove y el marqués de la Vega de Anzó, que "aceptaron formar parte de la misma convencidos de que sino, la empresa perdería el derecho a publicar sus principales periódicos" y Francisco Herrera (17). El 17 de noviembre de 1936 en Burgos, esta Comisión -en principio exclusivamente gestora- decidía constituirse en Consejo de Administración de la Sociedad y nombraba Presidente al marqués de Larios y Consejero Delegado, a Francisco Herrera(18). Todos ellos pertenecían a la camarilla monárquica opuesta a la política defendida por la mayoría del Consejo anterior a julio de 1936, contraria a la política un Ángel Herrara que en Friburgo seguía los cursos para su formación sacerdotal. Este nuevo Consejo de Administración tenía la esperanza de que "los demás componentes de la entidad, ante la sangrienta experiencia por la que estaba pasando España, habían por fin visto claro y abandonado las posiciones políticas que, anteriormente y con manifiesto error, habían defendido" (19). El Consejo de Administración resultante de la Comisión Gestora, convocó al resto de los accionistas a una reunión en la que legitimar su posición. De momento estas eran las circunstancias de La Editorial Católica. Sus verdaderos propietarios tardaron tiempo en conocer la situación ya que muchos no llegaron a la España nacional hasta meses después. Las primeras noticias sobre lo que había ocurrido parece que le debieron llegar a Ángel Herrera -Presidente de la Junta de Gobierno de La Editorial- en enero de 1937 cuando Fernando Martín-Sánchez logró alcanzar la zona franquista. Los intentos por recuperar la propiedad de La Editorial Católica Uno de los problemas que más inquietaban a los miembros de la A.C.N. de P. en los primeros meses de 1937, era el relacionado con la propiedad de La Editorial Católica. Como se ha visto, la camarilla monárquica había convocado una reunión para verificar el accionariado propio de los dos sectores que integraban La Editorial Católica. Esta reunión se celebró en Burgos en mayo de 1937, poco después de la aprobación del Decreto de Unificación. El 2 de junio de 1937, La Gaceta Regional publicaba una nota que bajo el título "Nuevas Normas de la Editorial Católica", informaba de su celebración así como de las conclusiones a las que se decía haber llegado: Primero.-Los accionistas reunidos se adhieren plenamente al espíritu y letra de la Orden de 7 de noviembre del Jefe del Estado Español (...). Segundo.-La reunión de accionistas ruega al Consejo de Administración tenga en cuenta y oriente las publicaciones de La Editorial que funcionan actualmente y las que puedan funcionar más adelante, en cuanto temas rocen principios de carácter religioso, las normas de la jerarquía eclesiástica, representada en España por su eminencia el cardenal de Toledo (...). En los principios de orden político, la reunión desearía vivamente ver incorporados a nuestras publicaciones todos aquellos que formen el pensamiento filosófico de la tradición española, hermanos substancialmente con todos aquellos que constituyen el nervio y el estilo del actual Movimiento Nacional. Desean, asimismo, la restauración de todas las instituciones adaptadas al momento presente, que forjaron el imperio español. Y, al mismo tiempo, declaran su plena adhesión a los principios y orientaciones de orden doctrinal y práctico formulados por el Excelentísmo General Franco en sus discursos, y especialmente los contenidos en el de 18 de abril de 1937 y decreto número 225. Tercero.-Con el fin de llevar a la práctica estas orientaciones, el consejo nombrará un consejo de dirección, que tendrá como misión primordial la orientación de la empresa en las ideas fundamentales anteriormente indicadas, compuesto por los siguientes señores: José María Pemán, Fray Justo Pérez de Urbel, Pedro Sainz Rodríguez, José Felix de Lequerica, Alfonso García Valdecasas y, como secretario, Juan José Pradera. Pero en esta reunión la camarilla monárquica se encontró con la oposición del otro sector de accionistas que, tras bastantes peripecias, había conseguido abandonar el territorio republicano para adentrase en la España nacional. Entre ellos estaba Fernando Martín-Sánchez, Alberto Martín Artajo, Francisco de Luis y Juan Fernández Nespral, quienes consideraban que el sector monárquico quería limitar la identidad de La Editorial Católica. No estaban dispuestos a rectificar su posición ni a abandonar su derecho respecto a la propiedad de La Editorial en virtud de una Orden que, según se ha visto, fue redactada para una situación excepcional (20). Martín-Sánchez, Martín Artajo, De Luis y Fernández Nespral creyeron -no sin razón- que la Comisión Gestora se extralimitaba en sus facultades con actos que excedían de la competencia atribuida. Consideraban que se había alterado el carácter de interinidad de la Orden de 7 de noviembre de 1936, que aunque pudo tener algún sentido en la fecha de su publicación (cuando parecía inminente la toma de Madrid) ahora, con cerca de la totalidad de los miembros del legítimo Consejo de Administración en la España nacional, había perdido su justificación. Martín-Sánchez y sus colaboradores interpusieron recurso contra el mantenimiento de la Orden y realizaron numerosas gestiones para lograrlo; fue una batalla continua desde 1937 hasta 1939. Pero mientras duró la Guerra, la Comisión Gestora mantuvo el dominio de los tres periódicos que la Editorial Católica tenía en las provincias de la zona nacional, el Hoy de Badajoz, Ideal de Granada, El Ideal Gallego de La Coruña y, a partir de enero de 1937, la agencia Logos que comenzó a trabajar en aquella zona. La suspensión de El Debate Con la entrada de las tropas de Franco en Madrid en marzo de 1939, se abrió la posibilidad de retornar a la publicación del buque insignia de La Editorial Católica: El Debate. Un grupo de sus antiguos redactores y alumnos de la Escuela de Periodismo dirigidos por Nicolás González Ruiz, consiguieron sacar a la calle un número suelto del periódico fechado el 29 de marzo de 1939 (21). Cuando el número del día siguiente estaba ya preparado, una Orden primero verbal y después escrita, del Ministro de Gobernación Ramón Serrano Suñer -que había consolidado su poder y representaba ahora a una Falange en pleno proceso de apogeo político- prohibió su aparición. Manuel Aznar, jefe provincial de Prensa de Madrid, transmitió la orden de suspensión. La explicación oficial era que ninguna empresa -en referencia a La Editorial Católica- podía publicar mas de dos diarios en la misma ciudad (El Debate/Ya) (22). Pero esta no era la verdadera razón: a El Debate no se le perdonaba su política anterior de defensa -hasta julio de 1936- de la actuación dentro de la legalidad republicana. A consecuencia de ella, "después de haberle matado los vencidos le remataban los vencedores" (23). Desaparecía así el periódico que se había sido un órgano fundamental de la propaganda católica, del catolicismo confesional y aglutinante de quienes intervinieron en la vida pública de la mano de Ángel Herrera. En compensación se autorizó la publicación de Ya, con una significación política menor. El primer ejemplar postbélico aparece el 28 de abril de 1939. Para que no cupiese la menor duda de los motivos reales -y aplicando la Ley de Prensa de 1938 que permitía el nombramiento de los directores de las publicaciones por parte del Gobierno- se imponía el nombre de Juan José Pradera, que había participado al lado de la camarilla monárquica en la lucha por el control de La Editorial, como director. Pero; ¿cuál era la situación respecto a las disputas internas en el seno de La Editorial Católica, propietaria del periódico?. Como se ha visto, la Comisión Gestora mantuvo el dominio de los periódicos que se encontraban en la zona nacional, a pesar de la batalla continuada que Martín-Sánchez, Martín Artajo, De Luis, Fernández Nespral y otros colaboradores mantenían por recuperar la propiedad legítima de La Editorial. La situación cambió con la publicación de la Orden de 23 de junio de 1939, que disponía: Primero.-Las personas jurídicas a quienes a partir de 18 de julio de 1936 se dotó de comisiones gestoras o comités de gerencia por no haber tenido en la zona afecta al Movimiento Nacional sus consejos de administración, gerencias u otros organismos propios que, con arreglo a las leyes o a sus Estatutos, debían regirlas, procederán a constituir estos organismos sociales con arreglo a los respectivos estatutos. Segundo.-Quedan disueltos los expresados comités de gerencias o comisiones gestoras, quienes deberán reunir cuentas de su actuación ante los respectivos consejos de administración u organismos a los que hubiesen venido sustituyendo, los cuales recuperarán todas las facultades o atribuciones que a ellos se confirieron (24). Al publicarse esta Orden, los miembros de Consejo de Administración "legítimo" se constituyeron como tal en los locales de la empresa de la calle Alfonso XI, estimando que en virtud del número 2 de la Orden de 23 de junio de 1939, la Comisión Gestora había cesado automáticamente. Parece que el secretario de la Comisión manifestó que no se consideraba autorizado para hacer entrega de la empresa y que reuniría al comité para recibir órdenes. Algunos miembros de la Comisión realizaron todavía un intento ante el Ministro de Justicia para que dictase una norma aclarando que la Orden de 23 de junio no era de aplicación a la Editorial (25). Esta última maniobra no prosperó y, al fin, el 6 de julio de 1939 en virtud de una Orden fechada en Madrid el 6 de julio de 1939, el Consejo de Administración fue reintegrado en sus funciones: Gobierno Civil de la provincia de Madrid,.Secretaría General.-Sección O.M..-Negociado P.-Número 225. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el número primero de la orden de 23 de junio pasado (B.O. del día 28), sírvase usted personarse el día 6 de los corrientes, a las once horas y treinta de su mañana, en el domicilio de S.A. "Editorial Católica" (Alfonso XI, 4), y proceder a la constitución del Consejo de Administración de la referida sociedad, dando posesión de los cargos a los señores que los ostentaban en julio de 1936, y declarar disuelta la Comisión de Gerencia de la referida sociedad, que se constituyó por la Orden de 7 de noviembre de 1936, a la cual prevendrá que deberán rendir cuentas en su gestión ante el referido Consejo, en cumplimiento de lo que dispone el número segundo de la misma orden (26). Estaba firmada por el Gobernador Civil de Madrid, Luis Alarcón, e iba dirigida al Jefe Nacional de Prensa, Manuel Aznar. El 6 de julio, el propio cardenal Gomá viajó a Madrid para pedir personalmente la devolución de La Editorial Católica a sus legítimos dueños, acción que una vez más viene a confirmar la profunda coherencia existente entre la Jerarquía y la A.C.N. de P.(27). Por Orden del Gobernador Civil de Madrid, el Consejo de Administración de La Editorial Católica anterior a julio de 1936, fue reintegrado en sus funciones. Los accionistas de La Editorial recuperaban su propiedad, pero habrían de sufrir las injerencias de un Gobierno que impuso la obligación de mantener a Juan José Pradera como director de Ya. Pradera manifestó su deseo de seguir los dictámenes de Serrano Suñer, partidario de una filosofía opuesta a la sustentada por los propagandistas; la hostilidad entre la empresa y el director fue inmediata (28). A partir de este momento y durante 13 años nos encontraremos con el caso de un director de periódico que está en contra de su Consejo de Administración. La empresa trató de sustituir a Pradera pero éste siempre contó con apoyos políticos importantes. En 1940 se trató que Pradera fuera sustituido por Jesús Pabón, antiguo director del Correo de Andalucía. El cambio tampoco se consiguió en 1945, cuando Alberto Martín Artajo entro en el Gobierno. En 1949 se hizo un tercer intento de sustitución, contando con que era Director General de Prensa el propagandista Tomás Cerro Corrochano. No se logró. Sólo en 1952 La Editorial podrá nombrar a un director salido de sus propias filas. La Editorial Católica: de las pérdidas a los dividendos Recuperada la empresa, se procedió estatutariamente a la reorganización del Consejo de Administración. Fue elegido como Presidente, Antonio Escudero Toledo. La Editorial se encontraba en mala situación económica; las instalaciones de Madrid habían sufrido graves daños, desaparecieron los materiales para las linotipias, se perdió la documentación relativa a los accionistas.... En noviembre de 1939 se constituyó una oficina encargada de la recuperación de documentos y se pudo llegar a la identificación inicial de cerca de 4.500 accionistas (29). La dificultad para superar la pésima economía de postguerra, se vio agravada por factores específicos de las empresas periodísticas: la imposición de aceptar directores de periódicos nombrados por la Administración y la problemática entorno al suministro de papel prensa. Incidió también en la economía de la empresa la necesidad de hacer frente al pago de las pensiones que se concedieron a favor de las viudas y huérfanos del personal fallecido durante la guerra. La Editorial Católica tuvo que reformar su plan de publicaciones. Además de El Debate, dejaron de publicarse Jeromín, Lecturas para todos y Biblioteca Pax. Una de las principales preocupaciones del Consejo de Administración fue la de "aprovechar al máximo" unas instalaciones y personal que las circunstancias obligaban a reducir. Para ello, se contrató la impresión en los talleres de La Editorial Católica de El Alcázar, La Hoja Oficial del Lunes, Información Jurídica, La Biblioteca Teatral, El Magisterio Español, Redención, Ecclesia y Signo, publicaciones que no pertenecían a la empresa. Además, se iniciaron gestiones para sacar a la calle nuevos periódicos: el 16 de enero de 1940 vio la luz el primer número del semanario Dígame, dirigido por el dibujante y humorista, K-Hito y que desde sus primeros números se convirtió en una actividad rentable (30) y en 1941, La Editorial adquiere la revista Letras, que inicialmente mantuvo sus características primitivas pero que en 1942 se transformó en una revista del hogar. Gracias a todas estas actividades, La Editorial Católica consiguió salir de la situación de marasmo en la que se encontraba tras el final de la Guerra. Parece que ya en el ejercicio de 1 de abril a 31 de diciembre de 1939, obtuvo un beneficio neto de 330.906 pesetas, que destinó a un fondo para amortizar las pérdidas del ejercicio anterior. En los ejercicios siguientes se pudieron comenzar a distribuir dividendos. En el curso de 1940 se obtuvo un beneficio neto de 246.836 pesetas y 419.075, en 1941. En los años siguientes se mantuvo la marcha satisfactoria de la sociedad (31). En 1942 La Editorial Católica había conseguido una situación económica desahogada. Disponía en Madrid del diario Ya, que comenzaba a consolidarse como uno de los de mayor lectura en la España nacional, el semanario Dígame y la revista Letras. En sus talleres se editaba también el Boletín de la A.C.N. de P, el Boletín del C.E.U., Ecclesia, Signo, Revista de Medicina, Hoja del Lunes, el diario El Alcázar y Redención. La Editorial Católica era propietaria de Ideal de Granada, Hoy de Badajoz y tenía una participación importante en la Editorial Celta, propietaria de El Ideal Gallego de La Coruña. Además, tenía su propia agencia de noticias, Logos, con sus dos secciones de Información y Colaboración. En el ejercicio de 1942 se reforzó la participación en los periódicos de provincias y se aumentó la participación en la Editorial Celta (propietaria de El Ideal Gallego) y se adquirió una participación en la sociedad propietaria del Diario Regional de Valladolid (32). En 1943 adquiere una parte de las acciones de la sociedad que editaba La Verdad, de Murcia, que pasó a ser filial de La Editorial. También por esas fechas parece que se llevaron a cabo algunos intentos para que se autorizase la reaparición de El Debate, aunque todos ellos infructuosos (33). En 1943 y del tronco de La Editorial Católica nace también la B.A.C., inspirada por Máximo Cuervo, su director hasta 1970, y José María Sánchez de Muniaín. Según puso de manifiesto Francisco de Luis en la XXIX Asamblea General de la A.C.N. de P, La Editorial Católica daba por vez primera un dividendo a sus acciones; "puedo deciros que en el año 40 por cada peseta que se ha dado de dividendo, se han dado para atenciones al personal 3,40, y el año 41, por cada peseta de dividendo se han dado para atenciones al personal 4´41" (34). Se incluía en esta cantidad un servicio de pensiones, un servicio de economato -cuyos gastos costeaba La Editorial Católica- y un servicio médico. Se pagaban becas en todos los seminarios de las ciudades en los que la Editorial tenía publicación. Como se ve, la labor asistencial que como empresa cristiana desarrolló La Editorial Católica constituye una respuesta material y verdadera a la doctrina social que siempre propugnó. ·- ·-· -··· ·· ·-·· Cristina Barreiro Gordillo |